Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Por no garantizar la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de las comunidades indígenas y municipios afectados por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaria Rosario Robles Berlanga, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al Secretario Rafael Pacchiano Alamán, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México (EDOMEX).
El organismo nacional recordó que el proyecto carretero inició el 5 de diciembre de 2006, fecha en que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) del Estado de México emitió la convocatoria de licitación pública, sin consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista, y de manera unilateral elaboró un anteproyecto de la ruta y estudios de prefactibilidad, impacto ambiental, tenencia de la tierra, evaluación económica y análisis financiero.
Por otra parte, de acuerdo con uno de los expedientes de la CNDH, se corroboró que no existió verdadera consulta a los integrantes de la Comunidad Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, quienes coincidieron en que su intervención tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras al SAASCAEM, como lo indica el Decreto Expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015.
Además, tampoco se advirtió de qué manera se dio a conocer dicho proceso de consulta, porque se organizó sin tomar en cuenta a la comunidad indígena, se programó en un lugar ajeno a ésta y de último momento se cambió a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México. Agregó que la consulta se realizó en una semana, “tiempo insuficiente para que los afectados pudieran conocer los detalles, resolver dudas, proponer soluciones, reflexionar y fijar una postura para otorgar o no su consentimiento”.
Por todo lo anterior, la CNDH emitió una serie una de recomendaciones, entre las que destaca la publicación por parte de la SEDATU en el Diario Oficial de la Federación una circular que establezca la obligación de los servidores públicos de integrar expedientes relacionados con proyectos institucionales en los que se vean afectadas comunidades indígenas, así como al gobierno del Estado de México implementar un Fondo Comunitario en favor de las comunidades indígenas, cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole, mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas y otras actividades que las beneficien.
