Foto: Frayba
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) en Chiapas es «el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos originarios», pues a través del sistema penal se reprime y castiga a los defensores indígenas.
Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Red TDT, señalaron que en Chiapas las agresiones contra los defensores se traducen en detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos, como el de Simón Pedro Pérez el 5 de julio de 2021, que continúa en la impunidad.
Añadieron que en el estado también hay un impacto negativo de la militarización, pues, por ejemplo, la Guardia Nacional «continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades».
En un pronunciamiento conjunto, manifestaron su preocupación por las agresiones, persecuciones, asesinatos y diferentes tipos de violencia contra defensores y periodistas en Chiapas y el país, el cual suma 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las organizaciones señalaron que los asesinatos son «hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares» que actúan con «la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano», lo que demuestra que durante el gobierno en turno «hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial».
Por otra parte, agregaron que a pesar de las recomendaciones internacionales, México sigue sin detener las situaciones de crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y tortura.
Frente a la crisis de derechos humanos en Chiapas y en el país, urgieron al Estado mexicano que proteja la vida, seguridad e integridad personal de los defensores de derechos humanos, así como resolver los casos de tortura, detención, desaparición y presencia de grupos armados en la entidad.
A continuación el comunicado completo:
En México la defensa de los derechos humanos se enfrenta a una permanente injusticia legalizada
- La investigación de los delitos contra personas defensoras es fundamental para garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
- En Chiapas hay un patrón de criminalización hacia defensores comunitarios de derechos humanos.
- Imparable el aumento de violencia en Chiapas.
Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que América Latina es una de las regiones más peligrosa para el ejercicio de las personas defensoras, apuntando que en México ha registrado el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos [1]. En lo que va del sexenio del actual gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados [2] hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares, estos últimos actúan con la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano, lo que demuestra que durante el gobierno de AMLO hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial.
Señalamos que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente contra las violaciones de los derechos humanos, la cual no debe ser obstaculizada, intimidada y criminalizada. A pesar de las recomendaciones internacionales México sigue sin detener las situaciones de crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura.
De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos originarios. El sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y todos. La Guardia Nacional continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades.
Dentro del historial de injusticias de la Fiscalía Indígena se encuentra la detención el 14 de marzo de 2020 de Cristóbal Sántiz Jiménez del pueblo maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, acusado de homicidio calificado [3]. Las detenciones ilegales y tortura de los indígenas mayas tseltales defensores del territorio Cesar Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández el 15 de octubre de 2020, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación y protesta contra la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio, quienes actualmente se encuentran acusados de motín [4].
La más reciente privación arbitraria de la libertad fue el 29 de mayo de 2022 de Manuel Santiz Cruz indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas más de nombres: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, todas privadas arbitrariamente de la libertad. Actualmente los cinco indígenas tseltales se encuentran detenidos y acusados de homicidio calificado [5] privados de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
A estas injustas detenciones, agregamos el asesinado del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López el 5 de julio de 2021, en Simojovel Chiapas, catequista e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Urgimos al Estado mexicano la protección de la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos garantizando un ambiente propicio y seguro para esta labor.
Exigimos el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa frente a la grave crisis de derechos humanos en México.
Exigimos se adopten las medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas arbitrariamente de la libertad, otorgándola de manera inmediata evitando se siga violentando sus derechos humanos.
Exigimos la inmediata liberación de Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, del Pueblo Creyente del Pueblo Maya Tseltal de San Juan Cancuc, catequistas defensores de la Tierra y del Territorio.
Nos sumamos a la digna lucha de los Pueblos Mayas de Chiapas que defienden su tierra y territorio y que construyen nuevos mecanismos para una vida digna donde se disfrute la paz, libres de las amenazas generadas por la violencia.
Por ultimo queremos señalar nuestra alta preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio de Chiapas, específicamente de las acciones criminales y de impunidad que se vivió el día de ayer en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que exigimos garanticen la seguridad e integridad personal de todas y todos los habitantes de Chiapas.
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional a estar atentos a las acciones políticas y jurídicas a favor de los defensores de derechos humanos en México y en Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc
Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
