Han pasado 943 días desde que ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Cada uno de estos días representa tiempo de ausencia, dolor, lucha y esperanza para las madres y los padres de los normalistas, para sus compañeros y para la sociedad nacional e internacional que persiste en la exigencia de acceso a la justicia, conocimiento de la verdad y garantías de no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos.

Pese a los soles y las horas de ausencia, Ayotzinapa sigue siendo una luz encendida, una luz que no se apaga.

Acciones como las de el Mecanismo de Seguimiento sobre el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abonan a que la exigencia de esclarecer los hechos ocurridos contra los jóvenes estudiantes continúe vigente y a que el Estado Mexicano cumpla con sus compromisos adquiridos en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

La lucha no acaba, es continua, a veces frustrante, pero necesaria.

Frustrante es la inamovible postura del Gobierno Federal y de las autoridades del más alto nivel que se niegan a transparentar la verdad e informar a las y los familiares, a los normalistas y a la comunidad nacional e internacional sobre el verdadero paradero de los estudiantes desaparecidos.

La CIDH en México

En su segunda visita oficial a México -realizada del 19 al 21 de abril de 2017- el Mecanismo de Seguimiento sobre el caso  Ayotzinapa, reiteró públicamente que “hasta la fecha el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido”.

Asimismo, la delegación que encabezaron la Relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena y el Secretario Ejecutivo del organismo internacional, Paulo Abrão, advirtió “la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

De igual manera, la CIDH constató que, “a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación”.

El Mecanismo de Seguimiento refirió también que “la emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, es de preocupación para la Comisión”, pues el GIEI de la propia Comisión Interamericana, concluyó en su primer informe que: “el fuego mínimo necesario para la combustión de 43 cuerpos no era científicamente posible dadas la evidencias encontradas”.

Ejército impune

La absurda obsesión de las autoridades federales, coincide con su negativa de investigar la participación de las fuerzas armadas en las violaciones graves a los derechos de los normalistas, por lo que (igual que las madres y los padres de Ayotzinapa) el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH reiteró “la importancia de examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos y de profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno”, así como “profundizar la investigación del papel del ejército en los hechos”.

A dos años y siete meses de la noche que cimbró al Guerrero Bronco, y a la sociedad en general, la CIDH urge al Estado Mexicano “dar pasos decisivos para contar con una legislación en materia de desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que les acompañan”.

El reto no es fácil. El camino ha sido largo, sinuoso y obstaculizado, principalmente cuando las acciones del Gobierno Federal han sido principalmente administrativas.

Sin embargo, la fuerza, dignidad y el coraje de las madres y padres de Ayotzinapa fortalece y mantiene nuestra convicción firme, hasta conocer la verdad.

Dignidad inquebrantable

Desde el jueves 20 de abril, las familias de los 43 futuros maestros se acompañan frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), lugar en donde decidieron realizar un plantón indefinido con la exigencia de acceso a la verdad y a la justicia; la realización de todas las líneas de investigación y la sanción a los responsables.

A ello se une la atención requerida por los estudiantes heridos de gravedad desde el momento de los hechos. Estudiantes que hasta hoy viven con las afectaciones que han trastocado su vida y que igual que sus compañeros ejecutados extrajudicialmente y quienes desaparecieron de manera forzada, aún no han tenido acceso a la justicia.

Como a lo largo de los 943 días y noches de oscuridad, madres y padres de los 43 estudiantes, ponen nuevamente el cuerpo en la calle para ser escuchados y atendidos por quienes tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la justicia de la ciudadanía.

Hoy, como desde el  26 de septiembre de 2014, las madres, los padres y los normalistas de Ayotzinapa necesitan del acompañamiento de todas y todos, de nuestro cobijo, solidaridad y de nuestras voces, para continuar -desde diversos sectores de la sociedad global- el grito que acompañe esta luz encendida.