Ciudad de México | Desinformémonos. Más de un decena de colectivos europeos denunciaron que el acoso y asesinato a estudiantes, periodistas y activistas sociales son las únicas vías que ejerce el gobierno mexicano con la población, con el fin de dejar fuera del alcance ciudadano las instancias legales, el diálogo y la justicia.

La acusación se dio a tres días de que dos normalistas de Ayotzinapa fueran asesinados a las afueras de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, mientras viajaban en el transporte público rumbo a Tixtla. Los hechos ocurrieron el mismo día en que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó Tixtla para inaugurar el Centro de Justicia Integral para Mujeres, en relación con que días antes el gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció la “reducción” de los homicidios dolosos en la entidad, señalaron los colectivos.

Además denunciaron las agresiones del pasado 29 de septiembre por la policía contra estudiantes que realizaban campañas de información en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Por todo lo anterior, los colectivos exigieron el cese total a las hostilidades hacia los estudiantes de las normales rurales de México, la investigación inmediata y veraz de los hechos ocurridos contra los normalistas y la renuncia de los gobernadores de Guerrero y Michoacán, así como del presidente Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, la Asamblea de Mexicanxs en Argentina lamentó que el gobierno mexicano haya responsabilizado a los dos normalistas de su asesinato al «resistirse al asalto» al que fueron sometidos.

«Una vez más el Estado arguye falacias para intentar deslindarse de responsabilidad», denuncia la Asamblea. «Expresamos nuestro más profundo repudio a ese acto criminal y canalla y convocamos a la comunidad internacional a denunciar esta agresión brutal, que responde a una estrategia sistemática de amedrentamiento y represión que desde el gobierno se orquesta y ejecuta«, agregó.

La Asamblea de Mexicanxs en Argentina concluyó con un argumento que arrebata cualquier versión del gobierno sobre los actos violentos contra los estudiantes: «La delincuencia organizada es el Estado».