Caracas, Venezuela. La reglamentación a la reforma laboral venezolana, aprobada después de un año de promulgada la ley, trae pocos avances para los trabajadores y profundiza el deterior de la relación entre la clase obrera y el gobierno venezolano.

En noviembre de 2011, el presidente Hugo Chávez anunció la redacción de una nueva ley laboral. El gobierno escogió un momento de interés electoral, a 11 meses de las elecciones presidenciales de 2012, para encarar una deuda de casi 12 años para ajustar la legislación laboral a la Constitución de 1999, cuyas disposiciones transitorias establecieron el mandato de realizar estos cambios en el transcurso de un año.

La reforma laboral se emprendió en el marco de un importante aumento en la conflictividad social: en los años 2011 y 2012 fuimos testigos del número más alto de protestas obreras y populares de todo el gobierno chavista, más de 10 mil en el bienio. Alrededor del 40 por ciento de estas protestas fue protagonizado por el movimiento obrero. El combustible de la protesta es un aumento vertiginoso de los pasivos laborales, el retraso en las discusiones de los contratos colectivos en una economía con una altísima inflación, la lucha contra la tercerización y el trabajo precario, las órdenes de reenganche de trabajadores no acatadas por empresas e instituciones públicas, y un aumento en la criminalización de las huelgas y luchas obreras, con casos emblemáticos -como el encarcelamiento del secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, o el asesinato de dos obreros de la Mitsubishi en la ciudad de Barcelona, durante un ataque policial a una huelga en enero de 2009. En el caso de Rubén González, aún está sometido a un juicio por encabezar una huelga en agosto de 2009.

Al momento de anunciarse la reforma laboral, los dos millones y medio de empleados públicos cumplieron siete años sin discutir su contratación colectiva; estuvieron con contratos vencidos los cien mil trabajadores petroleros, 40 mil trabajadores de la industria eléctrica, 30 mil de las empresas básicas del hierro y el aluminio en Guayana, así como 10 mil trabajadores de la industria cementera.

No menos importante para el deterioro de la relación del gobierno con la clase obrera fue la aplicación de un ajuste a partir de 2009, con una devaluación monetaria del cien por ciento, aumento del Impuesto al Valor Agregado en un tercio, pasando de nueve por ciento al 12 por ciento y la  liberación de los precios de la mayoría de los alimentos con precios regulados, entre otras medidas.

Una reforma laboral cocinada por los patronos y el gobierno

El gobierno preparó el texto legal en la sombra. Se valió de una ley habilitante aprobada en el marco de las lluvias que destruyeron miles de viviendas en diciembre de 2010, que facultó al Presidente a dictar decretos con rango de ley para encarar la emergencia. No se difundió públicamente un borrador de la ley, por lo que no se conoció su contenido sino hasta después de su promulgación. En la comisión presidencial encargada de redactar la ley hubo una clara mayoría patronal, conformada por funcionarios gubernamentales y representantes de los gremios patronales. El único representante sindical en ejercicio que formó parte de la comisión, Wills Rangel, también cumple funciones patronales en la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Incluso un personaje como Carlos Sainz Muñoz, quien en 1997 fungió como asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en las negociaciones para la elaboración de la Ley Orgánica del Trabajo -y en tal sentido fue corresponsable de ese ataque perpetrado contra los derechos de los trabajadores-, también formó parte de la comisión nombrada por el presidente Chávez para elaborar la nueva ley.

El reglamento parcial de la ley, aprobado en mayo de 2013 por la Asamblea Nacional, tampoco fue discutido con el movimiento obrero. Los métodos empleados para elaborar la reforma tuvieron un correlato en su contenido regresivo, como veremos, muy alejado del supuesto carácter socialista que le adjudicó la propaganda oficial.

Únicamente el sector corporativizado del sindicalismo, representado por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, hizo campaña activamente a favor de la reforma, pero aun así el gobierno pudo imponer su proyecto legal prácticamente sin oposición obrera debido a la atomización del movimiento sindical, que no cuenta con una central representativa. También fue funcional a la campaña gubernamental la posición asumida por la burocracia sindical de la CTV, que defendió la ley de 1997. Únicamente la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), encabezada por Orlando Chirino y José Bodas, planteó llamar desde el movimiento obrero a una constituyente sindical para proponer una reforma laboral que consagre el respeto a la autonomía y la libertad sindical, aboliendo toda la limitación del derecho a huelga y estableciendo los mecanismos para aplicar el contenido del artículo 91 de la Constitución, que establece que el salario mínimo debe calcularse tomando como referencia fundamental el monto de la canasta básica. Actualmente el salario mínimo representa aproximadamente la mitad del monto de la canasta básica oficial.

Una estafa ideológica e histórica

Al promulgarse la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt), quedó claro que por su contenido, no pasó de ser una reforma a la ley de 1997, promulgada bajo el gobierno socialcristiano y profundamente antiobrero de Rafael Caldera. Este hecho fue reconocido por los ex ministros de Cordiplan (la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República) y del Trabajo, Teodoro Petkoff y María Bernardoni de Govea. En tal sentido, no es ni lejanamente una ley socialista o de transición al socialismo. Es una ley que no abole sino que regula las relaciones de explotación del trabajo por parte del capital. Más allá de que, inspirada en la misma concepción de colaboración de clases que anima al proyecto nacionalista-burgués del gobierno, en la redacción de la Lottt se plantea que el trabajo es un proceso social que genera una justa repartición de la riqueza; la ley no apunta a modificar los mecanismos capitalistas esenciales, a que el trabajo deje de ser una mercancía, ni por lo tanto a liquidar la explotación de los trabajadores y superar la distribución injusta de la riqueza.

