Una emboscada a un microbús que conducía a trabajadores forestales cobró la vida de Segundo Catril Neculqueo, ciudadano mapuche de 66 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.

El atentado ocurrió el miércoles 24 de mayo en un sector rural de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, y además de víctima fatal dejó otros dos trabajadores mapuche heridos, reportó el Observatorio Ciudadano.

La emboscada fue realizada por desconocidos que usaron armas de grueso calibre. Las víctimas participaban de una iniciativa impulsada por el dirigente mapuche Santos Reinao, subcontratista de la empresa CMPC.

Los trabajadores se dirigían al fundo Choque, un predio de propiedad de dicha empresa, para cumplir un acuerdo entre las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu, para su reforestación parcial con bosque nativo.

Ninguna organización o grupo de personas ha reivindicado la emboscada, pero es posible que el hecho tenga relación con la conflictividad generada por la presencia de las forestales como CMPC en la zona, apunta el Observatorio Ciudadano.

Existe un total del 48.792,6 hectáreas de plantaciones forestales, correspondientes al 43,6% de la superficie total de la comuna de Lumaco, que se encuentran sobre territorios y tierras de propiedad ancestral y legal del pueblo Mapuche.

Muchas de esas tierras son reivindicadas por comunidades y organizaciones mapuche.

Más allá de las circunstancias y de quienes resulten responsables de los hechos, el Observatorio Ciudadano condena enérgicamente el atentado en contra de la vida e integridad de las personas, independiente de quienes sean las víctimas.

Como organismo de derechos humanos afirma que el uso de la fuerza en contra de la propiedad y de personas, tanto mapuche como no mapuche, es injustificable.

Asimismo, llama a todos los actores presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, “a asumir acciones urgentes para frenar y revertir este espiral de violencia que amenaza con escalar, con consecuencias graves para la convivencia intercultural en la zona”.

De igual modo, pide al Estado, como “garante del bien común”, a desarrollar todos los esfuerzos posibles para determinar a los autores de estos delitos y lograr su sanción por la justicia.

De igual modo, invoca a “abordar los problemas de fondo que subyacen a la conflictividad en La Araucanía y regiones aledañas (Wallmapu)” y que se relacionan ”con la negación de los derechos colectivos del pueblo mapuche”.

Pide desarrollar con urgencia una estrategia más decidida, sistemática y coherente para posibilitar procesos de diálogo con el pueblo Mapuche para lograr acuerdos constructivos que aborden la deuda histórica que existe con este pueblo.

Respecto a las empresas forestales las insta a abstenerse de desarrollar prácticas que generen divisiones al interior del pueblo Mapuche y sus comunidades, y a asumir la responsabilidad que tienen en la generación de la conflictividad y violencia en la zona.

Publicado originalmente en Servindi