Operadores políticos y funcionarios de la alcaldía Xochimilco han intentado en varias ocasiones desprestigiar y negar la autoridad comunitaria del panteón de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. El último intento ocurrió el 22 de diciembre del 2023, cuando un grupo de personas, las cuales fueron identificadas como familiares de empleados y empleadas de la alcaldía, llegó a reventar la asamblea convocada por el Comité Pro Panteón que tenía como objetivo la ratificación de la actual presidenta del comité, así como de otras tres personas integrantes que temporalmente asumieron los cargos de secretaria, tesorera y vocal.
A pesar de las múltiples manifestaciones del pueblo chicuarote por autogestionar sus recursos naturales y espacios autonómicos, así como defender a sus autoridades locales elegidas por usos y costumbres, la alcaldía Xochimilco encabezada por el morenista José Carlos Acosta, ha buscado coartar y violentar sus derechos a la autonomía y libre determinación. A través de operadores políticos (que en su mayoría ostentan un cargo público en la alcaldía), desinformación, amenazas e intimidaciones, así como falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el presupuesto participativo, el gobierno que administra esta demarcación mantiene una relación conflictiva y tensa no sólo con Atlapulco, sino con otros pueblos xochimilcas.
La toma del panteón, como una manifestación del pueblo por defender lo que es suyo, es parte de las luchas autonómicas más importantes de San Gregorio Atlapulco actualmente, junto con la elección de su coordinador territorial, la defensa del agua y más recientemente, la biblioteca comunitaria.
Imposición de dos comités espurios
Desde el 11 de diciembre de 2023, el Comité Pro Panteón comenzó la difusión de la convocatoria de la asamblea del 22 de diciembre del mismo año, para dar a conocer la resolución del 7 de diciembre de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la permanencia del comité vigente. Actualmente el comité está integrado por cuatro personas: la presidenta Patricia González Guzmán, quien fue elegida en noviembre del 2021; y tres personas más: la secretaria, la tesorera y una vocal, las cuales ocuparon estos cargos en el mes de agosto del 2023, pues las personas que fueron elegidas para reestructurar el comité el 11 de abril de 2022, renunciaron el 10 de mayo del mismo año.
Cabe recordar que la secretaria y la tesorera, que fueron elegidas originalmente en noviembre de 2021, fueron destituidas de su cargo el 11 de abril de 2022 a través de una asamblea, pues los pobladores no sólo habían descubierto que ellas habían mantenido reuniones con la alcaldía de manera discrecional, sino que habían sospechas de que la tesorera había desviado recursos económicos del panteón. Esta situación causó el inicio de una serie de problemáticas que enfrenta el panteón, entre ellas, el intento del gobierno de la alcaldía de apropiarse de su panteón comunitario y la imposición de dos comités espurios que no fueron elegidos dentro de las instalaciones del panteón, condición principal para llevar a cabo asambleas sobre los temas del cementerio comunitario.
La primera ocasión fue el 10 de julio de 2022, día en el que comenzó la defensa del panteón. Un grupo de personas eligió a las fueras del mercado un “nuevo comité” ante la presencia de la extesorera y exsecretaria, personal de la alcaldía Xochimilco, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), así como del Distrito 25 del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Ahí se eligieron a Ernesto Negrete Godoy (presidente), Berenice Ruiz Ríos (secretaria), María del Rosario Reyna Serralde (tesorera) y Rocío Serralde Abad (vocal).
Sin embargo, esta asamblea fue impugnada (TECDMX-JLDC-078/2022) ante el tribunal local, que resolvió que esta asamblea “no se realizó acorde a las prácticas tradicionales del sistema normativo interno del pueblo originario”, por lo que dejó subsistente la integración del comité reestructurado el 11 de abril de 2022. Lo siguiente derivó en un juicio en la Sala Regional, quien a su vez determinó que el pueblo de San Gregorio puede modificar el periodo de integración del Comité.
