Ya está disponible para descargar el informe “AgTech en Argentina. Nuevas tecnologías, viejas promesas”, el segundo de la serie “Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina”. Escrito por Fernando Frank para Acción por la Biodiversidad, el trabajo analiza en profundidad los impactos devastadores en nuestras comunidades y ecosistemas del uso de tecnologías digitales orientadas a la agricultura, quiénes las promueven y sus lazos con las instituciones públicas y privadas.
El empresariado vinculado a los agronegocios, amparado por fundaciones, académicxs e, incluso, funcionarixs gubernamentales, viene presionando desde hace unos años por la implementación plena de las AgTech, un paquete de tecnologías “de punta” que, según ellxs, resolverían los problemas relacionados a la agricultura y la alimentación. La digitalización del campo y el uso de herramientas de la información parecerían, a simple vista, un paso más en el proceso de automatización de la agroindustria y una mejora en las capacidades de producción y rendimiento. El problema se vislumbra cuando se indaga en quienes promueven estas innovaciones, para qué y qué impactos producen.
La tecnología digital vinculada al campo abarca desde tractores sin conductor y chips insertos en animales hasta procesadores de datos capaces de almacenar una secuencia completa de ADN en un archivo para descargar. La inversión en las AgTech de gigantes de la información como Huawei, Microsoft y Amazon, entre otros, es una muestra del lugar cada vez más importante que esta rama de la industria ocupa en la consideración de los dueños de las empresas de las telecomunicaciones. Según explica el informe, el interés de intervenir en la agroindustria por parte de estas compañías es doble: por una lado, “avanzar en el control efectivo de qué y cómo se produce y se consume y dejar afuera a empresas de menor calibre” y, además, “la venta de las tecnologías, tanto de hardware y de software como de las Fintech (tecnologías financieras digitales)”.
Uno de los puntos claves de la investigación versa sobre quiénes operan política y económicamente para el desembarco definitivo de las AgTech a nuestro país; para poder desarrollar una crítica certera a estas iniciativas es necesario comprender quiénes las impulsan. Quizás lo más preocupante tenga que ver con el apoyo de políticos de alto rango que vienen cosechando desde hace varios años.
En noviembre de 2018, en un seminario titulado “Silicon Valley Forum Argentina”, uno de los expositores fue Gustavo Béliz, actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. El hombre que fuera Ministro de Justicia de Néstor Kirchner ocupó desde 2005, y durante 14 años consecutivos, distintos puestos para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El último fue como director del Instituto para la Integración de América Latina y El Caribe (INTAL), organismo dependiente del BID.
Ese cargo ocupaba cuando, en el seminario de 2018, el funcionario pidió “aggiornar la economía y la política de América Latina a las nuevas tendencias” y se ilusionó con las posibilidades de la inteligencia artificial para lograr “una integración predictiva e inclusiva en América Latina”. Como bien rescata el informe, poco tuvo para decir en relación a una de las principales críticas que se le hacen a los procesos de robotización: la desaparición de varios puestos de trabajo. Escudándose en “procesos inevitables”, el actual funcionario solo atinó a hacer una vaga mención de una serie de “políticas públicas para reducir los riesgos y las desigualdades”, aunque nunca dijo a cuáles se refería.
Otro de los expositores de alto perfil que se cita es Gabriel Delgado, ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante los últimos dos años del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Quizás lo más interesante de su presentación tenga que ver con la mención a la ciudad de Rosario como “un polo fundamental del cambio tecnológico”. Para justificar lo que decía, tomó como un ejemplo positivo la posibilidad de utilizar el trigo transgénico HB4 de Bioceres, aprobado para su uso en octubre del año pasado, aun después del amplio rechazo que cosechó tanto de ambientalistas y defensorxs de la agroecología como de empresas agropecuarias. Un análisis exhaustivo sobre este tema fue realizado por el mismo Frank en el informe anterior de Acción por la Biodiversidad, “El pan en mano de las corporaciones. Trigo transgénico HB4 en Argentina”.
Esta es solo una pequeña parte de todo el entramado de políticos, empresarios y lobbistas que el informe se encarga de exponer. Al apoyo explícito de funcionarios públicos es necesario sumar los extensos trabajos presentados por observatorios e investigadorxs afines a los intereses del mercado agroexportador que se deshacen en alabanzas a las nuevas tecnologías y omiten los efectos profundamente negativos y las limitaciones estructurales del modelo extractivista de producción; o la participación de gigantes empresariales como Microsoft, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que busca “ampliar sus mercados en el Cono Sur, con la Argentina como puerta de entrada”, según desarrolla el informe.
Las conclusiones del trabajo de Acción por la Biodiversidad echan luz sobre muchos de los rincones oscuros de la agroindustria. Mediante el empleo de datos y fuentes, desmonta los mitos del agronegocio como “generador de trabajo” y muestra los procesos de precarización y desplazamiento de las poblaciones rurales que producen este tipo de emprendimientos empresariales. También descubre el rostro monstruoso de la “economía 4.0” o “de datos”: el uso de procesadores de alto nivel tecnológico que analizan la Big Data generada a partir de los aportes involuntarios de información privada de agricultores y agricultoras.
El uso de estas tecnologías no solo implica una violación a la privacidad de las personas, sino un gasto descomunal de energía, que incluso ha motivado proyectos para emplazar en la Patagonia argentina parques eólicos o represas hidroeléctricas que puedan proporcionar el suministro eléctrico necesario para alimentar estos servidores de datos extraordinariamente grandes.
Por último, es necesario destacar una de las críticas más importantes del informe: el rol de las instituciones y lxs académicxs al servicio de los agronegocios. Como bien explica Guillermo Folguera, biólogo e investigador del CONICET, “desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria, centrada en la innovación y en la intensificación del control social, bajo la lógica dominante de la eficiencia”. El uso de un lenguaje publicitario y contrafáctico, que tuerce los hechos para justificar el uso de monocultivos transgénicos que tienen efectos devastadores en el medio ambiente, la salud y la economía, se ha vuelto moneda corriente en el ámbito de las ciencias y la investigación.
Las críticas a la falta de regulaciones y el otorgamiento de subsidios enormes a las empresas del agronegocio completan el panorama exhaustivo y crítico que brinda este informe. Ante un modelo extractivista de producción que busca aumentar la tasa de ganancia, a costa de destruir nuestros suelos, nuestros ecosistemas y hasta nuestras vidas, Fernando Frank señala hacia dónde es necesario torcer el rumbo: “Estaremos en el buen camino si en vez de drones y pantallas escuchamos cada vez más hablar de suelos vivos, semillas locales y organizaciones comunitarias, populares, integrales, ágiles y sensibles”.
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Publicado originalmente en Biodiversidad LA