Se ratificaron los aspectos centrales de la ley de 1997, incluyendo el régimen de prestaciones sociales. Una de las promesas centrales de Chávez en la campaña presidencial de 1998 fue derogar la reforma del régimen de prestaciones sociales, instaurado por Caldera en sus últimos meses de gobierno, y restaurar la retroactividad de las prestaciones, en otras palabras, que el pago de la indemnización por concepto de antigüedad y cesantía se vuelva a calcular de acuerdo con el último salario devengado, una medida de protección a los ingresos de los trabajadores en un país con una altísima inflación. Dicha intención la recoge la Constitución de 1999. No obstante, la reforma de 2012, traicionando la intención del constituyente, ni eliminó el sistema de cálculo instaurado en 1997 ni restauró el sistema previo a 1997. Por el contrario, ratificó el sistema de 1997 e incorporó una nueva variante de cálculo, que favorece ligeramente al trabajador cuando la relación laboral se extiende más de una década.

Se abandonó la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales, propuesta en el fallido intento de reforma constitucional de 2007, y terminó incorporándose a la Lottt una jornada de 8 horas diarias y una semana laboral de 40 horas, que en la práctica beneficia únicamente a los sectores laborales con condiciones laborales más precarias, como los vigilantes nocturnos.

La agremiación patronal Fedecámaras, que en 2002 encabezó el golpe de Estado y varios paros patronales, no mostró alarma por el contenido de la ley, mientras que agremiaciones de empresarios afectos al gobierno, como Fedeindustria, aplaudieron su contenido. Ya veremos por qué.

Retrocesos en materia de libertad sindical

La Lottt implicó un retroceso en importantes derechos colectivos, como el derecho a huelga, y se incrementó la intervención del Estado en los asuntos internos de los sindicatos. Con el objetivo de profundizar la injerencia en los asuntos sindicales, se amplían las prerrogativas del Ministerio del Trabajo para el reconocimiento de una organización sindical; se crea el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, y se obliga a los sindicatos a mantener a las autoridades al tanto de la identidad de todos sus afiliados; se regulan con detalle los requisitos que debe cumplir la reglamentación estatutaria de los sindicatos, así como los procedimientos para la realización de elecciones sindicales.

Mientras que prolifera la declaratoria de empresas estatales como zonas militares de seguridad en las que está prohibido realizar paralizaciones o protestas (además de que leyes específicas, como la Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Alimentaria o la llamada ley antiterrorista, imponen restricciones al ejercicio del derecho a huelga), la Lottt elimina la garantía establecida en la ley de 1997, según la cual el acto de ocupar una empresa en el marco de una huelga no es violatorio de la ley.

En su artículo 375, la Lottt le adjudica a los sindicatos la función de proteger el proceso de trabajo, alienando a las organizaciones obreras de su verdadero objetivo que es la defensa de los derechos de los asalariados. En última instancia, desde una perspectiva revolucionaria, las organizaciones de los trabajadores tienen la misión histórica de subvertir las relaciones de producción capitalistas, por su naturaleza explotadora y antidemocrática, nunca “protegerlas” ni tampoco al proceso productivo en el que ellas se desarrollan.

Algunos derechos individuales de los trabajadores mejoran con la nueva legislación. El permiso pre y post natal se aumenta a seis meses, y la inamovilidad para padres y madres se extiende a dos años después del parto, y el bono de fin de año por concepto de utilidades sube de un mínimo de quince días a treinta días. Se trata de conquistas que están ampliamente superadas en prácticamente todas las convenciones colectivas de trabajo, pero ciertamente benefician a un importante número de trabajadores. También se incorporan limitaciones y medidas de coerción contra los lock out patronales, así como sanciones penales para algunas violaciones a los derechos de los trabajadores. Pero de conjunto, el propósito político que anima la reforma laboral es avanzar en el control estatal del movimiento obrero.

Las luchas continúan

La concreción de los derechos de los trabajadores, la defensa de las conquistas obtenidas y la ampliación de estos derechos dependen del grado de organización y movilización de los trabajadores como clase. Los artículos de la legislación referidos a la prohibición de la tercerización, por ejemplo, son violados sistemáticamente por los patronos, tanto en el sector público como en el privado. La posibilidad de derrotar las prácticas explotadoras, legales e ilegales, y de avanzar hacia un régimen social en el que efectivamente el trabajo sea un proceso social que garantice una justa distribución y goce de la riqueza creada colectivamente, está ligada a la superación de los problemas históricos de la clase trabajadora venezolana, a la construcción de su unidad orgánica y la emergencia de una dirigencia sindical democrática y con plena autonomía respecto del Estado y los empresarios. El proceso de movilización que libran miles de trabajadores a lo largo del país actualmente, aunque de manera aislada, brinda una gran oportunidad para avanzar en este sentido.

*El autor es coordinador de la página web www.laclase.info

Publicado el 07 de octubre de 2013