El 20 de agosto de 2023, las exintegrantes, quienes dejaron el cargo meses antes, llamaron a una asamblea informativa que se llevó a cabo a las afueras del panteón, para dar a conocer el acuerdo TECDMX-AG-008/2023, hablar sobre las limitaciones sobre sus cargos, “uso de fondos de las obras inconclusas del panteón”, propuestas para regular las funciones, así como asuntos generales.
Para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, esta asamblea si bien no buscó revocar, reestructurar o terminar de manera anticipada al Comité, tampoco fue convocada por integrantes activas del mismo, pues quienes convocaron “presentaron un escrito ante la Sala Regional en el cual expusieron una serie de irregularidades sobre la actuación de la presidenta del comité y la administración del panteón, afirmando que presentarían su renuncia ante esa autoridad, solicitando a la Sala Regional que ordenara convocar a una asamblea”, sin embargo, este escrito fue tramitado como improcedente.
Acto seguido, el 17 de septiembre de 2023 se realizó una asamblea en la plaza cívica convocada por mismas personas. El objetivo de esta asamblea era elegir un nuevo comité, respondiendo a una sentencia dictada por el TECDMX (JLDC-123/2023). En este segundo intento de imponer un comité, las personas elegidas fueron: Abel Cortina Guerrero (presidente), Yahel Izanami Camacho Sabas (tesorero) (hijo de Edgar Camacho Godoy, subdirector de Inclusión y Bienestar Social de Xochimilco), José Emanuel Castro Castillos (secretario), José Luis Bibiano Marcelo (vocal1), Leticia Ruiz González (vocal 2) y María Eugenia Castillo Fonseca (vocal 3). La sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del 7 de diciembre de 2023 (SCM-JDC-302/2023) declaró la invalidez de la asamblea de este comité por no haberse garantizado el derecho de todas las partes involucradas en su celebración.
Es importante resaltar que por su parte, el tribunal local (TECDMX-JLDC-078/2022) expresó que el pueblo originario tiene que convocar sus asambleas comunitarias y/o generales tanto para resolver sus conflictos, como para enfrentar problemáticas generales. Además señaló que “la persona titular de la presidencia del comité (del panteón) saliente es quien convoca a la asamblea para la elección del nuevo comité o la reestructuración del mismo, auxiliándose en algunas ocasiones por personas habitantes del pueblo”.
“No son operadores únicamente, son funcionarios y sus familias”
Llegó la asamblea del 22 de diciembre de 2023, el Comité, Patricia González y las personas integrantes que llevan respaldando y defendiendo el cementerio desde julio de 2022 están nerviosas, pues desde los primeros minutos de la asamblea notan la presencia de personas que ya son detectadas como operadoras políticas.
“Efectivamente, la presencia de operadores políticos se dejó llegar de manera sorprendida, el viernes 22 de diciembre cuando a las 11:10 am comenzaron a llegar. La gente también del pueblo comenzaba a acomodarse, sin embargo se colocaron hasta enfrente estas personas que yo nunca he visto. Posteriormente, vi que fueron llegando los operadores, o sea, los que siempre veo con el alcalde. Entonces se colocaron en varios puntos, entonces dije: aquí va a pasar algo”, narró Patricia, quien también puntualizó que al momento de ir juntando a la gente para dar inicio aclaró que la asamblea y las firmas que ellas estaban recabando en una hoja membreteada con el logo y encabezado eran exclusivamente para ratificar el actual Comité Pro Panteón.
La gente del pueblo ubicó principalmente a familiares de trabajadores y trabajadoras de la alcaldía, entre ellas Karen Negrete, hermana de Carly Negrete Muñoz, quien aseguran que es de San Gregorio y que trabaja en la alcaldía como directora de Fomento Económico y Cooperativo. También vieron a la familia de Victor Hugo Muñoz, director de Gobierno de la alcaldía y Edgar Camacho Godoy, subdirector en Inclusión y Bienestar Social. Cabe resaltar que en mayo de 2022, el PAN denunció a estos tres funcionarios, junto con el alcalde José Carlos Acosta, por probable comisión de delitos electorales y la violación a la veda electoral.
