México. Los ejidatarios de Bachajón siguen la defensa de su territorio por vías jurídicas y a través del enlace con otros pueblos indígenas, relata su abogado, Ricardo Lagunes. El asesinato de Juan Vázquez, en abril de 2013, no detuvo la lucha de los tzeltales. “La organización no está por el acceso al poder. Por eso no los pueden comprar y destruir tan fácilmente”, valora el abogado.

Uno de los pasos obligados para el centro ecoturístico de Agua Azul es el ejido de Bachajón. Por eso, desde los años setentas la comunidad colocó una caseta para cobrar el paso y obtener algún recurso para la comunidad. Sin embargo, “se crearon intereses y se dividió la comunidad, con dos tipos de autoridades: la oficial y la autónoma, adherente de la  Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, recuerda el abogado.

Las autoridades autónomas decidieron defender su territorio contra el despojo, pero el Estado intervino “generando división y dejando claros los intereses de las grandes empresas”.

El despojo empezó el 2 de febrero del 2011, a partir de un desalojo policiaco. El abogado de los ejidatarios expone que “la resistencia de los pueblos se mantiene con la estrategia jurídica, con la movilización social y el pronunciamiento político”, y denuncia que el gobierno los quiere tachar de grupo desestabilizador.

En el despojo del territorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión de Áreas Protegidas tiene un papel importante. La instancia, relata Lagunes, “modificó de manera ilegal un plano del área de Agua Azul, que originalmente estaba asentado como parte del ejido. Lo demuestra un decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación en 1980, y no corresponde a las coordenadas de la SEMARNAT”.

El abogado informa de que a pesar de las modificaciones del año 1992 a la Constitución –que atacan a la propiedad social de la tierra-, los ejidos son territorios sociales que se utilizan para la defensa contra las grandes empresas privadas. Por eso, detalla, “la violencia es fuerte. El Estado despliega su aparato económico y policial para penetrar a estos pueblos y quererlos administrar”.

“En Bachajón estamos en la lucha jurídica en este momento”, declara Lagunes, defensor de los derechos humanos. “Tenemos un amparo en una segunda instancia de revisión. Le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso”. El abogado señala que quizá en seis meses tendrán una respuesta.

A los ejidatarios los animan los triunfos obtenidos en el plano legal por otros pueblos, como la tribu yaqui y el pueblo wirrárika. “Eso no sólo beneficia a ellos, sino a otros pueblos”, considera el letrado.

El caso también se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por despojo, criminalización y la privación arbitraria de la vida de Juan Vázquez. Los denunciantes consideraron que  “no existen las garantías de preservar la vida de quien defiende el territorio”, alega Lagunes.

El defensor denuncia que el gobierno de Manuel Velasco Coello es una continuidad de la política del exgobernador Juan Sabines, pero, remarca, el asesinato del ejidatario Juan Vázquez Guzmán sí marca un antes y un después. A partir del homicidio, relata, inició una campaña de desprestigio contra los líderes del ejido para desviar la atención del caso.

 Lagunes recuerda que a Juan Vázquez “la gente lo buscaba mucho por sus capacidades y habilidades para relacionarse con el mundo caxlan, defender y traducir las problemáticas de las comunidades indígenas y ponerlas en la mesa de las autoridades”.

En los seis años del gobierno estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), “la represión fue fuerte” declara Lagunes. El gobierno de Juan Sabines manejó “un doble discurso con los derechos humanos. Este gobernador tenía un juego muy perverso de posicionarse mediáticamente como garante y protector de los derechos humanos, pero fueron muchos presos en el 2008 y 2009”. El abogado agrega que “las  instancias de procuración y administración de justicia dejaron ver su parcialidad y falta de independencia en la solución de estos asuntos”.

Diferentes pueblos, la misma estrategia

El abogado de Bachajón señala que las estrategias de despojo son las mismas en todo México.  “Llega el gobierno, divide a las comunidades, compra líderes o ejidatarios, desvirtúa luchas, promueve algún grupo y lo trata con legitimidad, reprime, encarcela y elimina a quien no esté de acuerdo con él”, denuncia el abogado.

Con la muerte de Juan Vázquez, “el gobierno pensó que la gente se debería calmar y punto, ya que era el más visible”. No obstante, los ejidatarios siguieron adelante con su pelea, puntualiza.

“La organización no está por el acceso al poder. Por eso no los pueden comprar y destruir tan fácilmente”, concluye el acompañante de Bachajón.

Publicado el 14 de octubre de 2013