México, 15 de octubre de 2014.Con un Estado “sin rumbo, sin remedio y totalmente cooptado por la delincuencia organizada”, como se demuestra con la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre, la única opción es la apuesta por la autonomía y el autogobierno, sostiene Víctor Hugo López Rodríguez, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en el marco de la presentación de su informe anual “Los derechos humanos a debate. Entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos”.

El Frayba, que defiende y acompaña a los procesos sociales del estado de Chiapas, expone que la imposición de las reformas  estructurales –energética, hacendaria, laboral, de telecomunicaciones, entre otras- tensionó distintas zonas del estado y obligó a los movimientos y comunidades a unirse para defender lo común: “el territorio, la madre tierra”, señala el defensor. La aprobación de la reforma energética, por ejemplo, reactivó viejos proyectos de represas, carreteras y concesiones mineras.

Ahora, “con la ley en la mano”, los operadores políticos locales comenzaron a organizar la implementación de los viejos y suspendidos planes, situación que se agrava por la nueva figura que complementa a la expropiación: la ocupación temporal de terrenos, lo que quiere decir que “aún si la comunidad no está de acuerdo pero es por un supuesto bien común, la obra se hace; es totalmente unilateral e impositivo”, explica López Rodríguez. Así, incluso poblaciones no organizadas o divididas se ven afectadas y se pusieron en movimiento. Es el caso de la oposición de más de 10 mil personas de 11 municipios a la carretera San Cristóbal-Palenque; o el anuncio de poblaciones de la zona norte, en los alrededores de San Cristóbal de las Casas, de que dejarán de pagar impuestos en protesta por la reforma hacendaria –que, explica el presidente del Centro, está perjudicando a las cooperativas de productores de café, que se ven obligadas a cumplir un sinfín de requisitos fiscales.

El Frayba, relata su director, se preocupó por la apertura de distinto frentes de batalla –tomando en cuenta que, por ejemplo, los feminicidios no disminuyen tampoco-; sin embargo, esta operación a nivel local de las reformas estructurales, además de tensiones, trajo movilización. El Pueblo Creyente, por ejemplo, anunciará una nueva etapa de lucha de la Iglesia.

A nivel nacional, resalta el defensor, las reformas operan bajo una estrategia de guerra que busca polarizar a la sociedad y provocar una reacción; parte de ello es la aprehensión de los líderes yaquis y de la Policía Comunitaria de Guerrero, el encarcelamiento de opositores a la presa La Parota y los asesinatos ocurridos en Oaxaca y Guerrero. “Están jugando con fuego”, resume Víctor Hugo López. “Todo esto huele a una guerra declarada, más que a eventos aislados”.

Dentro de la estrategia de guerra, “Ayotzinapa es uno de los eventos más indignantes y más claros de la brutalidad de un gobierno” completamente cómplice de la delincuencia organizada a todos sus niveles y que vive en la impunidad total, sostiene el también periodista. “Si en 1997 la masacre de Acteal indignó al mundo, las desapariciones de Ayotzinapa no son un tema menor”, valora. “Esto rebasó y quebró los límites”. El Frayba no es ajeno a esta evento, “y estamos difundiendo por nuestro canales a distintos niveles lo que sucedió”.

“Frente a un Estado ausente y que no está dispuesto a cumplir nada de lo que se le exige”, lanza Víctor Hugo López, “se confirma la opción por la autonomía y el autogobierno”. Pero hay una inquietud final: “Nosotros no sabemos qué hace falta para que todas las insurrecciones que hay hagan sinergia, aunque sea para hacer visible lo que ya sabemos: que este Estado ya no tiene remedio”.