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Ciudad de México | Desinformémonos. Un total de 82 mil 706 personas privadas de su libertad en México no cuentan con una sentencia que acredite su inocencia o su culpabilidad, lo que se acentúa en el caso de las mujeres, pues 48.14 por ciento está en prisión preventiva, señaló el equipo de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL).
“Gran parte de las personas que han sufrido abuso de prisión preventiva lo han hecho a causa de la dilación de las Salas Penales y los Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios, que llegan a tardar años en emitir sus resoluciones y con ello retrasan los procesos”, lo cual constituye una violación a los derechos del imputado, en particular el de presunción de inocencia, acusa la organización no gubernamental.
Como ejemplo, señalaron los casos de Cecilia, Dolores y Marisol, mujeres víctimas de abuso de prisión preventiva. En el caso de Cecilia, mujer oaxaqueña privada de su libertad desde agosto de 2014 al ser acusada de la presunta comisión del delito de homicidio, el Séptimo Juzgado de Distrito de Oaxaca tardó un año seis meses y 23 días en dictar su resolución sobre un recurso presentado en contra del auto de vinculación a proceso.
En el caso de Dolores, también una mujer oaxaqueña, que el 15 de marzo fue absuelta del delito de privación ilegal de la libertad, el Tribunal Colegiado de Circuito tardó un año ocho meses en resolver sobre un recurso en contra de la prisión preventiva. En el recurso, se argumentaba el estado de embarazo de Dolores. “Esta dilación es en particular irrisoria pues el Tribunal tardó más de un año en resolver si Dolores estaba o no embarazada y si se le debía tener en prisión preventiva o no”, señala ASILEGAL.
Otro ejemplo es el de Marisol, una mujer originaria de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, quien permaneció alrededor de 5 meses en estado de aislamiento en un Centro de Reinserción Social varonil, quien no tuvo defensor hasta cinco meses después de su detención y a quien le fueron arrebatados sus cuatro hijos sin informarle en dónde y con quienes se iban a quedar. Marisol se encuentra bajo proceso desde junio de 2016 acusada por la presunta comisión de feminicidio. En su caso, el juicio lleva suspendido de enero a la fecha en espera de que el Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca resuelva un amparo.
Frente a esto, la organización recordó que la prisión preventiva es una medida cautelar que debe aplicarse de manera excepcional y que su objetivo es garantizar que el procedimiento penal se desarrolle y se garantice el acceso a la justicia. De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta medida no debe exceder de dos años salvo cuando su prolongación se deba al ejercicio de defensa del imputado o imputada.
