Voces del río

Nelton Rivera

Chocón Machacas: el pueblo q’eqchi y su lucha por la recuperación de la tierra

A la ciudad capital de Guatemala viajaron a finales del mes de marzo una delegación de representantes de varias comunidades q’eqchi del departamento de Izabal, uno de los departamentos del Caribe guatemalteco. Un grupo de hombres y mujeres viajaron más de 300 kilómetros desde su comunidad a la capital, el Congreso de la República fue una de sus citas.

Decidieron hacer una denuncia a nivel nacional, un exministro y empresario con orden de captura fue visto en Izabal, la gente asegura que Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, terrateniente y ex ministro del gobierno de Otto Pérez Molina permanece en sus fincas.

La denuncia no es nueva, hicieron esta misma denuncia en el Ministerio Publico (MP) de ese departamento, pero nada sucedió, para ellos el MP simplemente no atendió la denuncia, se hizo de la vista gorda como se dice comúnmente. ¿Por qué?

Estando en el Congreso la mañana del 31 de marzo, asistieron a una citación hecha por el diputado Leocadio Juracán, varias instituciones estatales fueron citadas para tratar los problemas de tierra en departamentos como Alta Verapaz, Petén, Escuintla e Izabal, Juracán es dirigente campesino y fue electo por un partido de izquierda en el país.

Para los q’eqchis la jornada sería larga, su segunda cita fue con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para denunciar el continuum de agresiones, despojo de tierras y órdenes de desalojo contra el pueblo q’eqchi, especialmente la comunidad de Chavichoch, una de las más afectadas por Sinibaldi.

La gente sabe que Sinibaldi tiene una orden de captura desde el 2016, incluso esta es internacional, pero les llama profundamente la atención que ninguna autoridad lo esté buscando en dos fincas que él posee en Izabal, precisamente en los lugares en donde la gente lo ha visto transitar, las fincas son “Edén” y “Machacas”, el ex ministro se mueve de una a otra, tiene vehículos y un grupo de seguridad.

La CICIG presentó la estructura del Caso Construcción y Corrupción,  el jefe de la estructura es  Sinibaldi, hubo saqueo y lavado de dinero desde el Ministerio de Comunicaciones MICIVI. La CICIG también mostró una gran cantidad de propiedades adquiridas en otros lugares que fueron allanadas por el MP y de continuar el proceso penal podrán ser expropiadas, las fincas en Izabal aun no aparecen dentro de la investigación.

Para el MP y  la CICIG Alejandro Sinibaldi es responsable de por lo menos los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito. “La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: Negocios del MICIVI, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia.”[1] Para los comunitarios q’eqchi Sinibaldi es responsable del despojo de sus tierras.

Ni el MP, ni la CICIG tocan el tema de la apropiación de las tierras de Sinibaldi, Pérez Molina o Lainfiesta en el departamento de Izabal, especialmente las fincas en Chocón Machacas, poco a nada se dice de las comunidades desalojadas por el Estado para facilitar la entrega de la tierra.

A Sinibaldi la gente lo ha visto moverse fuertemente escoltado por un ejército de guardaespaldas entre las dos fincas que posee en Izabal, 16 hombres fuertemente armados lo protegen, prácticamente se mueve con un ejército, fue el testimonio de uno de los comunitarios.

El ex ministro no es el único problema para los q’eqhis, también lo es el ex presidente Otto Pérez Molina, el narcotráfico y otros empresarios que se agenciaron de muchas tierras, ahora están instaladas las empresas de palma africana, minería, hidroeléctricas y de  terratenientes locales. La región es un corredor para el tránsito de la droga.

Izabal es un vasto territorio en donde coinciden los intereses lícitos o ilícitos de grupos económicos, están en juego bienes naturales como el agua, los ríos y la tierra, en medio de todos estos actores, el pueblo q’eqchi en sus comunidades sigue defendiendo lo que le queda y tratando de recuperar lo que les fue despojado.

