El 1 de noviembre se llevará a cabo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas.
La audiencia se realiza en el marco del 149º período de sesiones de la CIDH que se desarrolla en Washington D.C., Estados Unidos, y se transmitirá en vivo a través del canal web de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las 3:15 de la tarde.
La audiencia se realizará en la Sala Padilha Vidal del edificio GSB de la OEA, 1889 F St., N.W., Washington, D.C. 20006.
En ella participarán Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia; Pedro Landa, del Centro de Promoción y Desarrollo de Honduras (CEPRODEH) y Nilton Velazco, de la Pastoral Social de Dignidad Humana (Perú).
Asimismo, Alexandra Montgomery, de Justicia Global y de la Red Internacional de los Afectados por la Vale (Brasil) y Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso (Washington, DC).
Las organizaciones expondrán el impacto de la actividad minera en los derechos humanos y destacaran el rol de los Estados de origen de las empresas transnacionales para protegerlos.
Para tal fin se citarán como ejemplo casos de Brasil y Canadá. Cabe mencionar que el 80 por ciento de la actividad minera en América Latina es desarrollada por empresas canadienses.
También se examinará el impacto de la actuación de las empresas mineras en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y México.
Aunque el impacto de las industrias extractivas en los derechos humanos ha sido un tema de preocupación de la CIDH, sería la primera vez que se discuta la responsabilidad de los Estados de origen o “home states” de las empresas por su desempeño en países de la región.
El tema cobra importancia si se considera que los Estados de origen conocen las violaciones por que han sido denunciadas ante sus embajadas, ante instancias estatales en los países respectivos o son de conocimiento público.
Sin embargo, en el caso de Canadá, las violaciones de derechos humanos aún no han incidido para que el Estado exija a las empresas que cumplan con las normas de derechos humanos antes de seguir brindándoles apoyo económico y político.
Los peticionarios consideran además necesario abrir mecanismos efectivos para que las víctimas canalicen sus denuncias en los países de origen de las empresas y tengan acceso a la justicia.
En el caso de Canadá, ni las cortes civiles ni las penales cuentan con mecanismos para responder a los reclamos de las víctimas y algunas acciones tomadas por el Estado, como realizar consultas multisectoriales y mesas redondas, han resultado insuficientes.
Los solicitantes estiman que el sistema interamericano -por su naturaleza- puede jugar un rol clave en el diseño y promoción de estos mecanismos, no solo en los Estados donde estas afectaciones ocurren, sino en aquellos de origen de las empresas.
Otro aspecto que se mencionará en la audiencia es la intervención de representantes del gobierno de Canadá en la elaboración y modificación de leyes nacionales sobre minería y asuntos ambientales en varios de los países analizados.
Esa intervención contrasta con la falta de participación de las comunidades afectadas por la minería en los procesos legislativos referidos a concesiones mineras, situación que amerita una reflexión sobre el alcance ético y legal de esta intervención.
Aunque es un tema con muchas aristas, esta audiencia quiere llamar la atención sobre este aspecto y promover la discusión sobre los alcances y límites tanto legales como éticos de este tipo de intervención.
Brasil: un caso
En el caso de Brasil, se informará a la CIDH casos de violación a los derechos humanos derivados de la actuación de empresas mineras extranjeras en Brasil así como de la actuación de empresas brasileñas en otros países como Argentina, Chile, Colombia y Perú.
La minería brasileña que actúa fuera de este país cuenta con un fuerte apoyo del Estado brasilero mediante una serie de mecanismos jurídico-institucionales y financiamiento públicos, entre los que resalta el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
De las grandes empresas brasileras que actúan fuera de Brasil se mencionará a la empresa Vale y EBX, compañías que han contado con préstamos y financiamiento importante de gobiernos.
El gobierno de Canadá prestó mil millones de dólares a la empresa Vale y el gobierno colombiano donó un millón de dólares para proyectos de la empresa EBX, informó la Fundación para el Debido Proceso.

Leer en: http://servindi.org/actualidad/95533