El 18 de febrero, Rita Amador López, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, con sede en la capital poblana, recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Del otro lado del auricular, una voz femenina le lanzó la siguiente amenaza: “Rita, van por ti. Cuídate y Sergio”.

La denuncia se dio a conocer ayer en comunicado. En éste, el Consejo General de Representantes de la UPVA responsabiliza al gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, de cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física y mental, así como la libertad personal de Rita Amador López, Sergio León López, María de la Luz Gálvez Javier y Silverio Montes Silva.

Cabe destacar que estas cuatro personas enfrentan un proceso penal por el delito de ataques a las vías de comunicación, tras la marcha pacífica que realizaron el 21 de agosto de 2015 en la ciudad de Puebla para exigir a los gobernantes el cese a la criminalización social, así como la liberación de las y los presos políticos de la entidad, incluidos cuatro miembros de la UPVA: Rubén Sarabia Sánchez, Fernando Alonso Rodríguez, Atl Rubén Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna.

En su escrito, los representantes de la UPVA señalan que la amenaza telefónica contra Rita Amador se da luego de que el gobierno de Puebla mostrara una actitud agresiva y de cerrazón al diálogo. Puntualizan, asimismo, que el 17 de febrero pasado se corrió el rumor de que la policía del estado realizaría un operativo en el Mercado Hidalgo, sede de la UPVA, o que detendrían a alguno de sus dirigentes.

Para la UPVA es importante recordar que, a partir de 2014, el gobierno de Puebla inició una persecución política en contra la familia de Rubén Sarabia Sánchez, en su afán de destruir a la organización fundada en 1973. Es así que, a la fecha, él y dos de sus hijos se encuentran en prisión, situación a la que se suma el acoso judicial que pesa sobre su esposa (Rita) y nuera (María).

Los representantes de la UPVA reiteran que las cuatro personas señaladas en la causa penal 452/2015 como responsables de ataques a las vías de comunicación “no han cometido delito alguno, y se encuentran amparados en contra del proceso que fabricó el gobierno estatal para criminalizar la protesta social en Puebla”.