Ciudad de México | Desinformémonos. El Protocolo se deriva de un acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y manifiesta que “habrá cero tolerancia a estos actos”.

Afirmaron que dicho protocolo de atención está apegado a estándares internacionales y se señala que toda manifestación de violencia de género es contraria a la legislación universitaria y serán sancionados “conforme a la normatividad existente” advirtieron.

Informaron que las quejas podrán atenderse mediante procedimientos formales o alternativos, como la mediación y que crearán perfiles de “orientadoras” que de manera voluntaria colaborarán en la estrategia contra la violencia de género y recibirán capacitación sobre igualdad, no discriminación y legislación universitaria.

El protocolo indica que la Universidad conocerá de actos de violencia de género ocurridos en sus instalaciones o en otros espacios, “siempre y cuando intervengan integrantes de su comunidad”, detallan y cuyas acciones “vulneren la normatividad, el orden, la disciplina, los principios o valores de los universitarios”.

Las denuncias podrán presentarse dentro de los 12 meses posteriores al acto reclamado, y cuando se trate de acciones que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de menores de edad, no habrá plazo límite.

Sobre las quejas, explicaron mediante el boletín informativo UNAM-DGCS-581, que podrán ser expuestas por las propias víctimas o terceras personas que tengan conocimiento de los actos de violencia. Cuando la víctima sea menor de edad, se deberá dar aviso al “padre, madre, tutor o a la autoridad correspondiente” abundaron.

Sobre la figura “mediadora” aclararon que se aplicará su apoyo de acuerdo a la naturaleza de los casos, como un “mecanismo alternativo”, y que podrá ser de carácter “formal–disciplinario”, dicen, cuando se trata de alumnas, alumnos y personal académico; de investigación administrativa para el personal sindicalizado, y aviso de sanción para personal de confianza.

Expusieron que se podrá optar por esta figura de “mediación”, cuando las quejas involucren “aproximaciones sexuales entre personas desconocidas y/o menores de edad”, y si se han presentado problemas similares anteriores con el presunto infractor, si hay la posibilidad de que se repitan, o se trate de delitos que se persigan de oficio.

Así mismo, informaron que se plantea la creación de la figura de “personas orientadoras”, quienes serán integrantes de la propia comunidad que colaborarán voluntariamente en la estrategia contra la violencia de género y recibirán capacitación periódica en esta materia, de no discriminación y legislación universitaria, entre otras.

En la investigación, afirman que para la atención de los casos se aplicarán los “principios establecidos en el Manual de Buenas Prácticas para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral y el Acoso Sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, por ejemplo, valorar “preponderantemente el dicho de la víctima o evaluar la existencia de relaciones de poder”, entre otros.

Además, aseguran que se considera la implementación de medidas urgentes de protección previas al desarrollo del procedimiento, a fin, dicen, “de evitar el daño o violación a la integridad física o psíquica de la persona en situación de violencia de género”. Se contempla también que la UNAM dé asesoría y acompañamiento a la persona afectada para levantar una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público en caso de que el acto pudiese constituir un delito.

El documento fue firmado por el rector Enrique Graue y puede ser consultado en: www.igualdaddegenero.unam.mx