Guatemala. Los caminos secos y los paisajes casi áridos dan la bienvenida a buena parte de la región oriental del país, zona que históricamente ha sido conocida como La Montaña. En este lugar, el aire seco impacta en el rostro cuando se recorre la región a la velocidad de un transporte público, el principal medio de acceso a esta área. Esta tierra tiene fama de valiente y aguerrida y esto no es un calificativo aleatorio, pues se ha construido a lo largo de siglos, sobre todo por las grandes movilizaciones sociales que durante el siglo XIX pusieron en zozobra a las autoridades políticas y a las élites de poder.

La razón por la que el oriente de Guatemala vuelve a tomar protagonismo se debe a que la conflictividad social -que se ha visto en las últimas semanas en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, al sur oriente del país-, se ha intensificado de manera significativa. Con la publicación del decreto gubernativo 06-2013, la mañana del 2 de mayo se oficializó la instauración de un Estado de Sitio durante 30 días. Esta medida se está llevando a cabo en los municipios de Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y también en San Rafael Las Flores y Casillas, en el departamento de Santa Rosa, donde se han instaurado una serie de medidas donde la represión a los movimientos sociales es el objetivo principal, para lograr el cese de la plena vigencia de sus libertades individuales. Con esta orden, el gobierno ha desplegado 8 mil 500 militares y policías. De estos, 3 mil quinientos son soldados[1], lo que deja ver una parte de la lógica política del gobierno.[2]

Las autoridades estatales, sobre todo el ministro de Gobernación, Coronel Mauricio López Bonilla, argumentan que el móvil de la acción se debe a causas netamente relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, a partir de los precedentes que se han visto en las últimas semanas, la causa principal es el rechazo de los habitantes de San Rafael las Flores a las actividades de la mina El Escobal.

Los acontecimientos del 27 de abril pasado acentaron el clima de tensión que se vive cotidianamente. Ese día, al atardecer, guardias de seguridad de la minera San Rafael atacaron a pobladores del área que retornaban de sus labores y se dirigían hacia sus casas. En esa acción, Alberto Rotondo, un chileno que funge como jefe de seguridad, fue el principal instigador de esos violentos hechos. Al día de hoy los pobladores todavía se hallan hospitalizados con serias heridas provocadas por balas de plomo.

Lo acontecido dos días después caldeó la situación de la región. Ese lunes se firmó un acuerdo de “aporte voluntario” por parte del Estado, las autoridades locales y las de la mina, publicitado al día siguiente en los medios de comunicación. Ese día en la localidad de San Rafael se llevó a cabo una manifestación pacífica con el fin de exigir la captura del jefe de seguridad de la empresa minera. Un rumor asegurando la muerte de seis vecinos de Santa María Xalapan circuló entre las personas. En Xalapán una información similar, pero referente a San Rafael, hizo que los pobladores se manifestaran en la carretera y que se ejerciera control sobre las patrullas policiales. Ese día, 23 de abril, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron retenidos por la población de Laguna Pito, en el municipio de Mataquescuintla. Un hecho que cabe destacar es que Rudy Pivaral, miembro del comité de Defensa de la Vida y la Naturaleza de San Rafael, recuerda la presencia de 20 hombres armados y con chalecos antibalas que se sumaron a la protesta de los pobladores, y estos posteriormente prendieron fuego a las patrullas anteriormente mencionadas.[3]

Estas acciones son las que el ejecutivo ha visto como claras muestras de “ingobernabilidad” política. Sin embargo, la razón de esta supuesta “ingobernabilidad” está más ligada a la poca seguridad que le puede brindar el Estado a las empresas transnacionales. En el caso concreto de la Mina San Rafael S.A., una subsidiaría de la canadiense Tahoe Resources, es la que ha recibido el respaldo tanto de autoridades afines a los intereses privados como de las autoridades del propio Estado guatemalteco.

En este contexto, la razón de la instauración del Estado de Sitio tiene que ver con “marcar presencia” y sobre todo, ejercer control sobre una población que aparentemente se encuentra cuestionando o desafiando al modelo económico extractivo. En este sentido el Parlamento del Pueblo Xinka, en su calidad de autoridad ancestral, ha sido criminalizado y vilipendiado política y mediáticamente. El Parlamento Xinka está integrado y representado por las comunidades de Chiquimulilla, San Juan Tecuaco, Taxisco, Guazapan y Jumaytepeque del Departamento de Santa Rosa, de Monjas, San Carlos Alzatate, Buena Vista y Santa Maria Xalapan de Jalapa, Quesada y Yupiltepeque de Jutiapa.

