São Paulo, Brasil. La urgencia pre-electoral hizo que el gobierno federal sacara de los archivos la mayor obra del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC): La Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, en el rio Xingu, en Pará. Para discutir la resistencia al proyecto que afectará a uno de los últimos grandes ríos que todavía no está represado en el país y uno de los principales afluentes de la bacía Amazónica, más de 400 indígenas de 36 pueblos de la amazonia, además de ribereños y gente de movimientos sociales, participaron en el Campamento Tierra Libre (ATL) Regional Amazonia, realizado entre el 09 y el 12 de agosto, en la ciudad de Altamira, Pará.

Dos semanas después del fin del Campamento, el presidente Lula firmó el contrato que autorizó al consorcio Norte Energía que comenzara la obra. Con eso concedió al grupo el derecho a explotar durante 35 años el potencial energético de la planta.

El comportamiento del gobierno que no considera la enorme oposición que existe contra la polémica obra de Belo Monte, ha sido denunciado por los indígenas de Brasil. “El modelo de desarrollo económico, en beneficio de pocos, continúa igual, así como la forma autoritaria de implantación de los grandes proyectos. Belo Monte es un ejemplo claro”, señala la Carta-manifiesto de Altamira, elaborada durante el encuentro.

Para cerrar el evento, durante una marcha que reunió a más de 500 personas, indígenas cargaron un féretro simbolizando el entierro de todos los que hicieron viable el proyecto de Belo Monte. El féretro fue dejado frente al Eletronorte, empresa estatal que es una de las principales responsables de la ejecución de la obra.