La asociación italiana Libera presenta el mapeo de buenas prácticas de reutilización pública y social de bienes incautados a nivel europeo

En 19 estados miembros de la Unión Europea existe una legislación específica sobre el uso de los bienes incautados para fines sociales o de interés público. Más de la mitad de estos países confirmaron tener un organismo institucional específico dedicado a la gestión de los bienes decomisados, lo que permite – como hace la Agencia Nacional que administra estos bienes en Italia – garantizar un procedimiento más eficaz sobre su reutilización con fines públicos y sociales. La mayoría de los 19 estados miembros sólo han experimentado con la reutilización pública de los bienes decomisados, subrayando que se trata de un primer paso para mejorar también la reutilización social (directa o indirecta) de los bienes decomisados en el futuro. Las buenas prácticas de reutilización pública y social de los bienes incautados pertenecen a 7 estados miembros (Bélgica, Bulgaria, España, Rumanía, Francia, Países Bajos y, por supuesto, Italia). En total, hay 13 experiencias de reutilización pública y social en toda la UE, excluyendo las italianas: tres en España, dos en Rumanía, dos en Bulgaria, cuatro en Bélgica, una en Francia y en los Países Bajos. Entre las diferentes prácticas de reutilización incluidas en el mapeo, la característica común es el objetivo de la inclusión, la promoción cooperativa y la economía social, el compromiso de los jóvenes, los servicios a las personas, la regeneración urbana y la sostenibilidad medioambiental.

Libera presenta el primer mapeo de buenas prácticas de reutilización pública y social de bienes confiscados a nivel europeo. La investigación se presentó el pasado martes 12 de octubre en Bruselas en el acto final del proyecto «Good(s) Monitoring, Europe!», co-promovido por Libera y apoyado por la Comisión Europea. El proyecto fue una oportunidad para supervisar el conocimiento de los diferentes enfoques que tienen los estados miembros en la gestión de los bienes incautados. La adopción por parte de la Comisión Europea del informe oficial «Recuperación y decomiso de activos: garantizar que el crimen no pague» en junio de 2020 permitió mejorar el análisis sobre la aplicación del artículo 10.3 de la Directiva 2014/42/UE.

Buenas prácticas

El modelo italiano sobre la reutilización de los bienes incautados a las mafias se está difundiendo por toda Europa, como muestran algunos casos de la investigación de Libera. En Bélgica, los activos incautados generados a través de prácticas corruptas se entregan al Centro Público de Seguridad Social (CPAS) de Bruselas. Durante la década de 1990, dos empresas multinacionales realizaron actos de corrupción para conseguir grandes contratos en ámbito de defensa. Las empresas en cuestión, Agusta y Dassault, sobornaron a varios cargos políticos en 1988 para conseguir, respectivamente, un gran pedido de helicópteros Agusta A109 y el contrato de reacondicionamiento de los cazas belgas F-16 Fighting Falcon. El escándalo salió a la luz durante la investigación de la muerte del político socialista André Cools en 1991 y 1993. En Bulgaria, se incautó en 2010 una propiedad residencial (274 metros cuadrados de superficie construida) en Nessebar (provincia de Burgas), utilizada por un conocido narcotraficante como lavandería pública. En 2016, el Gobernador de la Provincia otorgó al inmueble la condición de propiedad pública estatal, que fue transferida a la Agencia del Registro de la Propiedad para su uso como oficina local. En España, tras las operaciones policiales «Nécora» y «Temple» contra el narcotráfico, se confiscó el chalet Finca El Campell, en la provincia de Alicante. En 2007, para evitar el deterioro del inmueble y asegurar un uso adecuado y beneficioso para la sociedad, de cara a la futura cesión definitiva en la modalidad clásica de delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, se cedió la administración del inmueble a la Generalitat Valenciana. En 2016, el Consejo de Administración del Fondo Especial de Bienes Decomisados aprobó el Plan del Área Municipal de toxicodependencias de Pedreguer. Por ello, se estableció en El Campell la sede del Centro de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, donde se desarrollan actividades de prevención y rehabilitación relacionadas con el consumo de drogas. En Rumanía se incautaron bienes inmuebles a una organización criminal especializada en narcotráfico. En concreto, el tribunal ordenó el amplio decomiso de cuatro propiedades, la casa del jefe y varios coches propiedad de los criminales y adquiridos con los ingresos generados a través de las actividades ilícitas. Ahora una asociación utiliza los inmuebles para proporcionar alojamiento temporal a personas vulnerables o víctimas de delitos. En los Países Bajos, se incautó en Rotterdam el buque La Sila Inua, originalmente asignado para la investigación del Ártico. El barco sólo realizó una expedición al Ártico y se vendió en el mercado. Y luego acabó en manos de criminales, que la utilizaron para el tráfico de drogas. En los registros de navegación se descubrió que el barco había cruzado el océano Atlántico desde Sudamérica hasta Europa y África en más de una ocasión y que en un momento dado fue visto en territorio holandés. La embarcación fue incautada y entregada al Estado. Tras obtener el permiso de las más altas autoridades gubernamentales, se puso en marcha el primer (y único hasta ahora) proyecto de reutilización social. El barco se transformó en buque escuela y fue utilizado por una escuela de Rotterdam especializada en la formación de capitanes y marineros para la navegación comercial. En Francia, la experiencia de reutilización se refiere a un piso en París, en Saint-Honoré, propiedad de Gioacchino Campolo, el rey del video póker. El inmueble formaba parte del ingente patrimonio inmobiliario reconocido de proveniencia ilícita, como resultado de las relaciones sistemáticas mantenidas por Campolo con los grupos criminales italianos De Stefano y Libri. Hecho que había llevado, en 2017, a la Fiscalía de Reggio Calabria (Italia) solicitar a las Autoridades francesas  para que establecieran el decomiso del piso. El decomiso preventivo fue reconocido y el piso cedido en gestión a una asociación, Amica du Nid, que se ocupa de la inclusión social de las mujeres víctimas de la trata.

Las solicitudes

«Este mapeo – comenta Libera – ha recogido por primera vez los diferentes tipos de modalidades en que los estados europeos aplican el artículo 10.3 de la Directiva 2014/42/UE, profundizando un análisis específica del marco jurídico en que cada estado ha incluido la reutilización pública y social de los bienes decomisados en su legislación. Las buenas prácticas demuestran que el camino es correcto, pero aún queda trabajo por hacer. Por esta razón, Libera con la red internacional que ha promovido en la área, CHANCE – Civil Hub Against orgaNised crime in Europe, pide a las instituciones europeas que fortalecen la plataforma AMO (Asset Management Offices), como herramienta fundamental para promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre la gestión de los bienes incautados. Además pedimos que se haga un mayor uso de las medidas de prevención patrimonial, sin esperar la condena definitiva, a través de una directiva específica que incluya la garantía de un juicio correcto y que sea creado un fondo específico para la reutilización de los activos incautados, adoptando las políticas de cohesión (programación 2021-2027), favoreciendo de esta manera la creación de una estrategia europea para el destino público y social de los bienes adquiridos de forma ilícita”.

Fuente: Libera