Ciudad de México | Desinformémonos. Arturo Campos Herrera, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), está a punto de obtener su libertad luego de que un juez federal resolviera el amparo contra la resolución que confirmó el auto de formal prisión por un presunto delito de secuestro, emitido por la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

El juez Benito Arnulfo Zurita Infante consideró que el delito de secuestro no está acreditado con ningún medio de prueba y reconoció la legalidad y legitimidad de la CRAC-PC, por lo que concedió el amparo y protección de la justicia federal a Arturo Campos con el propósito de que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero “deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro y en su lugar dicte una nueva donde determine que en la causa penal no se acredita el delito de secuestro”, refirió organizaciones de derechos humanos.

Con la reciente resolución, se obliga a la Cuarta Sala Penal a emitir un fallo que ponga en libertad inmediata e incondicional al líder de la CRAC-PC.

A más de 3 años de la detención arbitraria de Campos Herrera, ni los presuntos afectados ni las autoridades tienen pruebas que demuestren que fue autor de “secuestro agraviado”. Esto, de acuerdo a las organizaciones, “evidencia el uso desviado del derecho penal y las instituciones de justicia para perseguir a los pueblos indígenas que se organizan para ejercer su derecho a tener su propia seguridad”.

Con esta resolución se evidencia que Arturo campos Herrera, Gonzalo Molina y demás autoridades comunitarias están en prisión por motivos políticos, dado que no existen pruebas ni elementos que acrediten el delito por el que se les acusa y «por el contrario, su trabajo fue organizar a sus pueblos para velar por la seguridad y el ejercicio de sus sistemas normativos».

Mientras tanto, funcionarios como el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, justificaron la detención al acusar que “hay quienes bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad y la integridad de sus comunidades y aduciendo derechos colectivos se alzan como policías comunitarias, portan armas, algunas veces de las prohibidas por la ley, sin registrarse y sin portar la credencial que se les ha pedido y muchas veces buscando la confrontación con las autoridades legalmente constituidas”.

Por todo lo anterior, las organizaciones, entre las que se encuentran Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, exigieron la libertad inmediata de Campos Herrera y todos los presos políticos del país, el cese al hostigamiento del Sistema de Justicia Comunitario, así como el pleno respeto a la autonomía y las formas de organización de los pueblos indígenas.