La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno de Nicaragua no investigó con diligencia el móvil del asesinato de Francisco García Valle, esposo de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, ocurrido el 8 de abril de 2002.

En consecuencia, esta instancia sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

El 29 de julio de 2015, la Comisión, a través de un informe de fondo, dirigió una serie de recomendaciones a las autoridades nicaragüenses en torno al esclarecimiento de este crimen.

Sin embargo, el gobierno de Nicaragua falló en la investigación diligente y el debido proceso, e intentó criminalizar a la viuda de la víctima. Aunado a ello, desestimó la posible relación del crimen con la actividad de defensa de los pueblos indígenas que desempeña María Luisa Acosta, a pesar de los indicios que vinculaban a dos personas cuyos intereses se vieron afectados por la labor de esta mujer.

A decir de la CIDH, tales acciones y omisiones «podrían considerarse como un supuesto de encubrimiento deliberado, además de encontrar que el Estado violó el deber de debida diligencia con relación a la búsqueda, identificación y eventual sanción de un autor material».

De acuerdo con la Comisión, este caso ofrece la oportunidad de que la Corte Interamericana se pronuncie «en torno al carácter fundamental de la investigación de los móviles de un acto violento, particularmente el asesinato, que pudo tener lugar como represalia por la labor de defensa de derechos humanos de una persona». También para que analice “la manera en la cual las omisiones flagrantes en investigar la autoría intelectual en un crimen como este, puede ser entendida como una forma de encubrimiento deliberado».

La Corte podrá pronunciarse, asimismo, sobre los mecanismos directos e indirectos de criminalización de defensores de derechos humanos como consecuencia de sus actividades.