“Son de acá del pueblo, hay gente que (a mis años que yo tengo), puedo decir que no son de acá.. pero bueno, hay gente que es de acá. No puedo decir que toda la gente que asistió era originaria, pero es más gente de fuera, gente que son vendedoras que vienen de otros lugares y aquí vinieron a firmar”, declaró una adulta mayor del pueblo que quiso mantener su identidad en anonimato por seguridad.
“Ellos están acatando una sentencia”, expresó molesto uno de los pobladores de San Gregorio Atlapulco en la asamblea del 22, refiriéndose a los integrantes del comité espurio. Lo anterior, aseguran algunas personas del pueblo, es una muestra de que la gente está mal informada y por lo tanto confundida. Sin embargo, aseguran que no son todos: “Yo lo que alcancé a ver es que un joven empezó a decir que el pueblo estaba dividido entre los políticos y el pueblo, entonces el pueblo se dejó venir, todos se reunieron y ellos mismos (opositores) se empezaron a ir cuando vieron que el pueblo aumentaba más”, agregó la señora.
A pesar de que la situación duró pocos minutos de tensión, lo que realmente le preocupa al Comité y a Paty (como le dicen en el pueblo) es el uso de las firmas que se llevaron: “Ellos se llevaron firmas que dio la gente, no dijeron para qué eran. Trajeron hojas en blanco para que firmara la gente, no tenían ni encabezados las que se llevaron, pero estaban firmadas”, aseguró doña Arcelia Galicia, quien también es parte del comité. La presidenta Patricia recalcó que levantaron las mesas de registro inmediatamente después de que se tomó la decisión de cancelar la asamblea, pues no había condiciones para realizarla:
“Ellos tomaron la mesa de firmas, yo levanté mis papeles y levantamos todo, a mí me siguió un hombre que estaba grabando. Se quedó una mesa, la mesa de firmas, llegaron a arrebatarles las hojas, sobre todo las que estaban en blanco… empezaron a apuntarse y llamaron a que la gente siguiera firmando porque estaba confusa. Lo que querían era cambiar el orden del día y que no estuviera la ratificación”, señaló Patricia.
Por su parte, otra vecina de Atlapulco hizo énfasis en que todo lo que ha ocurrió con San Gregorio en la administración del alcalde José Carlos Acosta, está vinculado. Desde la problemática del agua, el panteón, la biblioteca y la imposición de coordinador territorial: “Traen otros planes. Ese día, estábamos haciendo las cosas bien, todos se dejaron venir. Hubo empujones, arrebatos y amenazas. Es gente que viene condicionada, lógicamente el pueblo era más, ya cuando venían todos, se fueron retirando”.
Patricia González como presidenta del comité del panteón cuenta con el respaldo de la autoridad agraria, el actual Comisariado Ejidal del pueblo de San Gregorio, quien publicó un comunicado con fecha del 23 de diciembre del 2023 en el que condenan los hechos en contra del comité y sobre todo contra la presidenta Patricia: “es la única que ha reunido los requisitos de elegibilidad, que para tal efecto señalan los usos y costumbres de nuestra comunidad (…) es decir, que ha sido electa en asamblea, por mayoría de votos, y que ha venido realizando funciones de autoridad desde noviembre del año 2021 y que ante tales arbitrariedades, no nos quedaremos callados”, recalca el comunicado del la autoridad agraria.
Presupuesto participativo 2022: desinformación y falta de rendición de cuentas
Otro tema que ha causado confusión en el pueblo es la falta de información y desinformación sobre el presupuesto participativo del 2022. El panteón ganó el 21 de mayo de 2022 con el proyecto Construcción de Nichos Mausoleos y Mejoramiento del Panteón de San Gregorio Atlapulco, sin embargo la alcaldía se negó a aplicar este presupuesto de manera inmediata.
