Ciudad de México | Desinformémonos. “Observamos varios patrones de represión al movimiento de mujeres, donde destaca la violencia física y psicológica; tratos crueles y degradantes; presencia de policía sin uniforme; el uso excesivo de la fuerza y el abuso policiaco”, señala Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Además de la estigmatización y criminalización de la protesta, también se ha utilizado el derecho penal, principalmente con cargos como delitos patrimoniales, para castigar a las mujeres, explica Chimiak en entrevista telefónica, y agrega que en la manifestación del 9 de julio en Guadalajara, donde la policía detuvo a diez jóvenes que exigían justicia para niñas víctimas de violencia en escuelas, se les acusó de pandillerismo.

En cuanto a las protestas feministas, considera, no sólo se reprime, sino que tampoco se reconocen las causas de las mismas, la violencia de género, los feminicidios, ni los abusos contra mujeres. “Las mujeres se convierten también en víctimas de violencia institucional al no tener garantizada la verdad y justicia”, señala la activista.

“El gobierno del estado de Jalisco no reconoce la legitimidad, ni garantiza el derecho a manifestarse de manera pacífica”, dice.

De acuerdo con la defensora, se han repetido estas formas de reprimir la protesta social de las mujeres en León, Querétaro, Cancún y Ciudad de México. “Ha habido una tendencia de deslegitimar la protesta social feminista, para callar a las mujeres y no garantizar los espacios donde puedan expresar sus demandas. ¿Cómo se decide cuándo la protesta es legítima?”, se pregunta la defensora, y añade que la obligación de las autoridades es garantizar y escuchar las propias exigencias de las manifestantes.

El CEPAD documentó que de enero 2019 a julio de 2021, se llevaron a cabo mil 358 manifestaciones en el estado de Jalisco, de las cuales destaca que 82 fueron sobre violencia contra las mujeres y 85 sobre desaparición de personas.