Foto: Alan Ortega / Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. El silencio omiso de la Marina Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad; el evidente fracaso del mando único policial en Michoacán; el reagrupamiento y búsqueda de tomar el control territorial de la Costa-Sierra del estado por parte del crimen organizado, son algunas de las acciones que obligaron a la comunidad indígena de Santa María Ostula a reactivar en forma indefinida el retén instalado en la carretera costera 200 en defensa de su territorio.

Dicha decisión fue tomada en Asamblea comunitaria el pasado 4 de septiembre y en el retén estarán participando comuneras, comuneros y la policía comunitaria fundada el 29 de junio de 2009, al mismo tiempo que se fundó el poblado de Xayakalan, debido a la invasión de sus tierras por empresas mineras transnacionales, el exterminio de sus recursos naturales, especialmente de árboles en peligro de extinción, saqueo de madera preciosas, la explotación de las minas de hierro por parte del crimen organizado y la invasión de las playas.

La comunidad nahua informa a la comunidad nacional e internacional que debido a que “los ex templarios, a través de lugartenientes como El Tena, El Tuco y Chuy Playas, se han reagrupado” las y los comuneros exigen: “el respeto y otorgamiento de garantías para la libertad de los integrantes de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán; la desarticulación de cártel que opera en la región y de su estructura política y económica; así como la desmilitarización de la región de la costa-sierra de Michoacán.

Dada la permanencia de las concesiones mineras en el territorio nahua, y cuyo juicio agrario busca “favorecer a los templarios de La Placita y a las empresas mineras interesadas en nuestras tierras”, la comunidad de Santa María Ostula exige cancelación total de las concesiones mineras otorgadas, principalmente a empresas transnacionales como lo es la empresa Ternium.

Cabe recordar que la lucha por la reconstitución del territorio de Ostula comenzó en 1964, cuando le fueron reconocidas sus tierras ancestrales por medio de una resolución presidencial, pero por fallas técnicas en los planos, los pequeños propietarios de La Placita comenzaron a invadir porciones del lugar, tanto para cultivos de papaya, mango y tamarindo, como para fraccionar y vender lotes. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.

La lucha por la defensa del territorio ha costado a la comunidad exilio, muertes y dolor, la desaparición de 6 comuneros desaparecidos; el asesinato de 34 comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos cuatro años; el asesinato del niño Hidelberto Reyes García, ocurrido el 15 de julio de 2015; así como otras afectaciones ante las que prevalece la impunidad, colusión y anuencia de las autoridades.