Continúan las órdenes de desalojo

Para los operadores de justicia en Izabal parece prioritario atender cualquier acción que vaya en contra de las comunidades, los desalojos son frecuentes, las detenciones arbitrarias también, el 6 de febrero 2017 fue detenido de manera ilegal Abelino Chub Caal, de la misma manera actúan los juzgados en Alta Verapaz. Criminalización: Detienen A Abelino Chub Caal, Trabajador De La Fundación Guillermo Toriello

“Ya no queremos más desalojos, queremos evitar de nuevo otro estallido social. Porque ya no se puede soportar tanta agresión en contra de las comunidades, en junio le dispararon desde un helicóptero a la seño Lubia, que logró sobrevivir al ataque. Se denunció el ataque armado y no se ha procedido en contra de Rodrigo Lainfiesta, ¿por qué?, la respuesta es sencilla, el señor fue financista de la campaña electoral de Otto Pérez Molina.

“El Ministerio Público pidió una orden de desalojo hace dos fines de semana atrás, a finales de febrero en contra de la comunidad, ahí no hay “usurpaciones” como ellos y los terratenientes le llaman, ahí lo que hay son comunidades con más de 100 años, por puro abuso de autoridad Pérez Molina se apropió de las tierras de ellos.” Afirmó Ramiro Choc.

“Hay mucha discriminación en la aplicación de la justicia y en todas las dependencias del Estado, ¿cómo es posible que quieren desalojar una comunidad? solo porque Rodrigo Lainfiesta le entregó 50 millones de quetzales para la campaña de Otto Pérez Molina, eso nos lo comentó cuando fuimos a visitarlo a la cárcel.

Otto Pérez nos comentó que Rodrigo Lainfiesta se estaba apoderando de sus bienes, porque él dio 50 millones para la campaña del Partido Patriota (PP), y que por eso él se está presentando en las tierras de Chavichoch como propietario.”[2].

Los comunitarios de Chavichoch fueron a denunciar las acciones de Lainfiesta, quien se presentó en la comunidad diciendo que la tierra no está a su nombre, sino a nombre de su hija que se llama Sandra Isabel Lainfiesta. Los comunitarios investigaron y la tierra ya no está a nombre de nadie, ahora está a nombre de una empresa que se llama NISBAL SA, precisamente Lainfiesta alega ser el dueño de la finca Santa Isabel de Otto Pérez Molina.

Los intereses de los narco finqueros y personajes como Otto Pérez, Sinibaldi, Lainfiesta y otros, hacen que el MP promueva los desalojos de los comunitarios, también en esa estrategia se implica al Consejo de Áreas Protegidas (Conap), institución que no realiza ninguna acción en zonas del Biotopo Choco Machacas que están siendo deforestadas para la palma africana.

“Pedimos la destitución de las autoridades del MP en Izabal, la PDH ha sido neutral y han colaborado con las comunidades para investigar esos atropellos. El grave error que tiene el MP es que siempre cree en lo que le dicen los terratenientes y contrario a eso, no escucha ni atiende las necesidades y denuncias de las comunidades.” Ramiro Choc.

Los comunitarios ven con preocupación la persecución y los desalojos de las comunidades q’eqchi, pero en contraste, el Conap no toma medidas en las tierras ocupadas por las familia Campero yBotrán, las familias de los diputados y exdiputados que están a la orilla del mar y en el Parque Nacional Río Dulce.

“Cuando ustedes hablan de comunidades dentro de las áreas protegidas no se dan cuenta que esto es al revés, son las áreas protegidas dentro de las comunidades, las comunidades están mucho antes que ustedes.

“Fui preso político por denunciar, por acompañar las comunidades, por proteger los derechos de los campesinos, por abrir la boca, por denunciar el despojo de las tierras y todo se sigue repitiendo.  Por eso pido la libertad del compañero Abelino Chub Caal, ahora preso político por defender la tierra en Izabal.” Ramiro Choc.

* Chocón Machacas es una reserva natural y área protegida en el departamento de Izabal, es una de las regiones boscosas de Livingston que está en peligro por la tala inmoderada de bosque para el ganado, la Palma Africana y otras actividades industriales impulsadas por la expansión de finqueros y terratenientes que han ido ocupando grandes extensiones de tierra.

[1] CICIG. Comunicado de prensa No. 047 Caso Corrupción y Construcción. 14 de julio 2017. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=815&cntnt01returnid=67

[2] Intervención de Ramiro Choc en la Casa Larrazábal en el Congreso de la Republica. Marzo 2017.

Una Respuesta a “Si para construir esa paz hay que ofrendar la vida, vamos a seguir ofrendando la vida”

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