Chilapa agua color de chile, agua achilada o río rojo en náhuatl, hoy se tiñe por la sangre que la impunidad y la extrema violencia arrastran. Aquella ciudad que durante la Guerra de Independencia fue una de las plazas más codiciadas, tanto por insurgentes, como realistas, hoy se disputa entre grupos de la delincuencia organizada, en medio de  retenes del ejército que son un testimonio vivo de la omisión, inoperancia y colusión de las autoridades.

Chilapa, cuyos habitantes originarios bajaron del cerro Chilapantépetl, un lugar de esta Montaña sagrada donde habitan los caballeros tigre que descienden de los cerros más altos para pelear ritualmente en el día de la Santa Cruz para que caiga la lluvia.

En 1811 José María Morelos y Pavón la tomó como plaza principal por ser una región estratégica. En 1822 quedó al mando del general Vicente Guerrero, luego de consumarse la independencia. Estos grandes héroes de la independencia fueron testigos de la grandeza de sus habitantes por su determinación para alcanzar justicia y libertad.

Hoy, en ella se consume la vida de sus pobladores y de todo aquel “que pase por ahí”, como asegura el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez. La ciudad náhuatl,conocida históricamente por su tianguis dominical, por el pan de dulce y por su comida típica que ha trascendido las fronteras nacionales.

Lo más sublime son las manos artesanales de mujeres y hombres del campo cuya sabiduría se expresa en la multiplicidad de productos artesanales que por su colorido y formas originales son verdaderas obras de arte.

Chilapa ciudad levítica, que ha heredado las enseñanzas de la primera evangelización de los Agustinos y cuya identidad se expresa en sus fiestas patronales. Hoy es reconocida como un foco rojo en donde la gente que trabaja en el campo –y cuya sabiduría se expresa en sus famosas artesanías de palma– hoy esta gente sabia, es víctima de la delincuencia y de cuerpos policiales que trabajan para dos amos.

“Salimos en la televisión por las cosas malas. Por las cosas buenas que hacemos, poco salimos (…)”, expresó resignado el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, cuyo gobierno reconoció también que tan sólo en Chilapa 22 personas han sido asesinadas en los apenas 35 días de este 2018. Sin embargo, organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” (Centro Morelos) ha registrado en este año 33 asesinatos (seis de ellos contra maestros) en los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala. Muchos de los casos son documentados hemerográficamente, mientras la mayoría de ellos son informados al Centro Morelos por las propias víctimas o sus familiares. De estos poco se sabe en los medios, y muchos menos son atendidos por las autoridades estatales. La población no confía en las autoridades y sabe que si denuncia puede perder la vida, por eso la fatalidad parece atraparlos en este laberinto de la violencia.

El horror

El martes 30 de enero siete cuerpos descuartizados aparecieron cerca del río Ajolotero en bolsas de plástico, cinco de ellos de artesanos indígenas del estado de Veracruz y un matrimonio, cuya hija fue posteriormente encontrada decapitada en las inmediaciones de Chilapa, como se hizo público este domingo 4 de febrero.

Ante este escenario atroz, el fiscal de Guerrero, Javier Olea, en lugar de abocarse a realizar un trabajo exhaustivo en la investigación de estos casos, prefiere atajar la indignación ciudadana haciendo señalamientos sobre la responsabilidad de estos crímenes a los grupos delincuenciales que disputan esta plaza, sin que haya resultados posteriores sobre los verdaderos autores de estos hechos deleznables.

Si bien en noviembre de 2017 la Secretaría de Gobernación aseguró que Chilapa es “un caso extremo y un desafío a la inseguridad”, hasta la fecha las estrategias implementadas en esta materia se reducen a la militarización y al incremento de elementos de seguridad pública por lo que la violencia prevalece, se agudiza e incrementa. Dichas estrategias no funcionan. A pesar de la militarización, la gente se siente sola e indefensa, y si bien estos cuerpos de seguridad están presentes en la cabecera municipal y en las comunidades, no hay ningún resultado tangible. Lo que más agravia a la población es que las autoridades se reduzcan solamente a contabilizar el número de muertos y a mantener intocada la estructura delincuencial que impera en este municipio como un poder fáctico.

