Fotos: Ligia García Villajuana
Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes de “Un Salto de Vida”, colectivo que defiende el Río Santiago en Juanacatlán, Jalisco, advierten que el incendio a su camioneta ocurrido el pasado 10 de abril, puede estar vinculado a actividades ilícitas cometidas por empresas y gobiernos que han propiciado diversos conflictos en la región. Carmona asegura que en los últimos dos años el colectivo ha “intensificado el trabajo de defensa jurídica del territorio” y el nivel de agresión ha sido “directamente proporcional” a su trabajo.
En entrevista telefónica, Alan Carmona, integrante del colectivo, explica que han interpuesto denuncias contra seis megaproyectos en la región y un juicio de amparo contra la termoeléctrica “La Charrería», en Juanacatlán, que lograron detener. Aunque, asegura, actualmente están buscando reactivarla, aún sin permisos de construcción y de uso de suelo.
Otra de las luchas que han emprendido es contra un basurero, “el más grande del occidente del país”, que, explica Alan, desde 2014 buscan clausurar. También se han movilizado para detener proyectos de infraestructura del gobierno del estado y contra una empresa tequilera instalada “ilegalmente” en la zona. Además, ganaron un juicio de amparo contra el fraccionamiento “El Mirador”.
Los integrantes del colectivo “no han escatimado en medidas de seguridad de prevención», y, explica Carmona, agradecen la solidaridad nacional e internacional que han recibido. Asegura que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció y emitió medidas cautelares para los defensores, además, solicitaron que los incorporen al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Carmona señala que por los hechos ocurridos este fin de semana, levantó una denuncia en la Fiscalía Estatal del Estado de Jalisco y la respuesta podría tardar hasta 15 días para integrar la carpeta. “Es una preocupación”, explica, “ahí está el vehículo dañado esperando un peritaje”.
Como colectivo buscan detener la sobreexplotación de agua en la región donde, asegura Carmona, la mayor parte está destinada a la zona industrial. Mediante los amparos obtenidos han logrado que se reconozca su derecho al agua y al medio ambiente. La organización ha visibilizado estas problemáticas con visitas de medios locales a la zona de ejidos afectados.
No es la primera vez que el colectivo es atacado, reflexiona Carmona, pues durante 2012 sufrieron agresiones y, dice, intentaron convencerse de que eran “accidentes”. La violencia escaló de campañas de desprestigio, allanamiento a sus oficinas, robo de equipo, amenazas, hasta el secuestro de una persona de la organización que tuvo que exiliarse del estado. Su caso fue de los primeros en integrarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, y después de año y medio año le quitaron el apoyo. El activista espera que esta vez exista un seguimiento real por parte de las autoridades, no solo a la “posible agresión”, sino a la problemática en la región.
