El lunes 15 de agosto, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tuvieron conocimiento de la reunión que sostendrían con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Fue el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas quien se encargó de establecer comunicación con nosotros junto con el Centro Pro, Serapaz y Fundar, como representantes de las madres y padres ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ). La primera fecha que se propuso fue para el miércoles 17, sin embargo, por problemas de agenda se pospuso para el jueves 18 a las 11 horas.
Fueron días de mucho ajetreo por los viajes que realizaron las madres y padres desde sus comunidades a la Normal de Ayotzinapa y por los dos traslados que hicieron a la ciudad de México. En el segundo viaje llegaron en la madrugada del jueves y solo durmieron pocas horas para estar puntuales en la entrada de Palacio Nacional. Además de las penas y enfermedades que se han acumulado a lo largo de 95 meses, cargaron con la incertidumbre y la angustia, sobre el contenido del informe. En el traslado prevaleció el silencio y los diálogos breves debido a la preocupación de no saber qué avances de la investigación presentaría el presidente de la CoVAJ.
En el salón Tesorería, las sillas estaban colocadas en tres grupos. Las del centro eran para las madres, padres y demás familiares. En el lado derecho ubicaron a los 4 expertos y expertas del GIEI, a miembros de la oficina de derechos humanos de la ONU en México, a los representantes legales de Tlachinollan, Centro Pro, Serapaz y Fundar. En el costado izquierdo colocaron a los funcionarios federales que forman parte de la CoVAJ. En el estrado acompañaron en la primera fila al presidente de la República, el secretario de gobernación, el subsecretario de derechos humanos, el secretario de la SEDENA, el secretario de la SEMAR y el Fiscal General de la República. En la segunda fila estuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Seguridad Pública y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
La mampara del fondo anunciaba el motivo de la reunión: Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. El subsecretario Encinas tomó el micrófono y después del saludo formal a los presentes comentó: Antes de hacer público el presente informe, existe el compromiso del gobierno federal de presentar los avances de la investigación sobre el Caso Ayotzinapa. No es un informe conclusivo sino lo que se ha logrado alcanzar hasta el momento. El compromiso es encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Enseguida inició la lectura del informe de 97 páginas.
Un tema que incomodó al Fiscal General Alejandro Gertz Manero fue el caso de Juan Salgado Tenorio. El subsecretario dijo sin cortapisas que la CoVAJ proporcionó información a la Fiscalía sobre la ubicación de Juan Salgado. Alias “el Caderas”, en el municipio de Metepec, estado de México. Era operador de Guerreros Unidos en la zona norte de Guerrero y sur del Estado de México. El 22 de septiembre de 2021, a las 13:31 horas, inició un fallido operativo para su captura que derivó en un enfrentamiento, en el que se registraron diversas irregularidades, falta de planeación, personal no acreditado y un uso desmedido de fuerza, donde una vez sometido, Salgado Guzmán fue ejecutado.
Fue impactante la información que el subsecretario Encinas proporcionó con respecto a Julio César López Patolzin. La Sedena contaba con un elemento infiltrado en la Normal. El soldado julio César causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo. Las actividades que realizaba, desde el 2012 en la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, consistía en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la Normal. Su mando inmediato era el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, a quien reportaba directamente.
Julio César fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y que su superior jerárquico estaba al tanto de lo que sucedía, éste no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece “el Protocolo para militares desaparecidos”. El secretario de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, se mantuvo impávido, con la mirada fija en la pantalla que tenían enfrente. Don Rafael López, papá de Julio César escuchaba con mucho dolor el comentario del subsecretario, de que los militares hayan abandonado a su hijo como pasó con los 42 estudiantes.
Sobre la narrativa de los hechos, el informe estructuró la narrativa de los acontecimientos, a partir del análisis de la reconstrucción de los hechos, de la red de telefonía y mensajes, así como de la red de vínculos entre el grupo delictivo y las autoridades. Divide en 4 momentos estos trágicos episodios: 1) La salida de los estudia tes de la Normal a Chilpancingo, Tierra Colorada y la decisión de ir a Iguala; 2) el traslado y la llegada a Iguala, Rancho del cura y la central de autobuses; 3) La salida de la central de autobuses e inicio de la violencia y 4) La desaparición de los estudiantes. A lo largo de estas páginas hay mucha información que se mantiene bajo reserva por las investigaciones que están en curso y por los datos sensibles que se manejan. Lo que se aprecia es que hay un seguimiento puntual de todo lo que enfrentan los estudiantes. Utilizan otras fuentes de información, como capturas de pantalla, que dan cuenta de qué personajes intervienen y las órdenes que dan. Entre ellos se encuentran el Gil, el Negro, el Tilo, el Chino, el Pato, el Chuky, el Cholo, el Chango, la Gorda, el Duvalín, el Tony, el Pollo, el Cuca, el Feo, el Wasako, memo, el Moreno y el H1.
Tomando en cuenta la información que recabaron el subsecretario Alejandro Encinas, afirma categórico que la verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en el que participaron en su implementación: el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado de despacho de la SEIDO Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez y el director de la AIC, Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del gobierno federal. También señala a los enlaces operativos para desarrollar la investigación. De la SEMAR el Almirante Marco Antonio Ortega; el titular de la unidad de inteligencia naval el almirante Eduardo Redondeo Arámburo. Por parte del CISEN José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la policía federal, el comisario Omar García Harfuch y el comisionado nacional de seguridad Manelich Castilla; el Comandante de la zona militar de Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta. Por parte del gobierno de Guerrero señalan al gobernador Ángel Aguirre Rivero; el procurador general de justicia de Guerrero Iñaki Blanco, el secretario de seguridad pública Leonardo Vázquez Pérez y Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de proyectos estratégicos.
Una de las conclusiones más contundentes por las repercusiones jurídicas y políticas es la primera que enuncia el subsecretario Encinas; La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Por último recomienda que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco, en Brecha de lobos y en el Paraje Suriana de Iguala y en las inmediaciones de Tepeguaje.
Después de la participación del Fiscal General Alejandro Gertz Manera, intervino el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el informe se mantuvo concentrado mirando la pantalla que proyectaba la información digitalizada del informe. Permaneció serio y en contadas ocasiones hizo algunos comentarios en corto con el secretario de gobernación. Al dirigirse a los padres y madres lo hizo con mucha formalidad y respeto. Les envió un abrazo fuerte, por el momento difícil que estaban pasando. Reiteró que el compromiso que hizo fue decir la verdad. No ocultar nada por doloroso que haya sido. Se comprometió a entregar toda la información: el informe y todos sus anexos. Dio la instrucción de que se proceda de la misma manera, dando a conocer al pueblo de México todo lo que se ha investigado. Reafirmó que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado y de justicia. Su gobierno continuará profundizando en las investigaciones y recabando más información para tener certeza de lo que sucedió y así castigar a todos los responsables, materiales e intelectuales. “Termino abrazándoles y diciéndoles que no están actuando solo por mera formalidad, sino por convicciones profundas para que haya justicia. Somos consecuentes, estamos con ustedes y estamos con el pueblo”. Sin más se despidió y se retiró.
Las madres y padres parecían no inmutarse ante la información que escucharon. No tuvieron la oportunidad de que el presidente escuchara su respuesta. Ante el cierre del evento se levantaron en silencio y caminaron ensimismados y apesumbrados. En el abrazo que pudimos dar algunas madres, el dolor se intensificó y sus ojos expresaron la tristeza y el sufrimiento que les impuso un gobierno que fue cómplice de la desaparición de sus 43 hijos. Nada les arredra, continuarán buscando a sus hijos y exigiendo que se detenga a los responsables.
Publicado originalmente en Tlachinollan
