Defensoras de derechos humanos de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua manifiestan su indignación por la campaña de difamación y desprestigio que pesa sobre Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con el Estado mexicano y las víctimas, para supervisar el caso Ayotzinapa.

Las calumnias y difamaciones hacia las expertas internacionales, que datan de las últimas semanas, son propagadas a través de declaraciones en medios de comunicación, conferencias en universidades y redes sociales.  Éstas buscan deslegitimar la labor de las reconocidas abogadas.

“De manera particular nos preocupa que la campaña de difamación ha sido dirigida a las expertas mujeres, tratando de denostar su ética profesional y desacreditar su calidad moral, evidenciando una clara discriminación en razón de género, al intentar poner en entredicho su labor, cuestionar su capacidad profesional y congruencia ética”, se lee en un pronunciamiento signado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Frente a este panorama, las 169 defensoras que integran la Iniciativa exigen: el cese de la campaña de difamación y desprestigio contra las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz; garantías de seguridad para estas dos mujeres y, en general, para quienes integran el GIEI y, así, puedan continuar su labor sin obstáculos; y que el gobierno federal presente avances sustanciales relativos a la investigación de la desaparición forzada de 43 normalistas rurales y que, en tanto esto no ocurra, se permita a los expertos designados por la CIDH continuar con sus investigaciones.

“Las defensoras mesoamericanas respaldamos la labor, profesionalismo y compromiso de las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, así como del GIEI en su conjunto. Hacemos un llamado al gobierno federal a reencauzar las energías y esfuerzos en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos y en el acceso a la justicia para ellos y para los tres estudiantes de Ayotzinapa y demás personas ejecutadas extrajudicialmente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, hechos que hasta la fecha se mantienen impunes”.