foto: Cosecha Roja
Argentina I Con 30 vehículos, 400 efectivos, un helicóptero y perros, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó un allanamiento y un rastrillaje a la PuLof en Resistencia del Departamento de Cushamen bajo la excusa de buscar «pertenencias» de Santiago Maldonado un día después de declarar que el joven “se podría haber ahogado». La familia, que lo había recusado días atrás, se enteró por los medios de comunicación. Lo mismo ocurrió con las partes querellantes. En la comunidad, el Juzgado le negó la entrada a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, a los integrantes de la APDH de la Regional Noroeste de Chubut y al Defensor Federal de Esquel, Fernando Machado. La familia calificó la medida como un “circo”: ocurrió el día en que debían declarar tres testigos claves de la comunidad.
Unos 400 efectivos hicieron el lunes 18 de septiembre por la mañana un mega allanamiento en el territorio de Lof Cushamen. El juez Guido Otranto ordenó rastrillar todo el lugar y ocuparlo “por el tiempo que sea necesario” con efectivos de distintas fuerzas de seguridad nacionales y de Chubut. Las partes de la causa se enteraron por los medios de comunicación: el anuncio salió en al tapa de La Nación, publicada casi al mismo tiempo en el que se cortaban todos los accesos al Pu Lof. Desde la comunidad informaron que todos los accesos y la ruta 40 estuvieron cortados desde la noche. Durante el operativo, la Policía Federal detuvo a Elizabeth Loncopan en su casa. Después de las 19 la liberaron.
“La gente que se encuentran dentro del territorio está con sus manos precintadas hasta tanto no termine el operativo. Hacemos un llamado a la sociedad en general a estar atentos ante cualquier hecho que pueda ocurrir, ya que es un claro atropello lo que están subiendo las comunidades”, contó el MAP desde su cuenta. Entre ellos estaba Matías Santana, el testigo que dijo que vio cómo se llevaban a Santiago Maldonado. A él, como a la mayoría de la comunidad, lo tuvieron doce horas precintado.
Más temprano, Patricia Loncopan, hermana de Elizabeth, contó a Cosecha Roja: “Recibí un llamado de la comunidad y me informaron que mi hermana fue detenida entre las 9.30 y diez de la mañana. Lo único que sé sobre la causa de su detención me lo dijeron por teléfono desde la policía, dijeron que se la llevaron porque no se identificó”.
“Me comuniqué en principio con la comisaría de la mujer y me dijeron que no tenían información, llamé al comando y me dijeron que llame a la primera. Ahí me informaron que la habían trasladado a la comisaría de la mujer. En esa comisaría me dijeron que la tenían ellos, pero que no me podían dar ninguna información: solo que la había llevado la policía federal pero que era muy probable que la trasladaran porque no había espacio”, dijo Patricia. Y agregó que desde la policía le habían dicho que después de dos horas la iban a liberar. Eso ocurrió recién cerca de las 19.
“Nos enteramos por los medios, fue totalmente sorpresivo”, dijo la abogada de la comunidad mapuche Sonia Ivanoff. “Esta situación que estamos viviendo es de una irregularidad extrema, porque tampoco pudo ingresar el doctor Julio Bravo (abogado que presentó habeas corpus en defensa de la comunidad Lof Cushamen en conjunto con Ernesto Moreau, presidente de la APDH, y Julio Saquero, miembro de la mesa nacional y referente de la APDH Esquel)”. En declaraciones a C5N frente a la zona allanada, Ivanoff dijo que el despliegue resulta desproporcionado: “Son entre 300 y 400 efectivos contra siete personas que podrían estar en el territorio porque empezó muy temprano y acá está haciendo mucho frío”.
A las 15, el MAP denunció en Facebook: “Dentro de los operativos “allanamientos” se encuentra la comunidad vuelta del río familia Kalfupan y Huillinao, también el Pu Lof como ya es de público conocimiento. Queremos denunciar que las familias han sufrido serios atropellos, ya que fueron retirados de sus domicilios brutalmente y esposados mientras se encontraban durmiendo. Aun con el juez Otranto presente procedieron a destrozar las viviendas que se encontraban en el lugar, una de ellas la del Lonko Facundo Jones Huala”.
Al lugar no pudo acceder la prensa, ni la APDH -que es querellante la causa- ni el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, que llegó acompañado por su abogada. “Al no estar nosotros el allanamiento no tiene validez, corre por cuenta de ellos. Lo voy a denunciar en todos lados, en la Corte Interamericana , en todos lados porque es impresentable, tiene que estar preso, es un delincuente”, dijo Maldonado.
“Fueron a las cinco de la mañana. Hoy era un día clave porque se presentaban a declarar varios testigos y se iba a saber mucho más. El temor mío es que vayan y tiren a mi hermano ahí adentro e inventen otra cosa” , dijo más tarde en diálogo con AM 750.
