Al cumplirse un año de la muerte del italiano las investigaciones abiertas tanto en Italia como en Colombia para esclarecer las dudas que existen sobre lo que se presentó en su momento como un suicidio no avanzan.

Un ascenso indignante y polémico marca el primer aniversario de la muerte de Mario Paciolla, miembro de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas: el del exmilitar Christian Leonardo Thompson Garzón, principal implicado en la alteración de la escena de los hechos y la destrucción y desaparición de evidencias que hubieran podido esclarecer las circunstancias en que murió el joven italiano.

El cuerpo de Mario fue hallado la mañana del 15 de julio de 2020 con signos de asfixia y heridas en su cuerpo, hecho que rápidamente Medicina Legal en Colombia calificó como suicidio. No obstante, los resultados de la necropsia en Italia, que se han mantenido en reserva, permitieron al Ministerio Público de ese país abrir una investigación por homicidio.

Thompson, quien en julio del año pasado era el encargado de seguridad de la Misión en San Vicente del Caguán, fue nombrado recientemente como jefe nacional del Centro de Operaciones de Seguridad (COS), adscrito al Departamento de Salvaguarda y Seguridad (DSS) en la Misión, pese a estar bajo investigación por haber coordinado la “limpieza” del apartamento donde fue encontrado Paciolla y la recolección de sus efectos personales.

El COS es clave para la ejecución de las tareas operacionales y administrativas de la Misión, pues es el departamento que aprueba y supervisa los viajes a terreno de los miembros de la misma –funcionarios nacionales e internacionales, consultores y voluntarios—, recibe los reportes de todas las misiones y registra los incidentes de seguridad que éstos puedan sufrir.

Desde su nuevo cargo, Thompson deberá responder a un requerimiento realizado desde el año pasado por el fiscal de Florencia (Caquetá) que hasta hace poco tenía asignado el caso Paciolla: la entrega pormenorizada de los viajes e informes del italiano realizados entre agosto de 2019 y julio de 2020, con los cuales la Fiscalía buscaba verificar el rol del voluntario en la documentación del bombardeo militar que ocasionó la muerte de al menos ocho niños reclutados por las disidencias de las Farc.

Según fuentes al interior de la Misión, la filtración de varias partes del informe de la Misión sobre el particular al senador Roy Barreras y su posterior revelación generaron la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero y, a la postre, la muerte de Paciolla. Pese a la anunciada colaboración de las Naciones Unidas con la investigación, a la fecha la Fiscalía no ha recibido respuesta alguna.

Ahora bajo la responsabilidad de Thompson Garzón, es incierto el destino que puedan tener o haber tenido dichos informes y registros de viaje, pues como han establecido las autoridades judiciales, fue éste el responsable de botar varios elementos ensangrentados en el basurero municipal, los cuales jamás fueron hallados por los investigadores. Tras la muerte de Paciolla, Thompson coordinó, además, el traslado de los implementos de oficina de Mario a varias sedes de la Misión de la ONU en el país, entre ellos el mouse ensangrentado que fue encontrado a finales de julio de 2020 en la sede principal de la Misión en el norte de Bogotá.

La ONU sí documentó bombardeo en Caquetá

Pese al silencio oficial de la ONU sobre el caso Paciolla y las denuncias de El Espectador, así como a las versiones que en su momento indicaron que la Misión no realizó ninguna labor en el caso del bombardeo, este diario conoció documentos internos de la Misión que prueban que ésta sí supo y documentó el ataque del 29 de agosto de 2019 en la vereda Aguas Claras (San Vicente del Caguán) contra el campamento de Rogelio Bolívar Córdova, alias Gildardo el Cucho, en el que murieron al menos siete niños y adolescentes de entre 12 y 17 años.

En efecto, el Reporte Mensual de Verificación correspondiente a septiembre de 2019 emitido por la Oficina Regional en Florencia (ORFLO) de la Misión, informó al nivel central que “el 30 de agosto, en un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales contra el GAOR-7, el ejército reportó la muerte de ‘Gildardo el Cucho’ (…) La ORFLO lleva a cabo una verificación conjunta del hecho con otras oficinas regionales de la Misión. Hay indicaciones de reclutamientos de menores por el GAOR 7 (aparentemente, varias víctimas eran menores de las veredas La Chipa, Villalobos y Campohermoso; municipio de Puerto Rico, y de El Diamante, Las Damas y La Novia; en San Vicente del Caguán) (…)”.

Por sí solo, este documento comprueba las actividades de documentación de la Misión en torno al bombardeo, pese a lo cual el hecho no resultó mencionado en ninguno de los informes trimestrales o anuales de la Misión al secretario general de la ONU, lo cual ocasionó la molestia del voluntario Mario Paciolla.

El mismo reporte alertó además sobre la fuga de información hacia las autoridades militares y policiales, aunque las fuentes de la Misión señalaban a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Preocupa que fuentes institucionales y sociales hayan afirmado que un GAO [Grupo Armado Organizado] de esta zona habría solicitado a la población evitar contacto con la ONU (supuestamente UNODC), subrayando que ‘la ONU entrega información a la fuerza pública’”.

Sobre este aspecto, tras la denuncia de El Espectador en septiembre pasado, la Misión de Verificación canceló el contrato de consultoría del capitán de fragata (r) Ómar Cortés Reyes, ex jefe de Inteligencia de la Armada Nacional y ex miembro de la Junta de Inteligencia Conjunta de las fuerzas militares, a quien varias fuentes de la propia ONU señalaban como responsable de varias filtraciones que pusieron en riesgo a los funcionarios de la organización.

La salida de Cortés Reyes no ha sido la única baja de la Misión durante los últimos meses: muchos compañeros de Mario Paciolla renunciaron a sus cargos o se negaron a renovar sus contratos, mientras otros pocos que se preciaban de ser amigos del voluntario fueron ascendidos a medida que atacaban su memoria y esparcían rumores que reducían sus labores a simples tareas de oficina o de organización de actividades deportivas con desmovilizados.

Por su parte, tanto la Fiscalía colombiana como la Procura italiana han mantenido el caso en silencio y realizado nulos avances en la investigación de un caso que conmocionó a Italia y sobre el cual este martes el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, pidió a la vicepresidenta y canciller colombiana, Martha Lucía Ramírez, mayor impulso.

En palabras del abogado de la familia Paciolla en Colombia, Germán Romero, a un año de la muerte del italiano la investigación “transita hacia el olvido y va rumbo a minimizar y tolerar que las cosas se hagan mal y a que la vida de Mario no importe”.

Publicado en El Espectador