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Desinformémonos| Ciudad de México. 7/07/2016.- Una investigación transparente, fue una de las demandas en las que, insistieron población y familiares de las 11 personas asesinadas y más de 100 heridas el 19 de junio en Nochixtlán, al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en su visita al poblado la tarde de ayer donde fue recibido y despedido en medio de gritos de ¡Asesinos!, y una mesa en la que expusieron objetos y pruebas de la represión como restos de envases de gas lacrimógeno, pólvora y casquillos.

Aunque la reunión entre el funcionario y la población de Nochixtlán duró más de cinco horas, la opinión generalizada fue que la visita es tardía ya que muchas de las evidencias ya no están en el lugar de los hechos además de que los acuerdos parecieron “inútiles” para la población que recibió a los funcionarios. Uno de los acuerdos hechos por Campa Ciprián fue la no criminalización de personas heridas.

“Nadie que requiera atención médica va a ser criminalizado”, garantizó y agregó que llevaron al lugar equipo médico para apoyar la atención de personas heridas, justamente, se trata de una visita en la que se pretende un contacto directo con las víctimas, agregó luego de que la población expresara por distintos medios, los obstáculos que han enfrentado para recibir esta atención desde el día de los hechos y ahora por miedo a represalias del gobierno.

Según información del periódico La Jornada, Jerónimo Martínez Ambrosio quien es abogado de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) explicó antes de la llegada del funcionario que las ofertas de programas de desarrollo, que fueron pactadas en la reunión entre familiares y el gobierno mexicano el lunes 4 de julio, no pueden aceptarse en tanto no se resuelva la “reparación integral” del daño en Nochixtlán.

Campa Cifrían llegó con hora y media de retraso a la reunión en la que participaron, representantes de la Mixteca, docentes, autoridades, población así como las comisiones de Derechos Humanos nacional y local, representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e integrantes de la Comisión Nacional de Mediación, quienes según Campa, participarán en el seguimiento del caso a través de mesas de trabajo que serán instaladas para atender las demandas de los familiares de las víctimas.

La cancha de la escuela en la que se realizó la reunión, se encontraba repleta de mujeres y hombres del pueblo, según información de medios de comunicación, varios de ellos en muletas y heridos, que permanecieron bajo el sol durante toda la reunión para finalmente exigir al funcionario que les explicara los acuerdos a los que se comprometieron las autoridades por lo que el funcionario tuvo que regresar y ofrecer una conferencia de prensa a la población.

Esta visita se deriva del acuerdo hecho entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y familiares de las víctimas del 19 de junio, cuando 11 personas fueron asesinadas en Nochixtlán, Oaxaca y más de 100 fueron heridas sin recibir atención médica adecuada al participar en la lucha magisterial que fue reprimida en el poblado.

Todas estas acciones se suman a 54 días de paro, 3 reuniones de negociación entre La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Segob sin propuesta del gobierno ni avances. Movilizaciones en distintas ciudades y poblados del país y actos represivos por parte de los gobiernos estatales y federales que han dejado personas presas por motivos políticos y desaparecidas según afirma la CNTE, hechos que han precedido este estallamiento en la Ciudad de México para que el gobierno escuche las demandas que el magisterio, establezca un diálogo político a la altura del contexto actual y actúen en consecuencia a favor de la educación en México.

Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales se han pronunciado en contra de lo que han calificado como “brutal represión” en la que ciudadanos han sido víctimas a causa del uso excesivo de la fuerza, la falta de mecanismos adecuados de diálogo, negociación y resolución de conflictos de que suman a la crisis de derechos humanos que se ha visibilizado y señalado en México.