Recientemente se anunció que a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Guerrero recibirá este año 293.08 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, los recursos se destinarán a “la certificación y capacitación de la Policía Estatal, Municipal y Ministerial, así como al mejoramiento de la infraestructura para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, los sistemas de video vigilancia y de los C-4, entre otros programas con prioridad nacional”. Lo preocupante sigue siendo la falta de una estrategia efectiva para uno de los municipios más violentos del país y donde la gente no ha experimentado que esta estrategia bélica se traduzca en una verdadera solución a su clamor de justicia y paz. Sobresale entre las autoridades el empecinamiento de mantener un modelo de seguridad fallido y su autismo para no escuchar las voces que provienen de la sociedad civil.

“Hay muchos retenes en los barrios y colonias, algo aparatoso que se incrementa después de que ocurren las cosas, a pesar de que Chilapa no es una ciudad muy grande, la criminalidad incrementa. Es posible el diálogo e identificar los focos rojos con una estrategia ciudadana pero las autoridades no nos toman en cuenta. Desde el 20 de septiembre teníamos una audiencia con el gobernador, misma que fue cancelada por el sismo, desde ese entonces a la fecha, nos han citado pero la audiencia se cancela. Ahí se manifiesta el desinterés del gobierno estatal y su falta de voluntad política para reunirse con la sociedad civil”, afirma Manuel Olivares, director del Centro Morelos, cuando se le pregunta sobre los recientes hechos ocurridos en Chilapa.

Los cerros Tezquitzin, Payanaltzin (Tizquitzinal) y el cerro azul que cubren la población náhuatl, son testigos de la sangre derramada que salpica la vida cotidiana de sus aproximadamente 31 mil 157 habitantes: 14 mil 542 hombres y 16 mil 615 mujeres, según el censo 2010 del Inegi. Son las mujeres quienes se afectan por doble vía, cuando además de cargar sobre sus hombros el dolor por el asesinato, desaparición o desplazamiento de un ser querido, tienen que volverse el sostén del hogar y el brazo fuerte para sus hijos e hijas. Ante esas afectaciones diferenciadas el gobierno también es omiso.

La problemática en Chilapa y en el estado no se puede reducir cobardemente a “la disputa entre las bandas” y a la “fragmentación de los grupos delictivos”. Tampoco a incrementar el número de policías cuando las corporaciones no se han depurado, ni se ha sancionado a quienes actúan en contubernio con intereses delincuenciales que causan graves daños a la población que vive de su trabajo en el campo y en sus pequeñas actividades comerciales.

Es irresponsable asumir posturas cómodas cuando los cuerpos aparecen quemados, descuartizados, decapitados, irreconocibles. Es necesario que las propias autoridades reconozcan sus incapacidades y en todo caso, asuman las acciones para poder resolverlas, sin que la respuesta sea la criminalización o la inacción para dejar que se siga matando a la gente guerrera de Chilapa.

En medio del dolor y la indiferencia ante el valor de la vida humana, del agua achilada ha surgido la organización y el digno movimiento de las familias indígenas, que a través de Colectivos como ¡Siempre Vivos! claman auxilio en la búsqueda de justicia para sus familiares asesinados o desaparecidos. En este caminar, la compañía de defensoras y defensores de derechos humanos, así como de actores fundamentales como el obispo Salvador Rangel Mendoza de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, quien da voz y visibilidad ha estos hechos cruentos, es imprescindible.

Hoy más que nunca, la firme decisión de dignificar la vida de sus hijas e hijos y encontrar justicia, es el punto de encuentro para quienes luchan contra corriente, frente a este río ensangrentado que cada día nos ahoga y nos hace sucumbir ante el mar de impunidad y corrupción de las autoridades de Guerrero.

*Texto publicado originalmente en el periódico El Sur de Guerrero.