Con 426 votos a favor, una abstención y ni un solo comentario en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de creación de la Secretaría de Cultura que sustituirá al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

La propuesta de reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, presidente de México, pasará ahora a la Cámara de Senadores para su discusión y eventual aprobación.

La noticia fue motivo de júbilo para Peña Nieto y Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, quienes desde sus cuentas de Twitter celebraron la decisión de los legisladores.

En contraste, desde las primeras horas de ayer, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron la ilegalidad del proceso legislativo. Sostienen que el dictamen en cuestión fue aprobado con premura deliberada y que las propuestas cruciales para defender el patrimonio cultural de la Nación, la institución y los derechos laborales ganados no fueron tomadas en cuenta.

Argumentan que a pesar de tener una prórroga de 90 días para hacer el dictamen, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados dictaminó la iniciativa presidencial apenas ocho días después de recibida, además de que redujo el tiempo de consulta, no hizo público el pre dictamen ni lo distribuyó en el plazo establecido con el fin de que fuera de conocimiento amplio, y no convocó a la Comisión en el lapso reglamentario, situaciones que transgreden los artículos 155 y 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En un comunicado, denuncian que “la premura deliberada con la que se consultó y dictaminó, derivó en una simulación de consenso favorable”.

A decir de los trabajadores del INAH, las debilidades del dictamen son notorias, pues lejos de fortalecer al INAH y al Instituto Nacional de Bellas Artes, mantiene artículos y fracciones que vulneran su autonomía técnica y administrativa, y “dan poder casi plenipotenciario al titular de la Secretaría para decidir sobre el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y paleontológico de la Nación”.

Agregan que a pesar de que era indispensable incluir la exigencia de elaborar a la brevedad una Ley de Cultura, el dictamen no contiene la más mínima referencia a la demanda planteada por artistas, creadores, investigadores y representantes de comunidades indígenas. Aunado a ello, “el Artículo Tercero Transitorio mantiene la incertidumbre sobre los derechos laborales pues no explicita el reconocimiento de las condiciones generales de trabajo vigentes en cada dependencia”.

En consecuencia, los trabajadores del INAH advierten que continuarán manifestando su rechazo a la iniciativa presidencial y exigiendo la inclusión de sus propuestas en el dictamen.