Ciudad de México | Desinformémonos. Sesenta y dos familias buscan a uno o más de sus familiares desaparecidos en Michoacán. La mayoría son originarios de colonias populares de Morelia, Uruapan, Caleta de Campo, Lázaro Cárdenas, Sahuayo o Zamora. A la fecha han registrado 286 casos de desapariciones forzadas, “ante los cuales prevalece la falta de voluntad política para conocer la verdad”, afirma a Desinformémonos Janahuy Paredes Lachino, hija de Francisco Paredes Ruíz, luchador social detenido y posteriormente desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Morelia, Michoacán.

“Esa tarde mi padre llamó a mi abuelo y a mi tío para decirles que lo estaban siguiendo y que si algo malo pasara nos cuidaran a mi y a mis dos hermanos. Eso fue lo último que supimos de él. Mas tarde encontramos su camioneta sobre la carretera que va hacia Salamanca. Todavía estaba encendida pero ya tenía la batería baja. A doscientos metros estaba un destacamento militar”, recuerda Paredes Lachino, quien en ese entonces tenía 23 años.

A pesar de los llamados de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU, Janahuy Paredes y sus hermanos, no tan tenido respuestas efectivas por parte de las autoridades estatales ni federales. “Han pasado tres gobernadores, quienes incluso niegan la existencia de familiares de personas víctimas de desaparición forzada en Michoacán. La única respuesta de las autoridades es confrontación, hostigamiento y acoso”, asegura.

Los hermanos Paredes Lachino forman parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADEM), colectivo conformado con familiares que buscan a personas desaparecidas tanto en Michoacán como en Veracruz y Guerrero, todos originarios de Michoacán.

“La situación que vivimos como familia, la viven las otras familias también, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha querido reunirse con nosotros a pesar de los pliegos petitorios que hemos presentado y del nulo avance en las investigaciones. No hay un protocolo de búsqueda para personas desaparecidas, las respuestas que nos dan son absurdas y las líneas de investigación que pedimos no son incluidas en la investigación. Las acciones mínimas de geolocalización en la última llamada que mi padre realizó, por ejemplo, no fueron efectuadas, simplemente dieron de baja y proporcionaron el número a otra persona”, dijo Janahuy Paredes a Desinformémonos.

Francisco Paredes Ruíz, es integrante de la Fundación Diego Lucero, organización de derechos humanos que denuncia y visibiliza la desaparición de personas en los años 70, acompaña casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde ese entonces denuncia las desapariciones forzadas en el estado de Michoacán.

«En estos años los casos de desaparición forzada aumentaron terriblemente, por eso se creó el Comité. La negación del acceso a la justicia impera, no hay esclarecimiento para las familias y ni si quiera se garantiza seguridad para las y los familiares de personas desaparecidas. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mandó a reserva el caso de mi padre en el que aseguró ‘no hay indicios de desparición forzada’, lo que es otro ejemplo más de la impunidad”, asegura la joven de 32 años.

“Sabemos que la apuesta del gobierno es acallarnos y romper los lazos solidarios pero al contrario, ante la cerrazón y el no saber nada de nuestros familiares, nosotros apostamos a la organización y a apoyarnos entre nosotros mismos para combatir esa impunidad”, concluye.