El centésimo noveno aniversario de la promulgación de la Constitución Política mexicana y el nuevo contexto internacional que se está configurando, desde el segundo arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, nos obliga a pensar si es necesario un nuevo texto constitucional que se adecue a los desafíos geopolíticos que se presentan.

Los acontecimientos internacionales como la operación armada ordenada por el presidente de Estados Unidos para capturar y deponer al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, indudablemente constituyó una acción punitiva violatoria del derecho internacional. Las amenazas abiertas expresadas por Donald Trump de ordenar acciones armadas en el territorio mexicano (bajo el argumento de combatir a los Cárteles del Narcotráfico) y su interés por anexar Groenlandia a los Estados Unidos, constituyen el relanzamiento de la doctrina Monroe, ahora denominada “DONROE” y que parte del principio de “América para los americanos”.

Es evidente que en términos retóricos, el discurso de Donald Trump socava la soberanía de México al incitar a la oposición de derecha a crear una narrativa que genere la percepción de que solo una intervención armada puede poner fin o acotar las actividades de los grupos de la delincuencia organizada.

Estamos ante un mundo volátil que ha entrado en una dinámica de cambios constantes que apunta hacia una reconfiguración hegemónica global de las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y China; ellas, a través del intervencionismo militar, político y económico, buscan subordinar al resto de los países a sus intereses imperiales y coloniales dándoles la calidad de Estados satélites. ¿Es necesario un texto constitucional que actualice los conceptos de soberanía en su acepción más amplia de tal suerte que permita enfrentar al Estado los afanes expansionistas de Estados Unidos o de cualquier otra potencia?

En los últimos años se han incrementado exponencialmente las operaciones encaminadas a desestabilizar países cuyos gobiernos han sido electos a través de las urnas. Las acciones militares y/o de desestabilización política y económicamente encabezadas y/o prohijadas por las tres grandes potencias, han vuelto impredecible el tipo de filiación política que la mayoría de los gobiernos tendrá en los años subsecuentes. (Probablemente sean gobiernos títere como en Venezuela o Hong Kong)

Las presiones políticas, económicas y las operaciones militares encubiertas, encaminadas a instaurar un protectorado acorde con los intereses políticos y económicos de la potencia en turno, terminarán por convertir al derecho internacional y a los organismos multinacionales en una peligrosa entelequia, que será usada o invocada siempre y cuando se ajuste a los intereses del Estado predominante y/o agresor.

Es claro que, desde el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha impulsado la elección de presidentes con una clara filiación ideológica de derecha y/o ultraderecha, proclives a los intereses económicos y políticos de la agenda impulsada desde la Casa Blanca. En los últimos años hemos sido testigos de las reformas constitucionales implantadas, por ejemplo, por Javier Milei, en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Las enmiendas constitucionales en los países mencionados son claramente regresivas; han derogado y/o coartado derechos de amplios sectores de la población o de minorías que históricamente han pertenecido a los grupos más vulnerables.

México no es la excepción y actualmente se encuentra en el centro de la disputa. ¿Cuál es el tipo de gobierno que mejor responde a los intereses de la Casa Blanca? Una simple revisión de la información y opiniones que se difunden en los medios masivos de comunicación y redes sociales, dan cuenta de la existencia de una corriente ideológica en ciernes, que, junto con otras fuerzas políticas y no pocos ciudadanos, han impulsado una narrativa que concibe como necesaria e inminente una o varias acciones militares de las fuerzas norteamericanas en México. Dicha postura es impulsada por los grupos de derecha y ultraderecha asentados en Washington D.C., y otros puntos de poder, con el argumento de que el Estado mexicano ha sido incapaz de poner freno a las actividades de la delincuencia organizada, a la corrupción de los políticos (incluyendo a los del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA) y de garantizar la seguridad pública.

Sin embargo, es claro que la intención que subyace en la política norteamericana es el debilitamiento y /o el derrocamiento del actual régimen y la instauración de una administración afín a los intereses geopolíticos y económicos de la Casa Blanca.

Bajo las circunstancias descritas ¿Qué tipo constitución es la que el nuevo constituyente debe redactar para que sea acorde a los nuevos tiempos?

Debe ser una Carta Magna, que defina claramente los conceptos de libre autodeterminación, de soberanía territorial, alimentaria, energética, marítima y digital; así como, el control del Estado de la conservación y explotación de los recursos naturales y minerales. Determinante sería la clasificación de cuáles son los recursos minerales estratégicos (litio, uranio, tierras raras etcétera) y prohibir expresamente que esos recursos sean objeto de concesión para aprovechamiento y explotación a cargo de empresas extranjeras. En fin, un nuevo texto constitucional acorde a los tiempos actuales, que pueda facilitar al Estado enfrentar los escenarios geopolíticos que pueden presentarse.

No podemos obviar que al final la redacción de un nuevo texto constitucional requiere del mayor consenso de las fuerzas políticas, so pena de terminar convirtiéndose en una imposición del grupo gobernante o de aquel que tenga la capacidad de generar los consensos, los cuales no siempre están en sintonía con el bien común y con los intereses superiores de la Nación.

Comportamiento judicial

Un seguimiento de las sesiones ordinarias del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va dejando en claro la formación de bloques de la nueva integración. Las discusiones de los asuntos, en no pocas ocasiones, han derivado en enfrentamientos que en varias ocasiones no tienen su origen en el debate jurídico, si no en la imposición de egos. Esta situación tampoco es novedosa. Aunque es justo decirlo, en las anteriores integraciones, el debate de egos en la gran mayoría de ocasiones se centraba en puntos de vista jurídicos discordantes.

Han pasado cinco meses de la nueva integración y en ese lapso también ha quedado claro qué ministras y ministros han presentado más proyectos y quiénes de sus pares, un trabajo magro. La curva de aprendizaje de las dos terceras partes de los integrantes de la Corte, han tenido sus altibajos. Por el bien de los justiciables dicha situación no puede ser indefinida.