¿Alcaldes procesados y estructuras impunes en Puebla?
Puebla se vio sumergida en un torbellino de violencia desde que se rompió el pacto de protección a los narcos cuando gobernaba Rafael Moreno Valle (2011-2017)1. La muestra es que diversos personajes afines a él y que trabajaron en su gabinete estuvieron en la cárcel años después por extorsión. Desde entonces era evidente que el crimen organizado era un asunto que involucraba a estructuras estatales, no sólo a entes cooptados o a entes aislados. En semanas recientes, en el estado de Puebla, se ha detenido a varios presidentes municipales que están involucrados con el crimen organizado, pero no solamente en actos de corrupción, sino que por sí mismos ejecutaban actos como secuestro, extorsión, robo de transporte, delincuencia organizada y otros.
Lo que llama la atención es que mientras el estado de Puebla se convierte en una pieza clave en los planes de desarrollo (tal como ocurrió en el período de Moreno Valle) y se ubica estratégicamente en corredores económicos nacionales e internacionales, en paralelo comience una “cacería” como parte del Operativo Enjambre.
Los actos criminales que ejecutaron estos personajes fueron posibles por ser efectuados desde una estructura de poder vinculada legalmente con atribuciones, protección y contactos. Ubicarlos como aislados es absurdo pues, como lo demuestran las propias notas periodísticas que dan cuenta de esta serie de detenciones, funcionaban en contubernio con redes policiacas, redes de peaje, etc2.
Sacar a estos personajes de la red a la que pertenecen para procesarlos como entes aislados no solo supone exculpar estructuras y cadenas de mando, sino dejar en la opacidad los crímenes que cometieron desde estructuras del Estado. ¿Cómo se procesa un secuestro ejercido desde el Estado? ¿Cómo se van a procesar las ejecuciones, las desapariciones que desde ahí se efectuaron?
Tenemos muestras en otros estados como Veracruz, en el que a Javier Duarte lo procesaron por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, no por desaparición forzada aunque fue responsable de cientos3.
Es decir que, cuando se les procesa no solo se les lava el rostro y se evita que dañen la investidura estatal, sino que se dejan en la impunidad las atrocidades más allá del daño a los recursos ecónomicos, y en vez de investigar un crimen de estado organizado, investigan a un personaje que tal vez consideren sacrificable.
La mayoría de alcaldes procesados por la Operación Enjambre a nivel nacional han sido procesados por: delincuencia organizada, extorsión, secuestro, secuestro exprés, autotransporte de carga, homicidio, corrupción y desvío de recursos. Los pocos que han sido procesados por desaparición son manejados como desaparición a secas, no forzada, aunque se haya cometido por agentes estatales.
Se puede deducir fácilmente por qué no se quiere reconocer la participación de agentes estatales en casos en los que se vio involucrado un presidente municipal, es la misma razón por la que se ha construido una nueva verdad histórica en torno a Ayotzinapa: porque el Estado no quiere reconocer que fue el Estado. La presente administración ha optado por mantener el pacto con las Fuerzas Armadas a las que tanto ha premiado y mantiene fortalecidas e impunes.
En el caso de Puebla, cuando Moreno Valle gobernó generó grandes inversiones y consigo llegaron las oleadas de violencia, ahora Armenta hace lo mismo y parece taparse el sol con un dedo al aprehender a los 8 presidentes municipales. ¿Por qué es conveniente ahora investigar los delitos de entes estatales de bajo nivel como si delinquieran de manera aislada?
En el fondo de operativos como este esta una impunidad de Estado rutinizada, normalizada y sostenida que produce un profundo daño social de manera objetiva y subjetiva. La primera se materializa en las cruentas cifras de la atrocidad que crecen de forma cotidiana y que guardan detrás historias de dolor que no caben en números; la segunda se manifiesta en la enfermedad social que padecemos en México y que deja su huella en feminicidios, en violencia que como epidemia se difumina en modos atroces. Es triste pero la subjetividad que se produce en sociedades en las que la figura estatal se ha fortalecido por años como un ente al cual hay que obedecer dejaron más escuela de la que imaginamos. Dejaron un germen que permite que se viralicen prácticas estatales normalizadas, aceptadas y hasta premiadas con pactos de lealtad como los que justifican los feminicidios, esa herida solo se hace más grande.
La necesidad de sobreponernos a esas inercias no alcanza palabras, quizás urgencia, quizás ansia. Es claro que todo lo que nos ha hecho infames en México ha pasado por el Estado, aunque en estos tiempos eso trate de borrarse de la historia, pero la memoria es necia, como lo son aquellos y aquellas que han resistido al olvido por siglos y que grandes enseñanzas nos han dado con dignidad rebelde.
Quizá por eso la salida de 1.111 zapatistas en diciembre y el encuentro de su mirada con la mirada de quienes buscan pueda hacer germinar la dignidad, mientras arriba se llenan de mentiras, muros, desprecios y simulación.
1https://www.sinembargo.mx/3456884/cunado-de-moreno-valle-acusa-que-el-panista-usa-como-operadores-politicos-a-lideres-del-huachicol-en-puebla/
2https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/mexico/article/alcalde-esperanza-arresto-isaac-rodriguez-ochoa-22421618.php
3https://grupoanimal.mx/sociedad/duarte-lencero-policias-desapariciones
Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida
Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida tratan de acompañar y tejer caminos entre luchas. Son integrantes del Nodo de Derechos Humanos, del proyecto Etćetera Errante y Adherentes a la Sexta Delcaración de la Selva Lacandona.