Soraya Maicoño, integrante de la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen, explicó que no sabe cuántas familias quedaron en la zona donde se realiza el operativo, ya que ayer habían hecho una ceremonia en otra Lof y no hay exactitud de cuántas personas regresaron “Sí sabemos que está Matías Santana, que es uno de los testigos más claves de esta situación”, dijo a C5N.
La base operativa de la prefectura y de la policía federal se instaló dentro de la estancia de Benetton. “Entran y salen las camionetas de Benetton, las camionetas de la policía. Hoy a la mañana vieron salir a toda la policía montada de aquí dentro. Duermen y los alojan aquí dentro, eso es preocupante, porque muestra el nivel de corrupción e impunidad con el que se están manejando”, dijo Maicoño.
Objetivo: encontrar la mochila y el celular
Los medios solo pudieron llegar hasta 7 kilómetros del lugar. El operativo se convirtió casi en una ocupación militar y fue anunciado por el diario La Nación, el único medio con el que el juez habla. Allí explicaron que el territorio será ocupado y rastrillado por más de 300 agentes, tres helicópteros, drones y efectivos del GEOF y del GE 1 (Policía Federal), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del grupo Albatros (Prefectura), además de “buzos tácticos de la Prefectura y de la Policía Federal; unidades de Infantería, de Caballería y un grupo especial de acampe” con vehículos todoterreno. “En la intervención sólo los grupos especiales GEOF y GE1 podrán llevar armamento. Los demás efectivos irán desarmados con equipamiento antitumulto”, publicó La Nación.
La semana pasada hubo varias intromisiones en comunidades Mapuche, algunas a cientos de kilómetros del río Chubut. Aunque sin tanto despliegue, algunas se hicieron de madrugada y sin ninguna orden judicial.
Uno de los objetivos de este nuevo operativo fue “encontrar la mochila y los celulares” de Santiago, donde estaría su equipo de tatuador. El otro: intentar demostrar que Santiago se ahogó en el río. Luego de casi una decena de pistas falsas, esa hipótesis fue plantada en público por el juez Otranto. “Es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando”, dijo en su entrevista con La Nación.
Desde la familia desmintieron esa versión. “Lo que dijo el juez es uno de los motivos porque lo recusamos. Estamos a día 47 y mañana es el día 48 y el juez sale con esta hipótesis ahora de que Santiago se ahogó en el río, cuando el día 5, que fue un sábado y que se hizo un peritaje, salieron los buzos y dijeron que no podía haber ingresado al río”, dijo Sergio Maldonado en declaraciones a un canal de televisión.
Reportan represión en Fvta Xayen en la región de Vaca Muerta
Hoy a la madrugada la policía realizó un desalojo violento en el Lof Fvta Xayen (Paraje Tratayen) a 80 km de la Ciudad de Neuquén, y en la zona conocida como Vaca Muerta. La Confederación Mapuche de Neuquén denuncia:
Más de 60 policías camionetas y trafics de la UESPO (unidad Especial de la Policia), entraron violentamente destruyendo la tranquera y deteniendo a autoreidades mapuce, el werken Diego Rosales y a dos jovenes kona del Lof.
Pero el aspecto más grave y urgente es que han plantado falsas «pruebas» para ensuciar nuestra justa causa: junto con el operativo ha aparecido armas y drogas que servirán para un montaje repetido: el “maputerrorismo”.
Una vez más el gobierno y la Justicia de Neuquén intentan resolver mediante la violencia un conflicto que es netamente político territorial. Nuestras demandas son claras y las venimos sosteniendo hace décadas frente a un gobierno que no quiere cumplir las leyes, solo se preocupa de beneficiar a las multinacionales, y garantizar los negocios de las familias que ocupan el gobierno, tal es el caso de los Ferracioli.
Rechazamos cualquier intento de montaje que quiera plantarnos armas o falsas pruebas para vincular nuestra lucha pacífica con métodos violentos. Esta estrategia la viene ensayando el Gobierno Nacional y provincial, a traves de los medios masivos de comunicación. No caeremos en esa provocación y seguiremos sosteniendo las prácticas que han permitido defender nuestros derechos sin violentar a nadie, solo ejerciendo el derecho.
Hemos soportados desde años pero sobre todo en estos últimos meses la campaña de racismo institucional que busca legitimar la represión que hoy está ocurriendo. Vivimos asediados por la policía y la gendarmería.
En esta Nueva Campaña del Desierto se busca limpiar esta tierra de Mapuce y de todo aquel que valore la vida para garantizar el negocio de las Petroleras, que solo ha generado muerte, contaminación y saqueo.
La solución a este conflicto es dialogando políticamente, y asumiendo que es ilegal la manera en que instalan el extractivismo en nuestros territorios. Es urgente y necesario que los Derechos que se ha logrado con nuestra lucha se convierta en realidad.
¡Marici wew! ¡Diez veces venceremos!
