Hace exactamente dos años las fuerzas del orden actuaron contra un grupo de más de mil quinientos marchistas en la localidad de Chaparina, en el departamento del Beni, y hasta el momento es poco lo que la justicia ha hecho por identificar a los que ordenaron el ataque.
Entre los que se movilizaban aquel 25 de setiembre de 2011 se encontraban mujeres, niñas y ancianos, a los que se les cerró el camino varias horas antes para que no accedan a fuentes de agua y verse obligado así a tomar la vía de regreso a sus comunidades.
Todos ellos formaban parte de la VIII Marcha Indígena en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio que aún pretende atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Los hechos de violencia en contra de los manifestantes se iniciaron en horas de la tarde cuando la policía empezó a provocar a los guardias indígenas para luego actuar contra todos los marchistas con el uso de gases lacrimógenos y la violencia cuerpo a cuerpo.
Con el uso de la fuerza lograron controlar a gran parte de ellos, muchos de cuales fueron maniatados con cinta adhesiva, mientras que otros desesperados escapaban al monte con sus hijos. Algunos de ellos llegaron hasta la iglesia de San Borja donde se guarecieron.
Los detenidos durante los enfrentamientos -entre los que se contaban hombres, mujeres y menores de edad- fueron reducidos e introducidos a camionetas de la policía para ser llevados a un aeropuerto cercano y así desarticular la movilización indígena.
Esto último no se logró gracias a la actuación de los indígenas de los municipios de San Borja y Rurrenabaque que acudieron al rescate de los marchistas cuando iban a abordar el avión.
Nadie responde por violencia en Chaparina
Dos años han pasado y muchas preguntas aún no han sido resueltas por el Gobierno. Por aquellas fechas ocupaba el cargo de ministro de Gobierno Sacha Llorenti, sobre el cual se espera que la fiscal adjunta Rosario Venegas se pronuncie para su reinclusión en el caso Chaparina.
Venegas es la encargada de ver el caso luego de que José Ponce pasara de ser miembro de la comisión de fiscales que dejó fuera del caso Chaparina a Llorenti -a través de una resolución del 30 de julio de 2012- al ser designado fiscal de Distrito el 12 de noviembre del mismo año.
Trece días después de que se emitió la resolución que excluye de la investigación a Sacha Llorenti como principal sospechoso de violación a los derechos humanos de los indígenas la decisión fiscal fue objetada por la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aída Camacho.
Su nuevo cargo le impedía a José Ponce pronunciarse sobre esta objeción.
A la fecha, la Fiscalía del Distrito perdió de vista la impugnación que exige la inclusión en el caso de Sacha Llorenti, hoy embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, cargo que asumió 22 días después de que fuera beneficiado por la resolución de los fiscales.
El argumento que esgrime Ponce respecto a la demora en el pronunciamiento de la fiscal Venegas se debe a las demoras por la dificultad de notificar a las aproximadamente 120 víctimas y con el agravante que viven en distintos sectores del Tipnis.
Sin embargo, consultado respecto a cuántas víctimas se notificó, señaló que no tiene los datos.
Según declaraciones de Venegas recogida por Página Siete, ella indicó: “No me entregaron el cuaderno de investigaciones, no me hicieron conocer nada y no sé en qué momento me darán la documentación”.
Para el abogado de las víctimas de la represión, el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, la posición de los fiscales responde a una estrategia dilatoria, maniobrada desde el Gobierno.
Explica así que si el Ministerio Público incluye a Llorenti en el caso Chaparina, los fiscales asignados tendrían problemas políticos.
Fiscales apuntan a que caso no se investigue a fondo
La última muestra de cómo se quiere manipular el tema se vio a inicios de setiembre, cuando la comisión de fiscales del caso Chaparina integrado por Patria Santos y Roger Velásquez – en reemplazo de Ponce-, llamaron a citación a Juan Del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo.
Lo que se buscaba con este llamado era que Del Granado diga de dónde obtuvo el “informe confidencial” del general Edwin Foronda sobre la orden que dio el exministro de gobierno Sacha Llorenti para reprimir a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS.
Este informe fue enviado por Foronda al general Jorge Santiesteban el 28 de septiembre de 2011 y en él se revela que Llorenti dio la orden de intervenir la marcha el 24 de septiembre, un día antes de la violenta represión y con la excusa del supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca.
El llamado a que declare al líder del MSM fue calificado de irregular por Aída Camacho, quien señaló que con esta acción se está tratando, una vez más, de desviar la investigación.
El revelador informe había sido presentado el 14 de agosto por la abogada y el vicepresidente del MSM, Edwin Herrera.
Ante esta situación, el fiscal general del Estado Ramiro Guerrero, durante su visita a la Fiscalía del distrito de La Paz, el martes, aseguró que de manera “inmediata” se solicitará un informe, sobre la anulación de una resolución que excluyó a Sacha Llorenti del proceso investigativo.
Pero el ministro de Gobierno no es el único que se está viendo favorecido por quienes tienen a su cargo la justicia en Bolivia. También el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro Linera.
Así lo sostuvo hoy el Movimiento Sin Miedo al sostener que tanto la Fiscalía del Distrito y el gobierno tienen “indicios claros” sobre los responsables que ordenaron la violenta represión a los indígenas del TIPNIS.
“La orden se dio desde el Gobierno, desde la cabeza; es decir Presidente, Vicepresidente, ministros, y quien ejecutó la orden fue el ex ministro y actual embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti”, dijo la diputada del MSM, y ex aliada del gobernante MAS, Marcela Revollola.
Impunidad se impone
Varios han sido los asambleístas que se han pronunciado con motivo de lo ocurrido el 25 de setiembre. No obstante, lo concreto hasta el momento es que no se ha hecho aún nada significativo por reivindicar los derechos de los indígenas que fueron víctimas de abuso aquel fatídico día.
Por el momento el único imputado que cumple una pena es el general en retiro Óscar Muñoz quien cumple arresto domiciliario hace casi dos años y quien hace algunas semanas declaró que durante la intervención él nunca rompió la cadena mando y que viajó desde La Paz a Chaparina con la única orden de intervenir la marcha.
Como señalan varios medios que recuerdan los sucesos, se podría decir que en el caso Chaparina por segundo año consecutivo la Fiscalía ha logrado evitar el avance de las investigaciones, lo que contrasta con la agilidad con que ha actuado para criminalizar a los dirigentes de la VIII Marcha.
Todo ello sin duda representa un inobjetable triunfo de la impunidad.