“Existen señales de que el gobierno no tiene voluntad política para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes en Iguala”, advirtieron los familiares de los 43 durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una de estas señales, indicaron, es la descalificación al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, quien emitió un informe sobre los presuntos actos de tortura que sufrieron más de 30 personas acusadas por el caso Iguala, sin que esos señalamientos fueran concluyentes.

“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, advirtió don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.

La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del Gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados -proporcionados por la DEA- con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial.

El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.

Por otro lado, el comisionado enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y señaló que se debe prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU. La comisionada Flávia Piovesan agregó sus dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura y destacó la pericia de la ONU en estos temas.

Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.

Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la media noche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos. Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa, especificaron.

Por último, se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas y que el Gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.

Doña Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.