El endurecimiento de la política migratoria está creando condiciones cada vez más violentas que involucran a policías y autoridades migratorias. En el ojo del huracán está la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, el centro de detención migratoria más grande de América Latina. Ahí migrantes, funcionarios y miembros de ONG dan fe de las condiciones: cubículos de 4×3 metros para 50 personas, falta de comida y agua, mujeres durmiendo en el comedor entre ratas y excrementos de palomas, niños llorando, madres reciclando pañales y el desprecio de los guardias.

“Nos tiraban ahí como animalitos”, dice una joven hondureña. Desde Chihuahua, se reporta que el 10 de junio, una mujer migrante de Honduras fue víctima de secuestro y violación luego de que agentes de la Policía Federal presuntamente la “levantaron para entregarla a un grupo de criminales”. Y en Veracruz se investiga la posible participación de elementos policíacos en un ataque armado que dejó como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con Rubén Figueroa, coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano, el endurecimiento de las políticas migratorias no sólo no frena la migración sino que también benefician a las redes criminales de tráfico de personas. “Las autoridades no sólo reciben sobornos, también forman parte de estas estructuras criminales”, apunta.

Mientras tanto, el albergue para migrantes “La 72” denuncia la “táctica de guerra sucia” por parte del actual gobierno, al anunciar que losalbergues de la sociedad civil ya no recibirán apoyos federales y que algunos serán investigados por corrupción y lavado de dinero.

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