¿Está enterada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) del maltrato cotidiano que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ocasiona a las personas que, conforme a la ley, tiene la obligación de proteger?

¿Avala la primera mandataria la revictimización de miles de personas que han sufrido la desaparición de algún ser querido?

¿Sabe la presidenta que ante el retraso sistemático de las resoluciones que debe emitir el Comité Evaluador y la falta de cumplimiento en los pagos de reparación del daño, apoyos para alimentación, alojamiento y traslado, las víctimas han tenido que promover miles de juicios de amparo solicitando que sean respetados y garantizados sus derechos? ¿También es del conocimiento de la primera mandataria, que aún y cuando las víctimas han obtenido una sentencia favorable, la CEAV sistemáticamente desacata el cumplimiento de las mismas?

¿Considera la titular del ejecutivo federal que es legal y moralmente ético que la CEAV postergue indefinidamente la entrega de los recursos económicos que por ley y/o mandato judicial les corresponden a las víctimas?

Todo indica que la actuación de la Comisionada del Órgano Descentralizado cuenta con el aval de la titular del Ejecutivo, dado el nivel de prepotencia administrativa con la que actúa.

Sería absurdo pensar que la Presidenta no esté enterada de que la CEAV, se ha convertido en un esperpento burocrático, una institución grotesca que en los últimos dos años se ha dedicado a revictimizar y denostar a las personas cuyos derechos tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar. Un organismo presidido por una Comisionada que no ha tenido reparos en manipular la información sobre las funciones que desarrolla la institución a su cargo.

Van algunos ejemplos como el de la última actualización del Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2025 – 2030.- Avance y Resultados 2025-2026 (https://bit.ly/3UpFtKi). En el apartado correspondiente al resumen ejecutivo (pags. 5 y 6) se expone que “…Los resultados presentados durante el periodo comprendido entre la publicación del Programa Institucional 2025-2030 y el 30 de junio de 2026 reflejan un avance sostenido en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El registro de más de 20 mil víctimas en el Registro Nacional, el otorgamiento de más de 61 mil medidas de ayuda por un monto superior a los 678 millones de pesos, y de 9,420 servicios de orientación y representación legal dan cuenta de una operación institucional robusta orientada a garantizar los derechos de las víctimas desde un enfoque diferencial y especializado.”

En su avance de resultados, la CEAV afirma que entre la publicación del Programa Institucional de la CEAV 2025- 2030 realizada el 28 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026, el organismo de forma sostenida avanzó “en el cumplimiento del Programa Institucional”. En su afán de vanagloriarse, el organismo presume que durante ese lapso de tiempo “el Registro Nacional de Víctimas (REVAVI) inscribió a 20,181 víctimas (2,829 del ámbito federal y 17,352 del local), a partir de 13, 438 solicitudes recibidas —de las cuales se atendió el 100%— y además inscribió 6,743 solicitudes provenientes de periodos anteriores.”

Su pretensión de lucimiento lleva a la CEAV a expresar que “A través de resoluciones colectivas mensuales del Comité Interdisciplinario Evaluador se benefició a cerca de 5 mil víctimas cada mes, con un monto promedio mensual de 51.4 millones de pesos.”

La información relativa a la inscripción del 100% de las víctimas en el RENAVI y la cantidad de resoluciones dictadas por el Comité Evaluados, es una verdad a medias, ya que un porcentaje considerable de esas decisiones han sido emitidas en cumplimiento de sentencias dictadas en juicios de amparo indirecto, es decir, en un primer momento la CEAV había declarado improcedente la inscripción de las víctimas en el RENAVI y/o dolosamente había retrasado la emisión de las resoluciones del Comité Evaluador. Esto último queda corroborado con la información proporcionada por la CEAV, al afirmar que “la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) representó legalmente a la CEAV en 3,163 juicios (98% fueron de amparo)” (pag. 13).

El reconocimiento expreso de la CEAV de que en el lapso de 10 meses (28 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026), como autoridad responsable enfrentó poco más de 3000 juicios de amparo, es un claro ejemplo de que miles de víctimas han impugnado las decisiones de la CEAV. Mañosamente el organismo ocultó la cantidad de juicios de amparo en los cuales los jueces federales concedieron la razón a las víctimas.

Las consideraciones que antes se han expresado, generan otra interrogante: ¿Jugar con la necesidad económica de las víctimas al negarles o retrasarles el apoyo que legalmente les corresponde, es propio de un gobierno que enarbola la política social como eje rector?

Es claro que el desprecio por las víctimas que ha mostrado la CEAV pone en tela de juicio “el humanismo mexicano” que postula el gobierno encabezado por la presidenta CSP, reduciéndolo a una entelequia al tiempo que nulifica la dignidad de las personas. La dignidad constituye el núcleo central de los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Al cumplirse el primer año del nuevo pleno de la SCJN es claro que el desconocimiento del quehacer judicial no se puede atribuir a la “curva de aprendizaje” sino a su deficiente formación jurídica.

El ejemplo más claro, es el de la ministra María Estela Ríos González, cuyas opiniones y criterios regresivos que ha expresado en las sesiones públicas del Pleno, al compararse con las que en su tiempo sostuvieron los ministros Margarita Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano hacen ver a estos últimos, como progresistas.

Un diferencia notable entre la ministra María Estela Ríos González y los dos ex ministros, consiste en que Luna Ramos es una experta en la jurisprudencia y Aguirre Anguiano era un conocedor del derecho administrativo. Ambos además, nunca negaron su filiación conservadora. La postura de Salvador Aguirre era claramente reaccionaria; en este sentido, los dos ex ministros fueron consecuentes con sus ideas y sus acciones.

En el caso de la Ministra Ríos González, existe una clara incongruencia entre sus promesas de campaña y la postura asumida en el Pleno, aunado a que sus deficiencias en el conocimiento del derecho cada vez se hacen más evidentes. Por el bien de los justiciables, esperemos que la ministra corrija su falta de conocimientos jurídicos.