Foto: Yunuhen Rangel Medina
Ciudad de México | Desinformémonos. Por primera vez en México se adopta alerta temprana para prevenir agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta resolución se da en un contexto en que estas agresiones ocurren con mayor frecuencia, y en donde resulta “apremiante e impostergable” que el Estado mexicano en su conjunto adopte una política eficaz de protección a quienes ejercen esta labor, y es “un reconocimiento expreso del riesgo que implica la labor de defensa de los derechos humanos y el periodismo en Chihuahua, tema negado por el gobierno del estado actual. como lo han señalado diversas instancias de protección internacional”.
Así lo aseguraron integrantes del consejo consultivo Mecanismo de protección a personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes emitieron un pronunciamiento conjunto al respecto y explicaron que esta resolución se deriva de una solicitud presentada por la “desprotección y el riesgo” que, aseguran, viven las personas que defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo en Chihuahua.
Aseguraron que en la entidad han asesinado al menos 19 personas que se dedican a estas labores y que se trata de la segunda entidad con mayor número de periodistas asesinados y es el estado que cuenta con el 30 por ciento del total de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de defensores y defensoras en riesgo, en consecuencia consideran que “resulta fundamental” que las autoridades locales y federales adopten un plan de contingencia que sea “pertinente y aplicable” a las diferentes circunstancias y retos que actualmente se viven en el estado, explican, que tengan un enfoque diferenciado, que tomen en cuenta las particularidades de las personas beneficiarias, y que sean efectivas no sólo para prevenir futuros ataques a los dos sectores protegidos como para eliminar la impunidad de ataques previos.
A tales ataques, aseguran, se suman las desapariciones, tortura, amenazas, detenciones arbitrarias, daños y allanamientos a oficinas, campañas de desprestigio, criminalización de periodistas y personas defensoras así como la “autocensura”, dicen, de medios de comunicación a partir de la publicidad oficial que “inhibe la libre expresión en Chihuahua” y agregan que “Todas ellas se perpetran en un estado en el que la impunidad permite tales agresiones”.
Por lo anterior, las organizaciones y personas antes señaladas, solicitaron que el saliente gobernador César Duarte y el equipo de transición del gobernador electo Javier Corral colaboren en la realización del plan de contingencia que deberá adoptar la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en colaboración con su Consejo Consultivo y la sociedad civil y que en todo este proceso se garantice la efectiva consulta y participación de activistas y organizaciones, particularmente de quienes solicitaron la alerta.
El pasado jueves 11 de agosto, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas notificó al gobierno de Chihuahua la adopción de una alerta. Esta decisión tiene sustento en una solicitud realizada por 24 organizaciones y redes de derechos humanos de Chihuahua, presentada el 7 de marzo pasado.
La resolución de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección es inédita al ser la primera emitida en México en la que se adopta una alerta preventiva tanto para defensores y defensoras de derechos humanos como para periodistas. Hasta el momento, explican, la Junta de Gobierno sólo ha emitido una alerta preventiva para prevenir mayores agresiones a periodistas en Veracruz.
Finalmente, recuerdan que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala que “La Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención” (art. 41) y “Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.” (art. 43) y que la solicitud presentada en marzo pasado fue basada en lo anterior, al igual que en las obligaciones previstas por el artículo 1º constitucional. Asimismo, la Ley y el reglamento correspondiente prevén que, luego de la adopción de la alerta temprana, se implementará un plan de contingencia que responda a la tipología de ataques, personas beneficiarias y regiones.
