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Ciudad de México | Desinformémonos. “Las autoridades se rehúsan a iniciar las investigaciones de las muertes violentas como feminicidios, iniciándolas como supuestos suicidios”, incluso en las 19 entidades con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas para poder acreditar el delito, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) durante la presentación del informe “Implementación del tipo penal de femincidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”.
Por otra parte, las investigaciones que sí se llevan a cabo “carecen de diligencias básicas que permitan identificar a los agresores, situación que lleva a que los casos queden en la impunidad”, agregó.
De acuerdo con el Observatorio, los asesinatos de mujeres incrementaron 52 por ciento en 2017 respecto a 2015, y en los dos años se registró un total de 8 mil 904 feminicidios en el país.
El OCNF acusó que gracias a la impunidad estos crímenes han ido en aumento, pues “es un aliciente para la continuidad, incremento y agudización del delito del femincidio”.
Agregó que varios de los casos de feminicidio son cometidos por el crimen organizado en estados como Guerrero, Sinaloa, Morelos o el estado de México, pero que éstos tampoco son investigados.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, indicó que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas “de manera brutal mediante golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos, heridas mutilantes y armas de fuego”, y posteriormente encontradas en carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes y otros espacios públicos, mientras que 30 por ciento de las víctimas fueron halladas en sus hogares.
Estrada lamentó que gran parte de los asesinatos pudieron haberse evitado si las autoridades hubieran generado los mecanismos de protección necesarios para las víctimas que denunciaron previamente la violencia de la que eran objeto.
El estudio fue realizado por el OCNF y Católicas por el Derecho a Decidir, y llegó a sus conclusiones a través de la revisión de datos oficiales y por medio de solicitudes de información, análisis de los informes de las alertas de género emitidas y cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
