El periodista Pedro Canché Herrera estuvo preso más de nueve meses luego de que el gobierno de Quinta Roo lo acusara de sabotaje. La próxima semana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le practicará el Protocolo de Estambul para comprobar si durante su reclusión fue objeto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El 30 de agosto de 2014, el comunicador de origen maya fue detenido arbitrariamente acusado de sabotaje por, supuestamente, organizar un bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

El periodista se involucró en el seguimiento de esta noticia tras la desaparición de los dirigentes de la Comisión de Colonias Populares, quienes se oponían a la imposición del uso del medidor del agua, acción que incrementó hasta en 500 por ciento el costo de este servicio a los indígenas mayas.

Pedro Canché fue amenazado a los pocos días de que iniciara la cobertura del tema a través de videos y fotografías, y el 22 de agosto de 2014 la Secretaría de Seguridad Pública de Quinta Roo pidió una orden de aprensión en su contra por el delito de sabotaje que en el código penal de Quintana Roo es clasificado como grave.

El 5 de mayo de 2015, Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en su favor. En ella señaló las violaciones de que fue objeto y pidió a las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto, al presidente del Consejo de la Judicatura de Quinta Roo y al gobierno estatal frenar el hostigamiento y las amenazas contra el periodista, así como ponerlo en libertad, hecho que ocurrió el 30 de mayo pasado, luego de que su defensa pudo demostrar ante un tribunal colegiado el cúmulo de irregularidades que acompañaron su proceso.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas también se pronunció en torno al caso. En marzo pasado pidió a las autoridades correspondientes que liberaran a Pedro Canché y que le ofrecieran una reparación integral.