El Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) denunció la fuerte «escalada represiva en contra de la lucha por la tierra, dominada por los intereses de los empresas agroindustriales asociadas al Estado” de la cual forma parte el allanamiento del 4 de noviembre a la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF)
El mismo día, el MST, supo que la violenta agresión a la ENFF donde ingresó la policía municipal sin orden alguna y detuvo a dos militantes es parte de un operativo llamado “Castra” que criminaliza la lucha de los líderes de los campos en tres estados: Paraná, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul, principalmente a los del campamento Dom Tomás Balduino.
El comunicado, hace énfasis en la lucha pacífica y organizada del MST, para que la reforma agraria avance. “La tierra debe cumplir su función social y debe destinarse al asentamiento de diez mil familias acampadas en Paraná”.
El MST, en el comunicado por los graves hechos ocurridos en la Escuela Florestan Fernandes:
Una vez más el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es víctima de la criminalización por parte del aparato represor del estado de Paraná. La acción violenta, bautizada como “Castra”, se desarrolló el viernes 4 de noviembre, en el estado de Paraná, en Quedas do Iguaçu; Francisco Beltrão y Laranjeiras do Sul; también en São Paulo y Mato Grosso del Sur.
El objetivo de la operación es capturar y criminalizar a los líderes de los campamentos Dom Tomás Balduíno y Herederos de la Lucha por la Tierra, militantes asentados de la región central del Paraná. Hasta el momento fueron apresados seis líderes y están a la caza de otros trabajadores, sobre diversas acusaciones, inclusive la de organización criminal.
Desde mayo de 2014, aproximadamente 3 mil familias acampan en áreas malogradas por la empresa Araupel. Esas áreas fueron ocupadas y por eso, fueron declaradas por la Justicia Federal tierras públicas, pertenecientes a la Unión y que deben ser destinadas al reparto que realiza la Reforma Agraria.
La empresa Araupel, que ha financiado campañas políticas como la del jefe de la Casa Civil de Gobierno Beto Richa y Valdir Rossoni, ha sido un poderoso imperio económico y político mediante la usurpación de tierras públicas, con el uso constante de la violencia contra los trabajadores rurales y ocupantes de la tierra. Su actuación es muchas veces de forma conjunta con el aparato de la policía civil y militar.
El MST enfatiza que esta acción forma parte de un continuo proceso histórico de persecución y violencia que el movimiento viene sufriendo en varios estados. El 7 de abril de 2016, en las tierras ocupadas ilegalmente por la empresa Araupel, las familias organizadas en el Campamento Dom Tomás Balduíno fueron víctimas de una emboscada realizada por la policía militar y por miembros de la seguridad privada contratados por la empresa. En el ataque, donde dispararon más de 120 tiros, ocurrió la ejecución de Vilmar Bordim y Leomar Orback y hubo un gran número heridos de bala. En ese mismo latifundio, en el año 1997, pistoleros de Araupel asesinaron en otra emboscada similar a dos trabajadores del Movimiento Sin Tierra. Ambos casos permanecen aun impunes.
El MST denuncia el aumento de la represión contra la lucha por la tierra y la predominancia de los intereses del negocio agrario asociado a la violencia del Estado de Excepción y ratifica: “Seguiremos luchando por nuestro derecho a la tierra y nos sumamos a los que luchan por la educación, la salud, la vivienda, los derechos humanos y la democracia”.
Luchar, construir la Reforma Agraria Popular.
Curitiba, 4 de noviembre de 2016
