La semana de movilizaciones para lograr un tratado internacional que regule y obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, someterse a la legislación internacional al respecto y responsabilice a los Estados sede por las conductas de estas empresas en el Sur se inició este lunes en Ginebra, Suiza, con una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos donde Shell, Glencore, Mekorot, Chevron, Pacific Rim e Hidralia, entre otras trasnacionales fueron acusadas de crímenes humanitarios y ambientales.

En la sala Mahatma Ghandi de la Casa de las Asociaciones, cerca de la céntrica Place du Cirque, uno de los testimonios reveladores de lo que las organizaciones denominan la “arquitectura de la impunidad” fue la de los delegados ecuatorianos Pablo Fajardo y Oscar Herrera.

Pablo es un abogado que litiga contra la empresa petrolera Chevron-Texaco por el terrible e irremediable daño ambiental que generara esta empresa en la amazonía ecuatoriana, en tanto que Oscar trabajó para dicha empresa en la provincia de Orellana.

El ex funcionario de la empresa, describió las terribles condiciones de trabajo con que contaba la población asalariada de la zona de influencia de la petrolera, así como las distintas estrategias mediante las cuales la corporación norteamericana buscó maquillar los efectos de su accionar en territorio sudamericano.

Fajardo por su parte señaló que en la argumentación iniciada en 1993 en cortes nortamericanas contra Chevron, se demostró que la empresa había vertido 60.000 de litros de petróleo y otras sustancias contaminantes y que fue un crimen provocado de manera intencional, con múltiples extensiones en persecución, asesinato de testigos y otras facetas delictivas.

Así, aunque el caso fue derivado en 2003 a la jurisdicción ecuatoriana, la justicia norteamericana obligó a Chevron a pagar un total de 9.500 millones de dólares. Sin embargo, en el interregno, Chevron se deshizo de todos sus activos en Ecuador y la multa aún está pendiente de pago.

La petrolera no se rindió y ha venido apelando a instancias internacionales que le son más favorables, así como extorsionando a otros estados mediante inversiones, para evitar ser embargado por sus propiedades y activos en terceros países.

Este martes, la semana de movilizaciones continuará con eventos paralelos en el palacio de las Naciones, donde tiene su sede el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde las organizaciones de un lado y los gobiernos de otro continúan negociando sobre la posibilidad de un Tratado y un Tribunal público internacionales para juzgar a las corporaciones por su conducta en perjuicio de los derechos de las comunidades y los Estados.