Ante la sentencia del Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal para que la Procuraduría General de la República (PGR) realice una serie de diligencias con las que esclarezca la matanza de Tlatlaya, en la que 22 personas fueron asesinadas y de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló que el caso “es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior”, que otorgaría la facultad al ejército de intervenir en asuntos de seguridad pública.

La sentencia, emitida el pasado 25 de mayo, determinó que la PGR “no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya y, en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González, ordenó a la dependencia federal realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”, explicó el Centro Prodh.

La matanza sucedió el 30 de junio de 2014, cuando 22 personas fueron asesinadas en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, como resultado de un enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del Ejército pertenecientes al 102 Batallón de Infantería, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Sin embargo, el testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables”, agregó el Centro.

De acuerdo con el juez que emitió la sentencia, no se llevaron a cabo diversas las diligencias anteriormente ordenadas y algunas de las que sí se realizaron “no son pertinentes ni idóneas”, así como tampoco se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las propias declaraciones de los militares involucrados ni se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal.

El Centro Prodh recordó que la guerra contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, “ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México”, por lo que calificó de “indispensable” hacer un cambio del paradigma de seguridad y procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México.