Ciudad de México | Desinformémonos. Por lo menos 618 niños son hijos de madres privadas de su libertad que viven en los centros de reclusión en el país, pero las condiciones en esos lugares no son óptimos para su desarrollo pues hay insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna, deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar, así como en la alimentación, entre otras características, identificó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un informe.

“Los datos obtenidos en el momento de las visitas reportaron la existencia de 618 niños, encontrando que la población infantil en los Centros ha aumentado de manera progresiva, de tal forma que casi se ha duplicado en los últimos 4 años”, señala el organismo.

De acuerdo con los datos recopilados por la Comisión, de los 379 centros penitenciarios que existen en México, únicamente 16 son exclusivos para albergar población femenina (15 estatales y 1 federal) y 198 considerados mixtos, por lo que en 214 centros del país se albergan mujeres.

La población penitenciaria del país en el momento de realizarse el informe ascendía a 230 mil 519 personas internas, de las cuales 12 mil 4 son mujeres, lo que coloca a la Ciudad de México y los estados de Baja California y de México como las entidades federativas que concentran el 33 por ciento de esta población. No obstante, se ha observado una tendencia de crecimiento de la población femenil de entre 4 y 5 por ciento del gran total, aseguró la CNDH.

Ante esto, el organismo nacional pidió un programa nacional donde exista una planeación presupuestal multianual para contar con instalaciones exclusivas para mujeres, mínimo un centro por entidad federativa, con espacios adecuados a sus necesidades de género, así como que se implementen las medidas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres y que los establecimientos tengan personal médico y técnico especializado para la atención materno-infantil.

Por otro lado, marcó la necesidad de fortalecer la infraestructura con adecuaciones presupuestarias para garantizar la seguridad y estancia digna de las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad.