En su sexto informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) dieron cuenta de nuevos hallazgos en sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, donde dejaron claro que todos los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas de México participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Días antes y durante la desaparición los jóvenes habían estado siendo vigilados y monitoreados por el ejército y la Semar.

A través de las comunicaciones registradas por el C4, el GIEI pudo constatar que hubo una relación permanente de comunicación entre el C4 y la Sedena, pues dos de sus elementos fueron designados para monitorear, uno se encargaba de las llamadas recibidas y el otro de las imágenes en las cámaras. Informaron que en las comunicaciones hay tres mil registros que narran los hechos cada tres minutos, desde la llegada de los estudiantes, la toma de autobuses y los disparos. Además, 500 llamadas registradas por el C4 ocurrieron entre el ejército, la policía municipal y estatal de las que nadie sabía.

En los nodos de comunicación del 27 batallón de infantería de Iguala hay llamadas relevantes entre el ayuntamiento de Iguala, la 35 zona militar, el comandante coronel y soldados. En el último nodo existen llamadas que son más relevantes ya que sucedieron entre las autoridades y otras personas identificadas. Una de las llamadas que se registraron en el C4 fue del secretario de Seguridad Pública a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana, hacia la ciudad de Cocula, lugar clave en el caso. Destacan radio taxis y sedes de la Sedena no institucionalizadas. Todos estos elementos para el GIEI son motivo de investigación, dijeron los expertos.

“Los estudiantes que estaban en el autobús 1531 ubicado en el palacio de justicia fueron sacados violentamente con gases lacrimógenos, pegándoles, tirados al piso y metidos a las patrullas que fueron desplazadas hacia Chilpancingo y hacia adentro de Iguala. En este caso está presente, además de los estudiantes, policía federal, en un inicio se afirmó que ellos no estuvieron ahí, ya teníamos un elemento probatorio que los situaba, pero las comunicaciones nos permiten confirmar que estaban presentes”, comentó Ángela Buitrago, experta del GIEI.

Mostraron imágenes donde se ubicaban las comunicaciones y el movimiento de otros actores a las 21:40 horas y “en secuencia vemos cómo existe movimiento de policía municipal, de delincuencia organizada, secretaría de seguridad pública, y movimiento de Sedena, policía federal, policía municipal de Iguala y referenciamos con respecto de la zona donde estaban los estudiantes. Esto para decir que empezamos a ver en ese cuadro de comunicaciones la realidad de cómo estaban trabajando esa noche”, relató el GIEI.

En otra imagen el GIEI expuso que a la misma hora tuvieron información por dos elementos probatorios “que Sedena está en lugares cercanos al batallón y, como pueden ver, aquí abajo está el batallón, y arriba, que es la zona centro de Iguala, ya hay un miembro de Sedena a esta hora. Sabemos que Sedena se movió de diferentes maneras y nunca lo sostuvo en las entrevistas”.

En otra gráfica explicaron lo siguiente: “Seguimos viendo cómo la delincuencia organizada parte también en escena a las 21:40 y están en el sector donde está también la Secretaría de Seguridad Pública, donde hay gente que hay que identificar todavía, y que también hay movimiento de delincuencia organizada, policía municipal que pegan en la misma antena donde se encuentran algunos miembros de Sedena”, continuó explicando la experta. En el informe se destaca cómo estaban agrupadas las instituciones para agredir y desaparecer a los estudiantes.

Detallaron que tardaron aproximadamente 25 minutos para bajar a los estudiantes y desaparecerlos. Fueron llevados en camionetas alrededor de las 10 de la noche por policías municipales, federales y la Sedena. También se confirmó la participación de la policía municipal de Huitzuco entre las 10:30 y las 10:39 de la noche.

Uno de los hallazgos más importantes es que hubo otros dos Órganos de Búsqueda de Información (OBI). Uno de ellos informó que se fue luego de que policías municipales estaban golpeando a los estudiantes, pero fue desmentido por un testigo que lo vio sobre la calle Juan N Álvarez, lo identificó y observó todo. Sus desplazamientos consistieron en el 27 batallón, el Palacio de Justicia y la zona norte de Iguala durante toda la noche. El otro OBI se encontraba cerca de barandillas, donde llevaron a un grupo de estudiantes.

Un comandante militar realizó recorridos entre el 27 batallón, las torres de Iguala y la zona central de Iguala. La policía federal se desplazó entre el Palacio de Justicia, Rancho El Cura, el Palacio de Justicia y la zona central de Iguala. La policía ministerial, uno de los nuevos actores, estuvo en el Palacio de Justicia, pero aún no se tiene mucha información.

En un nuevo hallazgo, el GIEI encontró que hay contradicciones en el caso de Julio César Mondragón; existen dos versiones que no coinciden con el lugar en que fue hallado. El 41 batallón dice que llegaron al lugar conocido como El Andariego a las 8 de la mañana y ahí encontraron a Julio César Mondragón, mientras que el 27 batallón afirma que llegó a las 10 de la mañana con otras personas. El GIEI hizo un llamado para que la fiscalía investigue estas contradicciones.

La Sedena mantiene una negativa acerca de la existencia del CRFI, según datos encontrados por el GIEI, existen desde marzo del 2014. Hay 16 documentos relacionados con comunicaciones. Los archivos del CRFI se movieron en agosto del 2022. “Tendremos que resaltar que, habiendo obtenido documentos por parte de las revisiones que hicimos durante muchos días y meses en los diferentes archivos de Sedena, encontramos documentos que pasamos directamente con la CoVAJ y el GIEI a la UEILCA. La UEILCA pedía que se certificara ese documento y se enviara nuevamente por Sedena, y la respuesta de Sedena es que ese documento no existe, habiendo sido entregado a la CoVAJ y al GIEI. Han negado incluso la existencia de dependencias a unidades militares, que son relacionadas con inteligencia y que han tratado de cambiar las definiciones de sus siglas. En uno de los documentos aparece en un margen izquierdo CMI que significa Centro Militar de Inteligencia y nos han contestado bajo rúbrica pública que CMI significa Contenido Mediático de Información”.

“Hay una cuestión que conocimos frente a ese mismo documento donde las respuestas de Sedena, a partir del año 2022, nos han entregado un documento secreto, dice lo siguiente: “A partir de hoy, marzo del 22, ante las peticiones de la CoVAJ y el GIEI vamos a disponer una junta que estará conformada por a, b, c y d para acordar las respuestas, y esa respuesta será la que se dará por toda la institución”, leyó la experta Ángela Buitrago.

El GIEI obtuvo un documento del CMI en el que se lee que “el segundo comandante de la policía municipal de Iguala informó a Gilberto, alias el Gil, jefe regional de dicha organización delictiva, que la gente que había entrado a Iguala era de Ayotzinapa. Estaban trasladándose encapuchados y tenían 17 detenidos, de los cuales no informó. Al respecto, Gil le ordenó que trasladara a los detenidos a la brecha de los lobos por el camino a Pueblo Viejo y le dijera a FF, Felipe Flores, director de Seguridad Pública, que avisara a su compadre (se desconoce) que los detuviera a las afueras de Mezcala, pues ya les tenía preparada una emboscada”.

En el documento también se habla de que Emiliano Alejandro Benítez Palacio, alias Cholo Palacios, jefe de la plaza en Iguala, comentó con Ramón (posible autoridad de Tepecoacuilco) lo siguiente: “que ya localizaron las fosas del Gil, que posiblemente algún policía de los detenidos informó sobre el lugar. Comentan la posibilidad de un arreglo entre el gobierno estatal y el Gil, ya que el 3 de octubre el ministerial le pidió a Ramón línea con Gil para que soltara 10 estudiantes y calmara un poco la tensión. Ramón le indica al Cholo Palacios que él tiene escondido a Gil en una cueva en el cerro, pero que el 5 de octubre del 2014 se lo llevó para que estén juntos con el cholo Palacios, pero que el 5 de octubre se lo llevara a un lugar que menciona que anda en el cerro de Tepelilla y ahí se pierde la señal”, leyó Ángela Buitrago.

“Esto demuestra que el seguimiento era en diferentes días de diferentes personas, con diferentes informaciones sobre los chavos, con diferentes informaciones sobre los hechos, eso es el primer punto. Segundo, que esta información la conoció en tiempo real Sedena y otros organismos de seguridad que permitía identificar autores y partícipes de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que esta información la conoció en toda su integridad la secretaría del Estado Mayor de Sedena y que además permitía saber lugares donde habían sido posiblemente emboscados o llevados los 17 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa”, analizó la experta.

Otro punto clave del informe tiene que ver la actuación de la Marina. “Si bien no hay ninguna información de la Marina del 26 y 27, a partir del 28 sí hubo una acción de la institución. Su versión es que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, asegurando lugares con los buzos en el río San Juan, donde se encontró una bolsa oficialmente el día 29 con las diligencias que realizó Tomás Zerón y donde se encontró el resto de Alexander Mora. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con Seido y la PGR. Tuvimos información de que realizaron un operativo de inteligencia reservado desde el día siguiente hasta los hechos con un grupo especial de inteligencia del que hasta ahora no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas en esos operativos, no se sabe quiénes son. Solamente tenemos una fotografía de dos personas en la que se ven dos vendas en las manos, eso no lo sabíamos, lo confirmamos por otra fuente. En los operativos de Marina hubo dos muertos. Son cosas que hay que analizar y verificar. También se dice que hubo otros cinco que no se llegaron a consignar, no sabemos qué ha pasado con ellos”, explicó Carlos Martín Beristain, experto del GIEI. Esto demuestra que hay cosas que se han ocultado por el ejército.

“El año pasado mostramos un video de un dron, también hemos visto que la intervención de la Marina sobre el río San Juan, se acuerdan de los buzos que habían descubierto una bolsa el día 29, lo que hemos conocido ahora con información proporcionada por la propia Marina, es que estuvo desde el día 27, no el 29, intervino de forma ilegal el escenario del Río San Juan dos días antes de lo establecido, encontrando varias bolsas de las cuales no se dejó ninguna constancia, y había una bolsa, y lo estoy diciendo el día 28 de octubre, no el día 29 cuando se descubrió, a un metro de la orilla. Se acuerdan de la escena donde vimos a Tomás Zerón llevando a un detenido a esa zona del río, ahí había una bolsa ese día. Algunas personas entraron, tocaron las cosas y al día siguiente es la bolsa que se iba a descubrir. Eso muestra la manipulación y ocultamiento de la información”, señaló el experto.

En el informe se dijo que “la Marina tuvo un cuartel o destacamento en un lugar llamado Cuautepec de los Costales, cuyo funcionamiento y actividades no se han conocido. Hasta ahora hemos estado esperando respuesta, la recibimos hace unos días, justo cuando estábamos terminando el informe, y dice que no hay más información de la que nosotros hemos descubierto, pero dice que sí hubo un puesto naval en Coatepec de los Costales. Ahí hicieron monitoreo de secuencias, escaneo de comunicaciones. No hemos tenido acceso a su información, pero tiene que estar disponible, igual que de la Sedena para buscar qué pasó y el destino de los chavos”.

El GIEI asevera que los jóvenes fueron divididos en al menos dos grupos en un primer momento y un tercer grupo después. Sin embargo, “algunas declaraciones señalan que después de eso habrían sido repartidos en otros grupos y no fueron llevados al mismo lugar, ni al mismo escenario, tampoco al basurero de Cocula. Hubo jóvenes, calculamos que unos 16 o 17 detenidos en barandillas donde fueron detenidos, golpeados, maniatados, tumbados en el suelo y luego sacados de dicho lugar por policías municipales de Iguala y Cocula. Si bien hay una versión de que un grupo de jóvenes fue llevado hacia Loma de Coyotes, hay muchas contradicciones porque también se menciona que es hacia la salida a Taxco. Otros jóvenes fueron llevados en dirección a Huitzuco-Chilpancingo, sin saber hasta ahora en qué lugar, solo en su quinta declaración un hombre de Sedena afirma que las patrullas que venían de Huitzuco o del lugar de Chilpancingo se devolvieron hacia ese mismo sitio”, señaló Ángela Buitrago.

“Existe un mensaje cifrado de la Sedena que contiene información sobre 11 detenidos, donde una persona le pregunta a otra ‘comadre te tocaron 11 detenidos del desmadre de ayer o sabes dónde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo’. Esta FCA es del 27 de septiembre del 2014, y por esa razón consideramos que hay elementos claros para decir que un grupo de 11 detenidos fueron hacia ese lugar”, declaró el GIEI.

La postura del GIEI es que el sistema mexicano “debe liberarse del excesivo formalismo y la burocracia y generar más acercamiento al humanismo y a la dignidad humana. Las víctimas y familiares deben contar con la información necesaria, así como las instituciones tienen que mostrar un compromiso con la investigación y evitar la frecuente sobrecarga en las víctimas para pruebas o indicios sobre responsabilidades o búsquedas o mecanismos que la CoVAJ tenga que aportar para seguir avanzando en este camino. Nos preocupa ampliamente la situación de los familiares por el tremendo impacto de los hechos, las falsedades y el ocultamiento en estos años, el deterioro de salud y sus necesidades. La asistencia humanitaria en unos casos y la reparación integral en su conjunto no son sustitutos ni de la verdad ni de la justicia, no pueden utilizarse como mecanismos para presionar a las víctimas, sino que son formas de reconocimiento de las responsabilidades y dignidad de las víctimas y formas de mostrar un compromiso para hacer frente a las dramáticas consecuencias de la desaparición forzada. La reparación integral debe garantizarse y evitarse la revictimización, así como la estigmatización y persecución”.

El GIEI ha realizado recomendaciones, pero falta seguir ajustando con las autoridades correspondientes para hacer un trabajo de conjunto para poder dejar algo. En particular, para poder proporcionar atención adecuada en salud. “El Estado debe garantizar el respeto a la ley de víctimas y el respeto a la perspectiva de derechos humanos. La atención es un derecho y una responsabilidad del Estado y no un privilegio con favor o un beneficio secundario de los familiares y las víctimas de este caso. El sistema ya en marcha debe fortalecerse y tiene un marco de reconocimiento que no dependa de las directrices políticas cambiantes, sino de un compromiso independiente de partidos, independiente de voluntades unipersonales. Los sobrevivientes son víctimas de los hechos y en algunas ocasiones testigos de los mismos, esta condición debe ser tomada en cuenta en los procedimientos de investigación en la fiscalía o en el ámbito judicial contando con una asesoría victimal que la ley otorga, y las precauciones de vida sobre su identidad y situación psicológica en el contexto de ratificaciones o nuevas declaraciones. Igualmente dejamos una solicitud y es la protección a los fiscales que han hecho su trabajo como es debido, a los fiscales que han realizado un esfuerzo y en particular a la unidad que salió en un 90% con el cambio en septiembre porque gracias a esas investigaciones hoy se ha avanzado. Necesitamos la protección para todos ellos para que haya una realidad de verdad y justicia en México”, recomendó el GIEI.

“El ocultamiento y la insistencia en negar hasta el límite de lo que se ha podido investigar, como asistencia técnica, para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón consideramos que si no cambian las cosas damos por terminado nuestro trabajo. Si bien es cierto se abrieron parte de los archivos y se obtuvo información relevante de las instituciones, hay más información que es clave para avanzar. Para resolver el caso se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes o en su caso, todo lo que se supo, se hizo o se dejó de hacer, pero no se había tenido conocimiento alguno hasta que el GIEI y la CoVAJ accedieron a los archivos de Sedena y Semar, y se logró la colaboración de testigos con identidad protegida con la que se pudo comprobar la complicidad, el miedo, el silencio que ha tejido este caso desde hace 9 años”, dijo Carlos Berinstain.

“El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable. El estudio y localización de las calles que hemos visto de Iguala muestra que el músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron, y además sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha contribuido no sólo a ocultar responsabilidades del Estado, sino que ha constituido en sí mismo en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes al no poder contar con información relevante para la búsqueda de los desaparecidos y los responsables”, concluyeron.

Publicado originalmente en Tlachinollan