Flor Goche / Desinformémonos

En México existen 26 mil 580 personas desaparecidas o extraviadas. Así lo comunicó el Estado mexicano a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esta tarde concluyeron su visita in Loco al país.

De conformidad con la estadística oficial, más de la quinta parte del total de personas desaparecidas en territorio mexicano son niños, niñas y adolescentes. Se trata de aproximadamente 6 mil casos de desaparición registrados entre 2007 y 2015.

Las mujeres desaparecidas o extraviadas a partir de 2011 suman 7 mil 60, según las denuncias que se conocen en el fuero común.

Respecto de la desaparición de migrantes, se habla de al menos 662 personas en esta situación. De éstas, 535 son hombres y 127 mujeres. Los menores de 19 años de edad suman, en tanto, 165.

A partir de la información que el gobierno mexicano les brindó, los representantes de la CIDH pudieron constatar que un alto porcentaje de personas desaparecidas viven en pobreza y en extrema pobreza.

Del panorama anterior, la delegación de la CIDH encabezada por su presidenta, Rose Marie Belle Antoine, apunta que “la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos”.

Además de los secuestros a manos de grupos de la delincuencia organizada, a la CIDH preocupan particularmente las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por agentes del Estado o con su participación, aquiescencia o tolerancia.

Las deudas del Estado mexicano

No obstante la magnitud de la problemática de la desaparición de personas en México, a 2012 sólo se reportaban dos sentencias condenatorias por desaparición forzada que, incluso, carecen de firmeza. Asimismo, en agosto de 2015, un miembro de las fuerzas armadas fue condenado en primera instancia por este delito.

Para la CIDH, el tema del acceso a justicia es una de los grandes pendientes en la materia. También la ausencia de un registro oficial que diferencie entre los diferentes tipos de desaparición: desaparición forzada, secuestros, extravíos u otros tipos de ausencia.

Los pendientes no acaban ahí. Se extienden a graves deficiencias en materia de búsqueda, investigación e identificación de restos encontrados. Abarcan también el tema de la tipificación de delito pues no siempre se hace acorde con los estándares internacionales, como es el caso del tipo penal de desaparición forzada contenido en el Código Penal Federal.

A las deudas que el Estado mexicano tiene respecto de las desapariciones ocurridas en el contexto actual de “militarización de la seguridad ciudadana”, se suman las que acarrea desde la Guerra Sucia, estrategia de contención política y social aplicada por el aparato estatal en las décadas de 1970 y 1980.

Desde entonces está pendiente el registro de las víctimas que no fueron incluidas en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto, “con el fin de consolidar un registro de personas desaparecidas en esa época, así como para asegurar una reparación efectiva”.

En las observaciones preliminares de la visita in Loco de la CIDH a México, que inició el 28 de septiembre pasado, se lee: “Los hallazgos de fosas clandestinas y de fosas en cementerios y panteones con decenas de cadáveres en diversas zonas de México han evidenciado que en muchos casos han sido los familiares quienes han tenido que asumir la búsqueda de sus seres queridos, así como múltiples fallas y vacíos en el manejo e identificación de cadáveres, y en la asistencia y protección de los familiares de las víctimas”.