Las organizaciones Fundar, Poder, Oxfam México y CartoCrítica alertaron sobre la centralización de la asignación de recursos, la falta de transparencia y nula participación de comunidades y autoridades locales a partir de las modificaciones aprobadas al Fondo Minero.

Con las modificaciones al fondo y la nueva Ley de Derechos se asignan los ingresos un 85% a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para financiar infraestructura educativa principalmente, 5% a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero, y 10% al Gobierno Federal para programas de infraestructura.

Para las organizaciones, el nuevo modelo desdibuja la figura del Fondo Minero y desaparece el objetivo original de elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras, pues centraliza la asignación de fondos a presupuestos del gobierno, no se crean espacios para transparentar la información ni procurar la participación de las comunidades a las que destinan proyectos.

“En el nuevo esquema no habría cómo mitigar ni resarcir los daños a las comunidades en donde tuvo lugar la actividad extractiva, pero además la propuesta favorece la centralización y discrecionalidad”, además, califican de inaceptable que las decisiones sobre los proyectos financiados del fondo surjan directa y exclusivamente de la SEP.

Las organizaciones exhortaron al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar mecanismos que garanticen los derechos y necesidades de comunidades y a transparentar los recursos y proyectos financiados por el fondo hasta ahora, así como incorporar mecanismos para asegurar la participación ciudadana y de las comunidades afectadas por la minería.

Fondo Minero: preocupaciones y propuestas

Publicado originalmente en La Coperacha