La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apitdtt) denunció que individuos fuertemente armados, al parecer policías municipales, arribaron ayer al palacio municipal de San Dionisio del Mar, Oaxaca, en un acto de «intimidación, amedrentamiento y hostigamiento» contra comuneros y pobladores de esa localidad que tomaron el inmueble en febrero, en rechazo al proyecto eólico impulsado por la empresa Mareña Renovables.
La organización informó que los sujetos armados fotografiaron a quienes hacían guardia en el palacio y los encañonaron con sus armas, para luego irse.
Esta táctica, afirmó la Apidtt, ha sido aplicada por las empresas energéticas en varias comunidades istmeñas (Unión Hidalgo, La Venta e Ingenio Santo Domingo). Se envían grupos paramilitares para amedrentar a quienes están en resistencia, con la anuencia y participación del gobierno estatal y federal, aseguró la organización, y detalló que agresiones similares han ocurrido en San José del Progreso, cuyos pobladores se oponen a la operación de una minera canadiense en su territorio; en Cherán, Michoacán, donde los comuneros defienden sus bosques, y en Chicomusuelo, Chiapas, donde la población rechaza una minera.
Pidió a los pueblos de Oaxaca «y el mundo» enviar misivas al presidente Felipe Calderón Hinojosa, al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, así como a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, en demanda de que se respete el derecho de los pueblos indígenas en general y de los huaves del Istmo de Tehuantepec en particular de manejar su territorio, así como respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier proyecto.
Asimismo, exige que se tomen de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad de la comunidad indígena de San Dionisio del Mar; que las autoridades de Oaxaca investiguen y sancionen a los responsables de las agresiones contra el comunero Moisés Juárez Muriel, golpeado el 25 de agosto.
Además, que Mareña Renovables, el Banco Interamericano de Desarrollo, Macquarie México, Fondos Nacionales para la Infraestructura, el fondo de pensiones holandés PGGM, Mitsubishi y demás promotoras del megaproyecto eólico, dejen de hostigar a la comunidad indígena de San Dionisio y «entiendan que el pueblo no permitirá la construcción del parque».
