Ciudad de México | Desinformémonos. La Guardia Comunal de Santa María Ostula fue amenazada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el pasado 6 de septiembre, cuando aseguró que su administración dejará al estado «libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos» y enfatizó que en el municipio de Aquila es resguardo de «autodefensas o civiles que están al margen de la ley».

«Estas declaraciones constituyen un grave riesgo para la comunidad y vulnera su condición de autonomía y libre determinación como pueblo indígena», señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) en un comunicado.

La Red recordó que la Guardia Comunal de Ostula, como organización autónoma, ha garantizado la seguridad de la comunidad ante la falta de garantías por parte de las autoridades en Aquila, así como que la guardia está facultada por la asamblea de comuneros, máxima autoridad agraria y tradicional.

Añadió que por estar facultada por la asamblea la Guardia Comunal es objeto de protección especial en los términos constitucionales y convencionales vigentes en materia de derechos humanos y cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Por ello, la Red TDT exigió que el gobierno federal y el gobierno de Michoacán «se abstengan de violentar los derechos a libre determinación, mediante acciones que tengan como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula».

A continuación el comunicado completo:

La Guardia Comunal de Santa María Ostula, Michoacán fue amenazada en recientes días por el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, quien el 6 de septiembre de 2022 declaró que su actual gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”. En su declaración pone especial énfasis en el municipio de Aquila, al que pertenece geográficamente esta comunidad indígena nahua; ahí el gobernador señala y reitera que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

Estas declaraciones constituyen un grave riesgo para la comunidad y vulnera su condición de autonomía y libre determinación como pueblo indígena.

Junto a ellas y ellos expresamos nuestra preocupación por la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Michoacán: los desplazamientos forzados que ha provocado la presencia del crimen organizado, los asesinatos dolosos registrados todos los días, el gran número de desapariciones forzadas, el cobro de piso y una infinidad de delitos de primer impacto que azotan a diferentes regiones, excepto la  sierra costa, que está resguardada por la Guardia Comunal de Ostula y autodefensas de los municipios Chinichuila, Coahuayana y Aquila.

Para este contexto particular de violencia, la Guardia Comunal representa una opción de seguridad, pues ninguna autoridad gubernamental ha podido garantizar esa estabilidad con la que hoy cuenta el municipio de Aquila. En consecuencia, Reconocemos el esfuerzo del Sistema de Seguridad Municipal y Comunitario, que está basado en el modelo de Policías Comunitarias y los Grupos de Autodefensa.

La Guardia Comunal está facultada por la máxima autoridad agraria y tradicional: la asamblea general de comuneros. Con ella han podido garantizar la seguridad comunitaria sustentada en una organización autónoma.

Lo anterior, hace que la organización de Ostula sea objeto de protección especial en los términos constitucionales y convencionales vigentes en materia de derechos humanos y cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Al observar la historia de Ostula, advertimos la violencia generada por las dinámicas del crimen organizado, el despojo y la militarización, que han provocado graves atentados en contra de quienes, día a día, protegen  y defienden la tierra y la autonomía comunal. Siendo víctimas de la violencia en el periodo comprendido entre 2009 y 2014. Hidelberto Reyes, niño asesinado por el Ejército Mexicano figura en la lista de los 38 comuneros asesinados y los 6 más que fueron desaparecidos durante esos años.

Por lo anterior, nos manifestamos por las siguientes exigencias:

1.        Que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán se abstengan de violentar los derechos a libre determinación, mediante acciones que tengan como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula.

2.        Que mediante un diálogo respetuoso, se den las garantías legales necesarias para el pleno funcionamiento y respeto a los trabajos que la Guardia Comunal brinda en materia de seguridad pública. Proceso que deberá efectuarse de manera formal, pública y con la participación de los tres niveles de gobierno.

Desde que las y los habitantes tomaron la seguridad y la justicia en sus manos, ejerciendo sus derechos como pueblo y comunidad indígena, Ostula es hoy uno de los lugares más seguros del país, por lo que la amenaza de represión en contra de la Guardia Comunal, constituye una violación a sus derechos humanos colectivos y representa una alerta para la seguridad nacional que hoy con las actuales reformas y disposiciones que apuestan a la militarización, cuelga de un hilo.

 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”