El secuestro de cuatro líderes de este Consejo el día 17 de marzo del presente año[4], pone en evidencia esta política. De este hecho, la muerte de un miembro fue el acontecimiento más duro. Y quedó en evidencia que existe una íntima relación entre la resistencia a las actividades mineras y las acciones punitivas.[5]

A lo largo de los años 2011 y 2012 se realizaron asambleas en las aldeas San Juan Bosco, Los Planes[6], La Cuchilla[7], El Renacimiento[8], del municipio de San Rafael las Flores, basadas en la Ley de Consejos de Desarrollo (Cocodes). En ellas se manifestó el rechazo de más de mil personas a la actividad minera. Posteriormente, una serie de cuatro consultas comunitarias en las aldeas de Casillas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, del departamento de Santa Rosa y en Mataquescuintla, en Jalapa, manifestaron un rotundo “NO” a la actividad minera. Esto, sin lugar a dudas, es el mayor valladar para la activación efectiva del modelo de desarrollo neoliberal que se busca instalar en la región.

La decisión de los Cocodes también gira en torno al rechazo de la licitación minera que el gobierno ha cedido a la empresa canadiense. Las autoridades han optado por resolver un rechazo rotundo a la licitación social de las actividades mineras.[9] Esto, sin duda, es una muestra más de los efectos de la minería, aún antes que ésta inicie sus actividades, ya que amenaza con destruir el tejido social de las comunidades, como es el caso de la Mina Marlin en el departamento de San Marcos, al suroccidente del país.

Con la instauración del Estado de Sitio en los municipios, lo que se busca es institucionalizar el proceso de control social. De la misma forma, también el apoyo al proyecto minero. Esto último se debe a que el proyecto concuerda con la lógica del actual modelo de desarrollo económico que privilegia las industrias extractivas y de monocultivo por sobre cualquier otro proceso productivo.

Para la implementación de dicho proyecto, es necesaria la presencia de autoridades estatales a nivel local que permitan su funcionamiento. La figura del alcalde de San Rafael las Flores, Víctor Leonel Morales, es clave en ese sentido, y ha manifestado que en el municipio se vive en un supuesto estado de “psicosis social” derivado de las actividades de la ciudadanía que manifiesta su rechazo a la minería. Con la aplicación del Estado de Sitio lo que se generará es el fortalecimiento de la figura de dicho alcalde y una mayor relación con el gobierno central. Al mismo tiempo, este último buscará los mecanismos para continuar sus proyectos. La continuidad de las actividades escolares es un punto clave, ya que con la implementación de la Reforma educativa impulsada por el ejecutivo se acentúa el carácter discriminatorio del sistema educativo.

El gobierno, por una parte, debe enfrentar la oposición política surgida de las bancadas del congreso de la República. Este punto es clave, ya que no sólo significa que el gobierno es juzgado institucionalmente, sino que también se juega su posición política dentro del juego partidista.[10] También debe responder por plausibles violaciones a los derechos humanos, por dos razones: la primera porque el cese de las garantías individuales implica el accionar libre de agentes del “orden”. Segundo, porque a partir de la experiencia desarrollada en Barillas, el tema de las violaciones sexuales no puede dejarse de lado. En este sentido, la responsabilidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos es un elemento clave.[11]

De manera general, este nuevo Estado de Sitio le da continuidad a toda una lógica de políticas públicas iniciadas el año pasado, y su principal objetivo es asegurar el mantenimiento del modelo económico de desarrollo extractivo que se instauró a lo largo de los años de la posguerra, a partir de 1996. De la misma forma en que sucedió en el año de 2012, en Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango (región fronteriza con el estado de Chiapas, México) los movimientos sociales, y las muestras de apoyo y solidaridad individuales, denuncian las acciones gubernamentales con el objetivo de frenar la ingerencia violenta del gobierno en la cotidianeidad de los pueblos.