Durante los últimos meses del 2022, pobladores de San Gregorio y el comité del cementerio abrieron un juicio en la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF. “Lo que pasó fue que se hicieron asambleas del pueblo para determinar el presupuesto participativo, pero luego la alcaldía hizo sus propias asambleas. Entonces hubo dos asambleas una que decía que se mejorara la plaza cívica y otra que decía que se mejorara el panteón. Eso fue lo que llevó a la Sala Regional. De inicio la disputa era cuál era la asamblea válida y qué presupuesto se debía ejercer”, explicó el abogado Alejandro Velázquez. Cabe rescatar que la respuesta de la alcaldía en primera instancia fue que el órgano dictaminador consideró que era “técnicamente, financieramente, jurídicamente y socialmente” inviable el proyecto de los nichos.
En el contexto de la represión que vivió el pueblo de San Gregorio el 1 y 2 de diciembre de 2022, días después, el 20 de diciembre del 2022, los pobladores tuvieron una reunión con el entonces secretario de gobierno Martí Batres Guadarrama en el que se trataron varios asuntos relacionados con el panteón en el siguiente orden: 1) reconocimiento del Comité Pro Panteón a cargo de Patricia González Guzmán por parte del gobierno central y la alcaldía Xochimilco; normalizar la comunicación entre esta autoridad tradicional y el JUD de Panteones de esta demarcación; 2) en relación con el presupuesto participativo ganado ese año, obligar al alcalde a ejecutarlo antes de que acabe el año, así como dictó la Sala Regional; 3) reconocer el cementerio de San Gregorio como comunitario y llevar a cabo una investigación para verificar la naturaleza jurídica de la propiedad del panteón; 4) continuar con el trámite para el no ejercicio de la acción penal en contra de la presidenta del panteón, pues recibió un citatorio por el delito de usurpación de funciones por parte del JUD de la alcaldía; y por último, 5) revisar las sanciones ilegales en contra de la funeraria García.
En el caso del presupuesto participativo, la alcaldía se vio obligada a cumplir con el recurso el 16 de diciembre de 2022.Patricia González aseguró que propusieron el proyecto de los nichos debido a que por la pandemia causada por Covid-19, mucha gente del pueblo murió y por lo tanto, necesitaban más espacios:
“La reunión fue el 20 de diciembre, ese día estuvimos con Martí Batres, estaba el alcalde (José Carlos Acosta), el jurídico de la alcaldía (Pastrana Basurto), el JUD de panteones de la alcaldía y el secretario de finanzas del gobierno central. Yo informé que aunque hubiera ganado el presupuesto ante la Sala Regional, no me daba autorización el alcalde ni Pastrana de aplicar el proyecto. Entonces ahí dijo Marti Batres que ya se iba a autorizar, pero estábamos a unos días de que se acabara el año”, declaró González.
Con fecha del 26 de diciembre del 2022, la directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Martha Eugenia Sánchez Membrillo, el director de Obras Públicas, Cristóbal Marcial Noriega Valadez, el director general de Asuntos jurídicos y de Gobierno, Francisco Pastrana Basurto, todos funcionarios de la alcaldía Xochimilco, y la gerente general de la empresa Proarq Servicios Integrales SA de CV, firmaron el contrato XO-DGODU-L-OP-ADEXC-089-22.
En este contrato se indica que la duración de proyecto sería del 27 al 31 de diciembre del 2022, que el contratista debe ejecutar los trabajos con base en el reglamento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Además de implementar una bitácora que será el medio de comunicación a través del cual se opere y “deberá contener las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y de forma adicional, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencias económicas, responsabilidad si lo hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso de la nota que se contesta”.
