Hay algo profundamente inquietante en la decisión del Ayuntamiento de Milán de otorgar el *Ambrogino d’Oro* al Núcleo Operativo Radiomóvil de los Carabineros. El *Ambrogino d’Oro* es la máxima distinción cívica de la ciudad, algo así como una medalla oficial que Milán entrega cada año a personas o instituciones consideradas ejemplares por su servicio público. Dársela justo este año, cuando la Fiscalía acaba de cerrar la investigación por la muerte de Ramy Elgaml y cuando siete carabineros y el amigo del joven están siendo investigados por delitos que van desde homicidio culposo por accidente vial hasta falsedad ideológica y encubrimiento, no es un trámite burocrático: es una postura política muy clara.

La propuesta de premiar al cuerpo policial vino de Silvia Sardone, dirigente de la Lega tanto en el Consejo municipal como en el Parlamento Europeo, y la administración encabezada por Giuseppe Sala aprobó la lista sin frenarla, pese al peso simbólico de la decisión. Incluso dentro de la mayoría hubo incomodidad, pero la señal institucional no cambió: el Radiomóvil debía ser premiado. En un sistema donde estas distinciones dependen también de equilibrios políticos, confirmar precisamente esta candidatura equivale a tomar partido en el centro de un caso que sigue abierto, tanto en lo judicial como en lo social.

Un año antes de este premio, ese mismo cuerpo de carabineros había protagonizado una persecución de más de veinte minutos por las calles de Milán contra la motoneta en la que viajaban Ramy y su amigo. Los videos transmitidos por la televisión —hoy integrados en la carpeta de investigación— muestran maniobras agresivas, intentos de acercamiento a distancia peligrosa y comentarios que dejan ver la intención de “cerrar” la persecución físicamente. Todas las justificaciones que se dieron en un inicio —un retén supuestamente ignorado, maniobras peligrosas, sospecha de robo— fueron desmentidas por las investigaciones. Para la Fiscalía, aquella noche simplemente no había ninguna razón válida para desatar una persecución así en plena ciudad.

El cierre de las investigaciones hizo aún más grave el panorama: acusaciones de homicidio culposo, pero también de falsedad ideológica y encubrimiento contra cuatro carabineros que habrían omitido información clave, eliminado el choque del informe oficial, ignorado testigos y manipulado videos. No se trata únicamente de la tragedia del impacto final: lo que ocurrió después —la elaboración y alteración de documentos oficiales— también entra en el ámbito de la responsabilidad penal.

Y junto a lo que dicen los expedientes, hay algo más que pesa: **una parte amplia y diversa de la opinión pública considera la muerte de Ramy no como un accidente, sino como un verdadero homicidio**. No solamente por el golpe final entre la patrulla y la motoneta, sino por toda la secuencia de decisiones, omisiones y conductas que construyeron esa noche: la desproporción de la intervención, la duración de la persecución, las velocidades, el contexto urbano, el modo en que las patrullas actuaron, las frases que se escuchan en los videos y la impresión —muy extendida— de que Ramy y su amigo fueron tratados como un blanco a “neutralizar” cueste lo que cueste. Para muchísimas personas en la ciudad y en el país, incluidas comunidades migrantes y jóvenes que viven la discriminación policial a diario, la muerte de Ramy no es un accidente: es la consecuencia directa de un uso de la fuerza percibido como punitivo y discriminatorio. Por eso, que se premie al Radiomóvil justo ahora se siente como una provocación y como un intento de cerrar simbólicamente el caso antes de que exista una verdad judicial.

Ese sentimiento no surge de la nada. En Italia —como en muchos países, incluido México— existe un clima donde ciertos cuerpos son percibidos automáticamente como sospechosos: jóvenes, racializados, pobres. No hacen falta insultos racistas: basta observar a quién detienen más seguido, quién genera alarma, quién hace que una patrulla active maniobras que nunca se aplicarían en otros barrios o contra otros cuerpos. El caso de Ramy se inscribe en ese escenario más amplio, y premiar al cuerpo involucrado justo cuando enfrenta acusaciones tan graves significa, para muchos, reforzar la idea de que cualquier acción policial es justificable después de los hechos, incluso cuando termina matando.

La familia de Ramy lo ha dicho sin rodeos. Su padre, Yehia Elgaml, declaró: «Seguimos confiando en la justicia, pero así no está bien: no deben darles el regalo del Ambrogino». En la marcha conmemorativa por el aniversario de la muerte de su hijo, volvió a hablar del dolor, de la rabia y de lo ofensiva que es esta decisión institucional.

Al entregar el *Ambrogino d’Oro* al Radiomóvil justo este año, las instituciones milanesas eligieron de qué lado están. Ante una muerte ocurrida en una persecución sin fundamento, ante versiones contradictorias, ante una investigación que habla de homicidio culposo, falsedad y encubrimiento, y ante una opinión pública que identifica en esa muerte una responsabilidad directa y sistémica, la ciudad decide celebrar a quienes protagonizaron esa noche. Es una decisión que revela cómo entiende Milán la seguridad, el mérito y la responsabilidad. Revela a quién protege y a quién considera sacrificable en nombre del orden.

Pero fuera de los palacios institucionales, la historia no está cerrada. Cientos de personas se manifestaron bajo la lluvia para recordar a Ramy. Incluso representantes de la misma mayoría estuvieron ahí, mostrando una fractura interna que esta distinción no logra esconder. Porque Milán no es una sola: está la Milán que premia y la que exige justicia; la que repite la versión oficial y la que reconoce en la muerte de Ramy un homicidio maquillado de accidente; la Milán que se muestra con medallas y la Milán que vive las periferias y la discriminación todos los días.

Y precisamente por eso no se puede permitir que el *Ambrogino d’Oro* se convierta en el sello de una verdad conveniente. No se puede permitir que una distinción cívica cubra la responsabilidad de las fuerzas de policía en la muerte de un joven y, según la Fiscalía, en la manipulación de la verdad. No se puede aceptar que un abuso se disfrace de mérito.

La lucha sigue siendo la misma que sostiene la familia de Ramy: verdad, justicia y memoria. Mientras esas tres palabras no sean respetadas, ninguna medalla podrá cerrar esta historia.