“No supe cómo se iban a dar el dinero, de cuál presupuesto lo iban a sacar porque ya se había cerrado el año fiscal. Teníamos 5 días para hacer la obra, nada lógico”, indicó Patricia. Se pagó a la constructora, la cual se tuvo que conseguir de manera inmediata. La empresa fue contratada por la alcaldía, dice Patricia: “A la empresa se le pagó en una sola exhibición, aunque debió haber sido en tres pagos. Ese dinero nunca pasó por mis manos, ese dinero pasó directamente a la empresa, como debe de ser según los lineamientos del presupuesto participativo”.
Esta situación ha sido otra piedra en el camino para el Comité Pro Panteón y la presidenta Patricia González, quien además de enfrentar amenazas, agresiones y acciones legales en su contra por parte de la alcaldía, vive el desprestigio, pues personas opositoras la han difamado asegurando que ella ha desviado el recurso del presupuesto participativo.
La empresa Proarq Servicios Integrales, que a su vez también ha tenido contratos con otras alcaldías en materia de infraestructura, recibió un total de 2 millones 903 mil 451 pesos en una sola exhibición para realizar el proyecto de los nichos, sin embargo, no hay claridad de por qué no se ha terminado la obra y en qué se gastó ese presupuesto. Por lo anterior, se han realizando al menos tres solicitudes de información a la alcaldía para saber el destino de ese recurso, el avance de la obra, el contrato, así como los motivos por los que la obra no fue finalizada.
La primera solicitud de información se realizó el 27 de junio de 2023 y fue hecha por opositores del Comité Pro Panteón, quienes preguntaron una serie de datos sobre la empresa, el contrato y la fecha de entrega del proyecto finalizado, a lo que la alcaldía contestó que “no se tiene fecha límite para la entrega física” y que “los alcances del contrato de cumplieron”. Es importante destacar que a pesar de que los solicitantes pidieron información sobre los materiales requeridos, el porcentaje pagado y los motivos por los que no se continuó con la obra, estas preguntas no fueron respondidas.
Otras dos solicitudes de información se realizaron en el mes de octubre, pidiendo los avances, los gastos financieros, documentos que avalen el desarrollo de la obra, así como el desglose del gasto, facturas sobre los materiales, honorarios y otros gastos. Sin embargo, nuevamente la alcaldía evadió las respuestas contestando que 1) “los recursos empleados no fueron de una partida de la Alcaldía, los trabajos se realizaron con Presupuesto participativo”; 2) la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no es la responsable de esos desgloses debido a que paga sobre conceptos integrados establecidos en un catálogo de conceptos”; 3)”la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no les competente para ostentar la información requerida, debido a que las documentales solicitadas son propiedad de la empresas contratista a quien se le asignaron los trabajos, debido a que es quien administra sus gastos y declaraciones” (solicitud folio 092075323002391).
Las respuestas anteriores son incongruentes y contrarias con los lineamientos del Presupuesto Participativo. Sin embargo, lo que llama la atención es que la alcaldía menciona que el presupuesto participativo no es un recurso de la alcaldía, cuando corresponde al 3.75 por ciento del presupuesto total aprobado a cada alcaldía por el Congreso de la CDMX, de acuerdo con estos lineamientos.
Además, también se señala en el numeral II del apartado 4: Obligaciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de presupuesto participativo, que las alcaldías deben “proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto Electoral, así como de los sistemas de la secretaría cuando así corresponda, la información y documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y proyectos financiados con el presupuesto participativo; incluyendo información de geolocalización, de facturación y contenido fotográfico”.
“No me contesta el ingeniero, ni el de la empresa. Se va a generar una auditoría porque también teníamos reuniones antes en los que nos decían que sí iban a acabar, pero no terminaron. Ya giramos un escrito a la alcaldía pidiendo un informe final para saber qué fue lo que pasó con el dinero y hasta dónde se quedó la obra”, puntualizó la presidenta del comité del panteón, Patricia González. Es así como desde hace desde hace más de ocho meses, la estructura de los nichos y la techumbre están en obra negra. La empresa Proarq Servicios Integrales no ha vuelto a mandar a sus trabajadores al panteón.
